Palacio Legislativo, 18-02-2015 (Notilegis).- En la fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se identificaron 13 áreas de riesgo de impacto y representatividad en el sector público y se obtuvieron recuperaciones por cinco mil 804 millones de pesos, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez.

Precisó que la cifra de recuperaciones podría elevarse durante el proceso de solventación de acciones correspondientes al monto denominado “recuperaciones probables”, que asciende a 50 mil 721 millones de pesos.

Durante la entrega-recepción del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013 (IRFSCP), primer año de la presente administración, en San Lázaro, el auditor precisó que incluye un total de mil 413 revisiones individuales.

Estas revisiones están conformadas por 877 auditorías de cumplimiento financiero, 525 auditorías de desempeño, ocho evaluaciones a políticas públicas y tres estudios.

Portal Martínez detalló que las áreas de riesgo se ubicaron en: integridad gubernamental, cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos; rendición de cuentas en entidades federativas; padrón de beneficiarios de programas sociales; revelación de pasivos y gasto; e integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de programas públicos.

También en adquisiciones y contrataciones o inversiones, que cumplen con la norma, pero que no representan las mejores condiciones para el Estado; en proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento; y en la participación de intermediarios en la dispersión del gasto público.

El funcionario expuso que también se detectaron riesgos en subejercicios, incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental, programas públicos duplicados, sin coordinación o injustificados, y servicios suministrados por particulares.

Portal Martínez señaló que en el informe general se incluyeron cifras oficiales de auditorías y estudios relacionados con la problemática específica de cada una de las áreas de riesgo.

Expuso que derivado de la fiscalización también se emitieron 10 mil 861 acciones, deManifestó cuales seis mil 902 son recomendaciones, 783 solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de comprobación fiscal, mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.

“Para nadie es un secreto que uno de los elementos más representativos del sentir general es la crisis de confianza que atraviesan las instituciones de la República. Distintos sectores”, advirtió.

Externó que los órganos del Estado tienen la obligación de sustraerse a la dinámica existente en la confrontación política y proporcionar elementos de certidumbre y objetividad, más allá de cualquier interés de grupo, preferencia personal o apremio de la ciudadanía.

Ante la incertidumbre existente en distintos ámbitos del quehacer nacional, el valor de la fiscalización superior y sus resultados representa una base firme para entender la realidad, más allá del terreno de la opinión o interés particular, consideró el funcionario.

Dijo que el informe señala que no sólo el Ejecutivo federal presenta determinados rasgos y problemas en su actuación, sino que estas situaciones se repiten en los tres poderes de la Unión y en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Añadió que se definieron tres tipos de riesgo, a partir de las auditorías, estratégicos, los vinculados a la rendición de cuentas y transparencia y los de operación.

Una innovación, indicó, fue incluir una sección con propuestas puntuales de 65 reformas a distintos ordenamientos legales, con el fin de coadyuvar a una mejor gestión de los entes auditados y alcanzar un nivel superior de transparencia y rendición de cuentas.

Destacó que el Sistema Nacional de Fiscalización, que se encuentra en construcción y operación parcial desde hace cinco años, debe ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción como un subsistema cuyos insumos resultan de de gran valor para la contención y disuasión de actos irregulares.

“No existe ninguna institución que pueda prescindir de factores como la credibilidad y la confianza; a su vez, ésta no se genera a través de la retórica o de acciones espectaculares, sino por medio de un trabajo sistemáticamente profesional, ordenado y apegado a la normativa”, enfatizó.

Al externar su postura respecto al informe, el diputado Kamel Athie Flores (PRI) consideró que los resultados que presenta la ASF muestran las áreas de riesgo que amenazan al Estado mexicano y determinan las de oportunidad que deben de atenderse.

Adelantó que su trabajo se enfocará en revisar el cumplimiento de metas y el ejercicio oportuno de los programas y proyectos incluidos en el Presupuesto, a fin de mejorar la gestión gubernamental, con una visión de Estado.

El diputado Julio César Lorenzini Rangel (PAN) mencionó que se realizarán mesas de trabajo, a fin de ampliar la información contenida en el Informe y puntualizó que “un elemento recurrente, que demanda la atención de los legisladores, es la persistencia de la corrupción en el sector público”.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) se pronunció porque se investigue y castigue los casos de corrupción, independiente de cualquier extracción partidista, y opinó que en el tema de conflicto de intereses debería tener incidencia la ASF.

El legislador Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) externó que los ciudadanos merecen que se les rindan cuentas claras y que los impuestos que aportan sean aplicados con efectividad y transparencia, hacia los rubros que necesita el país.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (NA) comentó que la desconfianza por parte de la ciudadanía, “debemos de reconocerlo”, deriva de la falta de percepción generalizada de que corrupción y México requiere de un sistema fiscalizador eficiente.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) sostuvo que. a pesar del avance que existe en materia de fiscalización de recursos federales, aún hay mucho por hacer, ya que los ordenamientos jurídicos nacionales se contravienen con normas internacionales.

YRE/JGM