Palacio Legislativo, 27-05-2015 (Notilegis).- Con la promulgación de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se da el primer paso de una nueva etapa de desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera.

Con esta medida se enfrenta un problema que, según el Banco Mundial, cuesta a los mexicanos 9.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, aproximadamente 1.5 billones de pesos por año, indicó durante el evento que se llevó a cabo en el Palacio Nacional.

“Es nuestro deber que este cáncer no siga debilitando los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad, y los impulsos para fomentar el crecimiento económico de nuestro país”, agregó.

Moreno Rivera aclaró que aún queda un largo camino para concretar esta reforma, la que calificó como una de las más importantes e históricas para encarar este flagelo.

“Se requiere, rigurosamente, un cambio en la forma de pensar y de actuar, no sólo de los servidores públicos, sino también de la ciudadanía y de toda la sociedad”, sostuvo y resaltó que es una tarea de todos.

Recordó el papel que realizaron el Ejecutivo federal y los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, así como la sociedad civil, para concretar esta reforma, que modifica 14 artículos de la Constitución.

“Llegamos a la conclusión de que un sistema en favor de la integridad del servicio público, era necesario sustentarlo con los siguientes ejes relativos a la prevención, detección, sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción y, por último, la fiscalización y el control de los recursos públicos”.

Señaló que el principal objetivo del SNA es la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para lo cual se crea el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, como responsable del diseño y promoción de las políticas públicas en esta materia.

El diputado presidente subrayó el papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Comité de Participación Ciudadana, para estar a la vanguardia y a tono con las buenas prácticas de gobernanza.

“Todos ellos se convierten en los pilares del SNA, que nos permite abonar en la modernización de la administración pública”, comentó.

La ASF estará facultada para fiscalizar en tiempo real el ejercicio del presupuesto nacional, con la finalidad de actuar de manera oportuna y corregir posibles desviaciones, por lo que se elimina el principio de anualidad.

Con la reforma se introduce por primera vez como obligatoria la figura de declaración de intereses, con el fin de evitar que los servidores públicos intervengan en asuntos que contravengan sus funciones con los intereses de la institución, enfatizó.

Se establece que cuando se realicen investigaciones en materia fiscal, de ahorro o de inversión de recursos económicos, ya no se pueda argumentar el principio de secrecía. De esta manera, se elimina la opacidad y se abona a la transparencia.

En materia de sanciones, se fortalece al TFJA, al adicionarle una nueva competencia para sancionar responsabilidades administrativas graves.

Con esta reforma se pueden poner sanciones a los servidores públicos, pero también a los particulares que incurran en faltas administrativas graves.

Estas sanciones podrán consistir en multas económicas y hasta inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios.

En este mismo sentido, para combatir la impunidad, se emplea el plazo de prescripción de sanciones administrativas, pasando de tres a siete años, y se incorpora la figura de extinción de dominio para los casos de enriquecimiento ilícito.

La creación del Comité de Participación Ciudadana permite, a través de cinco destacados ciudadanos, tener la fuerza de la voz y la propuesta de la sociedad para el diseño de las políticas integrales en contra de la corrupción.

Por su parte, el Congreso de la Unión adquiere el compromiso y la responsabilidad ineludible de elaborar y aprobar a la brevedad, las leyes secundarias haciendo eco del espíritu de esta reforma.

“Es decir, hablamos de una reforma innovadora y de gran alcance, lo que representa un significativo avance para nuestro país”, finalizó Julio César Moreno Rivera.

JGM