Palacio Legislativo, 25-05-2015 (Notilegis).- La secretaria de la Comisión de Seguridad Social, diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA), señaló que la creciente tasa de infertilidad que existe en las parejas mexicanas es sumamente preocupante, pues deriva en el tráfico o venta ilegal de los óvulos.

Reveló que entre el 15 y 17 por ciento de las parejas padecen esterilidad, 53 por ciento de esos pacientes acuden a consulta médica, y 9 por ciento de quienes inician un tratamiento lo abandonan debido a los altos costos.

En promedio, se requiere una inversión de 50 a 80 mil pesos por tratamiento, aunque puede incrementarse hasta en 30 por ciento si se aplica el proceso de biopsia embrionaria, para seleccionar a aquellos óvulos más sanos y con las mejores condiciones para implantarse en la matriz.

Cerda Franco destacó que si bien las clínicas que se dedican a la reproducción asistida operan dentro de la norma, su actividad requiere de una regulación sobre los procedimientos técnicos y los tratamientos a que se someten las mujeres donantes de óvulos.

El procedimiento para la donación de óvulos es un tanto invasivo, debido a un tratamiento hormonal de aproximadamente 12 inyecciones. “Aunque a las pacientes se les indica que el proceso no dañará su peso, su humor ni su fertilidad, éste no se encuentra regulado por la autoridad correspondiente”.

Propuso exhortar a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emita los lineamientos y disposiciones para regular estas actividades e investigue la compra-venta de óvulos en hospitales.

De acuerdo con la Asociación de Medicina Reproductiva de Nueva York, en los 68 centros que existen en México para la reproducción asistida, en su mayoría privados, se alcanzaron 15 mil nacimientos entre 2000 y 2011.

Mencionó que el acceso a la reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos humanos: formar una familia, a la igualdad, no discriminación, autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse del progreso científico, contenidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

La diputada María Sanjuana Cerda expresó que la Ley General de Salud determina dentro de los objetivos de la planificación familiar el apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana y biología de la reproducción; en tanto, la regulación respecto de los procedimientos de fertilización asistida atañe a la normatividad aplicable a la disposición de órganos, tejidos y células.

Puntualizó que la reproducción asistida o fecundación artificial es el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción, y se lleva a cabo empleando diferentes técnicas como coitos programados, inseminación artificial y fecundación in vitro/transferencia de embriones.

Relató que de acuerdo con una investigación periodística, en México se realizan 82 mil procedimientos de reproducción asistida al año, y según la encuesta de una farmacéutica, de ese universo, el 15 por ciento utiliza donación de óvulos, y en el país existe una demanda anual de al menos 16 mil 400 óvulos donados.

Se busca que la Secretaría de Salud a través de la Cofepris emita las disposiciones y lineamientos necesarios para regular la reproducción asistida y así proteger mediante los métodos correctos a los donadores y a los participantes de esa práctica.

“Es un tema que ha quedado en un vacío legislativo y sujeto a normatividades administrativas. Se necesita dar certeza a las parejas y personas que tengan que hacer uso de estas técnicas como última opción para procrear descendientes”, apuntó.

RED/LSN