Palacio Legislativo, 11-02-2015 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Guillermo Anaya Llamas (PAN), se comprometió a presentar la próxima semana una propuesta para tener policías confiables, profesionales, con mejores sueldos y tratados con dignidad.

Al clausurar el “Foro Internacional de Seguridad Pública, por un modelo policial digno”, el legislador señaló que la comisión que preside hará suyas las propuestas de los panelistas para que los policías tengan un proyecto de vida decoroso.

Precisó que con este foro se mostró que la Cámara de Diputados escucha, discute y difunde las propuestas ciudadanas y trabaja para convertir en ley lo que considera necesario, a fin de dar a las autoridades herramientas para el mejor desempeño de su trabajo.

Asimismo, para dar a los ciudadanos las reformas de leyes que exigen y éstas se transformen en seguridad y tranquilidad tanto en su domicilio, en la vía pública, en sus centros de trabajo, en su persona, sus familias y para su patrimonio.

El legislador enfatizó que este foro resultó todo un éxito y se escucharon diversos puntos de vista de enorme valía por la importancia de quien lo expuso, por la responsabilidad que desempeña o la seriedad de sus investigaciones, así como por quienes siendo líderes de opinión han sugerido, criticado y aportado siempre a favor de un mejor sistema de policía para nuestro país.

Dijo que lo aquí vertido estará a disposición de todo el público y servirá para ilustrar, en el momento correspondiente, la discusión del dictamen.

Durante la última mesa de trabajo, denominada “Seguridad pública y derechos humanos: relación indisoluble”, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) dijo que la propuesta del mando único, contenida en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, “no es la panacea” para solucionar la inseguridad pública.

Además, dijo, se encarga sólo de la prevención, y deja al margen lo relativo a la corrupción, impunidad e infiltraciones del crimen organizado en instituciones de procuración y administración de justicia y de reinserción social.

Manifestó su preocupación sobre las pruebas de control de confianza, pues estos exámenes, particularmente el polígrafo, violenta los derechos fundamentales de los elementos de las corporaciones.

Recordó que en la Cámara de Diputados se ha impulsado una iniciativa para reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual propone que los exámenes de control de confianza sean objetivos.

“La objetividad implica la materialización, es decir, no pasaste la prueba por esto y que te lo comprueben. Es un paso importante”, dijo, y propuso que el Centro Nacional de Certificación sea el encargado de vigilar que los centros estatales cumplan con este lineamiento y con el estricto apego al respeto de los derechos humanos de los policías. “Esperamos pueda salir adelante esta propuesta y reconocer la dignidad de los elementos”, añadió.

El diputado José Alfredo Botello Montes (PAN) recordó que los policías se enfrentan a cinco pruebas de control confianza, entre ellas, la del polígrafo, entorno socioeconómico y estado físico; sin embargo, reconoció que la mayoría de los elementos no ha acreditado esto último, “porque su estado de salud así lo dice”.

“Si aspiramos a que los policías se jubilen en buenas condiciones de salud y que estos aporten sus mejores servicios, se necesitan más apoyos, o bien, ya está rebasado el esquema de evaluación del control del confianza”, afirmó.

El investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, Carlos Brokmann, apuntó que el nuevo modelo integral de seguridad debe vincularse con el respeto de las garantías fundamentales, que incluye una vida libre de violencia y miedo, pues sólo así se establecerán las bases para desarrollar una existencia plena.

Destacó que el reclamo social exige terminar la espiral de violencia de los últimos años, desatada por las diversas delincuencias y que ha derivado en una inseguridad cada vez más crítica y en la pérdida de confianza en las instituciones de seguridad.

Indicó que la violencia ha dejado, en década y media, entre 60 y 120 mil fallecimientos, resultado de la delincuencia y su combate; 23 mil personas desparecidas, reconocidas oficialmente y, posiblemente, entre medio millón y un millón de desplazados.

Enseguida, Anton Camel, asesor jurídico de la Cruz Roja Internacional, expresó que la misión de este organismo es mitigar las consecuencias de la violencia provocadas por un conflicto armado o de otro tipo, ya sea a través de actividades de protección o asistencia, y que un gobierno cumpla con sus compromisos internacionales.

Resaltó que el derecho internacional es limitado y que el uso de la fuerza letal sólo se puede usar para proteger otra vida, pero “es algo donde hay confusión y es difícil de implementar”.

La consultora en temas de seguridad pública y directora del National Strategy Information Center, México, Marcela Hidalgo Jiménez, consideró que un modelo policial digno no es sólo hacer leyes, sino reivindicar a los policías desde su función y respetar sus derechos humanos.

Precisó que no se puede pensar en una corporación eficiente que no denuncia lo que pasa al interior de su institución. “El policía, subrayó, tiene que sentir que lo van a proteger de las injusticias. De ninguna otra manera podríamos abatir la corrupción”. Se trata, agregó, de “hacer policías sanas emocional y mentalmente, así como capacitarlos, pero en un marco de acción donde se reconozcan los derechos humanos, donde haya mecanismos de denuncia y queja de maltrato".

Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla, apuntó que es impostergable consolidar un nuevo modelo policial digno, para construir un México de paz, por lo que solicitó a los diputados reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para eliminar y prohibir las jornadas policiales de 24 horas por 24, o de 24 por 48 horas en todos los cuerpos policiacos del país.

Propuso jornadas policiacas de ocho horas en tres turnos, para optimizar el rendimiento físico e intelectual de los agentes, y que este esquema entre en vigor con el Sistema Penal Acusatorio; además, que en el Presupuesto de Egresos 2016 y los subsecuentes se prevean los recursos necesarios para implementarlo y que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados dé seguimiento a la puesta en práctica de estas medidas.

RED/JGM