Palacio Legislativo, 04-06-2015 (Notilegis).- Con la entrada en vigor de las reformas constitucionales que crean el Sistema Anticorrupción, México se ubica a la vanguardia en el combate a este flagelo, aseguró Cecilia Licona Vite, titular de la dirección de Estudios Constitucionales del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

Recordó que estas reformas fueron promulgadas por el Ejecutivo el pasado 27 de mayo, al impartir una conferencia magistral en San Lázaro, sobre el “Análisis de las reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Combate a la Corrupción”.

Aseveró que la corrupción preocupa a ciudadanos y organismos internacionales, regionales y económicos, los cuales se han dado a la tarea de definir los actos y tipos de corrupción y de emprender acciones coordinadas para su erradicación.

Licona Vite destacó que la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en 2003 definió diversas formas de corrupción, entre las que destaca el soborno a funcionarios públicos, peculado o malversación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Consideró que el Sistema Anticorrupción cuenta con una base sustentada en los preceptos de esa convención, ya que México ha signado como país miembro.

“La corrupción es una calamidad con consecuencias varias; entorpece el crecimiento y la estabilidad de los estados, crea descrédito en las instituciones públicas y gobiernos, quebranta la confianza de los mercados y empresas; origina pérdida de competitividad…en los países que la sufren en mayor medida”, indicó.

Dijo que, de igual manera, este problema acomete contra la democracia de los países, trasgrediendo el principio de igualdad de los ciudadanos frente a la ley, aumenta la desigualdad en el ingreso de la población, lesiona al Estado de derecho y obstaculiza las buenas prácticas del gobierno y la rendición de cuentas.

Expuso que de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el año 2000, México era la novena economía más fuerte del mundo, para el 2009 cayó al sitio 14; y según el Índice Global de Competitividad 2010-2011, del Foro Económico Mundial, de 183 países, el país descendió del lugar 42 al 60.

“En esos resultados se concluye que tuvo que ver la percepción de corrupción en nuestro país y a nivel mundial”, resaltó la académica.

Agregó que con acciones coordinadas se evidencia que el combate a la corrupción es factible, ya que “un país no tiene por qué padecer de ese gran flagelo.

Manifestó que las reformas aluden a las responsabilidades administrativa, penal y resarcitoria, de los servidores públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción.

Licona Vite comentó los tópicos que regulan este decreto, como la creación de un Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a la corrupción, el cual agrupará a distintas instancias, como la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia y el Comité de Participación Ciudadana.

Señaló que también se fortalecen y amplían las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

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