Palacio Legislativo, 25-02-2015 (Notilegis).- A dos años de aprobarse la reforma educativa debe revisarse y, en un contexto de autocrítica, asumir la necesidad, si la hay, de impulsar cambios que alienten mejores condiciones laborales para los docentes, opinó el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputado Jorge de la Vega Membrillo (PRD).

Propuso revisar el impacto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, porque, “es cierto, a algunos protege, pero a muchos no les da alternativas. Esa visión se comparte en la comisión y es una preocupación que se ha puesto sobre la mesa”, destacó.

Durante el foro “Impacto de la Reforma Educativa en Educación Media Superior”, organizado por la instancia legislativa y la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres (UNSCB), De la Vega Membrillo afirmó: “si queremos arribar a una reforma educativa real, verdadera y de fondo en la educación media superior, tiene que descansar en un presupuesto del tamaño del reto planteado”.

Enfatizó que un presupuesto suficiente es un elemento determinante y condicionante para atender la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, sobre todo hoy que es obligatoria la formación media superior y su cobertura requiere espacios que respondan a esa gran necesidad.

También, agregó, para considerar las condiciones laborales y administrativas de las maestras y maestros, ya que a la Comisión de Educación, afirmó, llegan todos los días denuncias y planteamientos desesperados “por las no malas, sino pésimas condiciones laborales de miles de profesores”.

“En ese marco del desorden, muchos maestros no saben siquiera que ley los protege, si la Ley Federal del Trabajo o alguna estatal, por lo que se tienen que enfrentar y construir los caminos para resolver las malas condiciones en que laboran maestras y maestros”, sostuvo.

El foro, explicó, invita a reflexionar y analizar el impacto de la implementación de la reforma educativa aprobada por los diputados hace dos años. Se comprometió a que las conclusiones serán canalizadas a las instancias correspondientes, para encontrar conjuntamente soluciones. Aseguró que los diputados de la Comisión de Educación Pública “son aliados de las maestras y maestros”.

Por su parte, Juan Pablo Arroyo Ortiz, coordinador sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que a partir de este año, los docentes de este nivel educativo serán evaluados y tendrán tres oportunidades para demostrar su preparación.

De no lograrlo, explicó, se les reubicará en otra función pública o se les propondrá el retiro voluntario, pero “no correrlo”; previamente, afirmó, se les capacitará. Indicó que cada año se retiran alrededor de 3 mil profesores y el 33 por ciento tiene más de 55 años de edad.

Aclaró que “no es asunto de boicotear la labor docente”, sino de hacerla más eficiente, ya que el impacto de la reforma educativa se logrará en la medida en que los profesores la lleven a cabo en las aulas, a través de la formación académica de los estudiantes. Aseguró que “no se afecta en absoluto la organización sindical”.

Aseguró que se promoverán procesos efectivos de promoción de directivos en las escuelas estatales de este nivel, en virtud de que la mayoría es designada por los gobernadores, a veces, sin que sean docentes.

Anunció que se establecerá un modelo de supervisión, mediante asesores técnicos pedagógicos. “No será un proceso punitivo, y no se lastimará a los docentes”, para lo cual los supervisores se cambiarán constantemente, para evitar la corrupción. A los profesores de nuevo ingreso, se les designarán tres mil 500 evaluadores que estarán laborando en su totalidad en octubre próximo.

Resaltó que uno de los retos de la reforma educativa es alentar, en el nivel medio superior, la vinculación de los jóvenes a la vida útil, a nivel familiar y social, a fin de que sean productivos, ya que, lamentó, en cada ciclo escolar alrededor de 650 mil estudiantes abandonan su preparación educativa.

A nombre de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres (UNSCB), Leonardo Castrejón Álvarez pidió a la Cámara de Diputados reflexionar y retomar la reforma educativa, a fin de frenar los daños que provoca su aplicación en los derechos laborales de los docentes. Destacó la importancia de que los cambios legales se consensen con los ciudadanos, para garantizar efectos positivos.

Urge que Estado genere oferta educativa para jóvenes, ante incremento de violencia

En la conferencia magistral “El derecho a la Educación Media Superior: Tres desafíos de la política pública”, el especialista del Instituto de Investigaciones “Belisario Domínguez”, del Senado, Rodolfo Ramírez Raymundo, dijo que es urgente que el Estado genere una oferta educativa relevante y significativa para los jóvenes, ante el crecimiento de la violencia y hechos delictivos.

Señaló que uno de los desafíos en la educación media superior es generar una cobertura universal, pues en el 2012, de una población de 7 millones de jóvenes entre 15 y 17 años, un millón y medio estaba fuera de la escuela, porque no concluyeron la educación básica, no lograron ingresar al siguiente nivel o simplemente desertaron.

Otro desafío, precisó, es combatir la “grave desigualdad” que afecta el sistema educativo, ya que el 89 por ciento de los jóvenes que no trabaja o lo hace menos de 20 horas, asiste al nivel medio, pero quienes trabajan fuera de casa, sólo un 30 por ciento acude.

Ramírez Raymundo destacó que en los hogares con menores ingresos, sólo el 54 por ciento de los jóvenes asiste al nivel medio superior; mientras que va el 82 por ciento de quienes pertenecen a hogares con mayores ingresos. Es decir, “se requiere ampliar la cobertura, combatir la desigualdad y no crear opciones educativas precarias”, apuntó.

La demanda, resaltó, no es atendida en zonas rurales donde entre el 80 y 99 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años de edad está fuera de la escuela por falta de oferta educativa; son los casos de Campeche y Quintana Roo.

Otro factor, precisó, es la deserción donde influye la expectativa de los estudiantes acerca de la escuela y las prácticas docentes.

Mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, el 36 por ciento de los jóvenes mencionó que decidió salirse porque: resulta caro asistir a la escuela, no encuentran interés por estudiar, consideran más importante trabajar, presentan problemas para entender a los profesores, por reprobar materias o por embarazos.

¿Qué ocurrió con la Reforma Educativa?, cuestionó. La educación media fue sometida a las mismas reglas generales que la educación obligatoria, sin considerar sus particularidades, como el concurso de ingreso y la evaluación periódica del desempeño, entre otras.

Al aplicar la reforma, continuó, no consideraron al nivel medio superior como un sistema con características estructurales distintas, en donde los profesores ingresan sin formación pedagógica, lo que debe obligar a que su ingreso sea distinto y conforme a su desempeño. “No se puede medir con un examen escrito, se requieren instrumentos variados y que exista un marco que explique qué trabajo docente se requiere”, abundó.

Destacó que uno de los déficits de la reforma es que no considera una política de combate a la precariedad laboral en la que se encuentran muchos profesores, por lo que es indispensable una estrategia laboral que dé sustento a la profesionalización.

Hoy en día, detalló, hay rigidez en la normatividad de las escuelas; escasa introducción de mejoras prácticas y pedagógicas; docentes insuficientemente informados, poco preparados y mal pagados y funcionamiento burocratizado de los planteles, así como poco o nulo conocimiento de las características e interés por los jóvenes.

En la conferencia “Antecedentes y repercusiones de la Reforma Educativa en la educación Media Superior”, el maestro Humberto Luna Marín dijo que la reforma educativa está “íntimamente ligada a la reforma laboral”, pero sobre todo a la reforma de seguridad social, particularmente la del ISSSTE.

Lo anterior, explicó, debido a que la reforma laboral no logra el objetivo propuesto de convencer a los trabajadores de elegir “el bono de pensión”, consistente en contratar su pensión con una aseguradora privada, con lo que se transferiría el pasivo laboral a los mismos trabajadores.

Esto, resaltó, deja sin derechos laborales a los trabajadores de la educación, donde podrán ser despedidos antes de que logren reunir los requisitos para pensionarse.

“La reforma educativa no hace mención a temas pedagógicos, didácticos, es antes que nada un camino de carácter político, administrativo, financiero e ideológico”, acotó.

En su intervención, el presidente municipal de Churintzio, Michoacán, Juan Luis Contreras Calderón, indicó que “la reforma educativa contiene violaciones a los derechos humanos”, de acuerdo a los tratados internacionales firmados por México.

RED/JGM