Palacio Legislativo, 23-03-2015 (Notilegis).- El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, señaló la posibilidad de que la Cámara de Diputados apruebe la Ley General de Aguas en un periodo extraordinario de sesiones, a fines de junio, si se cumple con la condición de que el proceso legislativo se apegue a la legalidad.

Sería después de las elecciones previstas para el 7 de junio, indicó el líder parlamentario ante dirigentes y representantes de empresas agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), de acuerdo con un comunicado de prensa.

El dictamen sobre esta ley fue aprobado en comisiones, pero ante reiterados señalamientos de diputados de izquierda sobre la presunta privatización del agua, los grupos parlamentarios decidieron suspender por tiempo indefinido su discusión ante Pleno y realizar encuentros con diversos sectores.

Alonso Raya consideró prácticamente imposible que sea aprobada en el periodo ordinario, que concluye el 30 de abril.

Sostuvo que esto se debe a “la indebida intervención” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su dictaminación, la determinación de regresar el tema a comisiones y la necesidad de escuchar nuevamente a todos los sectores, incluido el privado.

Coincidió con los empresarios en la necesidad de que este proceso legislativo ya “no sea desaseado”, pues de lo contrario –dijo- sólo producirá desconfianza y desencanto entre la población.

Señaló que la nueva Ley General de Aguas debe empatarse con un rediseño total del presupuesto, en el que se privilegien las inversiones productivas y en infraestructura.

También debe estar acompañado de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el quehacer gubernamental, “para de esa manera acabar con tanto escándalo que tiene de cabeza a la nación”.

Sostuvo que “la desafortunada redacción de lo que impuso la SHCP en el dictamen parece ir en sentido contrario, pues da lugar a excesivos trámites, burocratismos y ambigüedades, que a su vez provocan discrecionalidad y corrupción de los funcionarios, como los plazos para que éstos decidan las concesiones”.

Aseveró que en dicho documento “se faculta a los empresarios incluso a desalojar comunidades si éstas se interponen en la explotación del agua que les ha sido concesionada, lo que evidentemente es un atentado al Derecho Humano al agua”.

Añadió que “también lo son ciertos trasvases de agua en los que ya se despoja del líquido a comunidades para llevarla a otras cuencas, como sucede con acueductos en Sonora, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato y otras entidades”.

“La propuesta gubernamental enfatiza cuatro rubros: las concesiones al sector privado, los trasvases, la facturación y el tratamiento de aguas, y el uso industrial del líquido”, subrayó.

Alonso Raya coincidió con los industriales de Canacintra en que el principal problema sobre el agua es la carencia de una política pública por parte del gobierno, “a grado tal que sus programas, normas y planes están desfasados respecto a las necesidades del país y ajenos al problema de seguridad y conflictividad nacional que ya representa”.

JGM