Palacio Legislativo, 23-11-2015 (Notilegis).- La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) exigió a los directivos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) resultados y compromisos reales a favor de afectados y familiares por el caso de estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero.

El número de víctimas sigue en aumento, dijo la también integrante de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos".

En un comunicado de prensa, indicó que cuestiona “las omisiones, imprecisiones y contradicciones”, contenidas en el informe presentado por el presidente del CEAV, Sergio Jaime Rochín del Rincón, y por el comisionado encargado del caso Ayotzinapa, Julio Hernández Barros.

Ambos funcionarios se reunieron el pasado jueves con los integrantes de la comisión especial para presentar un reporte de sus actividades en el caso de los jóvenes normalistas.

Gaytán Hernández pidió constancia documental del reporte que presentó el CEAV y señaló que se establecieran compromisos por escrito a favor de las víctimas, “pues la buena fe de éstas no garantiza nada”, agregó.

Asimismo, criticó que el documento se haya presentado por escrito a los legisladores al inicio de la comparecencia no con antelación, para realizar un análisis más cuidadoso.

Consideró positivo que la CEAV se rija por el principio de buena fe, para atender tan pronto como es posible las peticiones de quienes han sido agredidos por delincuentes o algún agente del Estado mexicano.

Sin embargo, sostuvo, no basta repararles el daño, por lo que las obligaciones de la autoridad deben plasmarse en convenios.

Señaló que tal es el caso, por ejemplo, de Marisa Mendoza, esposa de Julio César Mondragón, estudiante de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, asesinado y desollado en la agresión del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Por ese caso, agregó la legisladora, se le proporciona una raquítica ayuda para su sostenimiento y el de su hija de un año de edad.

Otro es el caso de los familiares de Aldo Gutiérrez Solano (estudiante de la misma Normal, a quien se le diagnosticó “estado vegetativo” de por vida, al perder la mayor parte de su masa encefálica, a causa de un balazo, quien ha visto trastocada y disminuida su vida en los ámbitos psicológico, social y económico, por la irreversible condición del joven.

También comentó que jugadores, técnicos y asistentes del equipo de fútbol “Los Avispones”, uno de los cuales fue asesinado esa noche de los incidentes con los estudiantes de Ayotzinapa.

Puntualizó que a este joven sólo se ha atendido de “buena fe”, pero sin un compromiso firme y claro de la CEAV a mediano y largo plazo.

Para todos ellos, la legisladora exigió convenios por escrito, aunque se coincida con los directivos de la CEAV en que cualquier reparación, incluso económica, no elimina la obligación del Estado mexicano de actuar a favor de las víctimas que resultan de la agresión de sus propios agentes o de la delincuencia.

Advirtió, sin embargo, que no habrá presupuesto que alcance si el número de víctimas continúa en aumento, particularmente entre quienes protestan por el rezago social y económico, a causa de políticas fallidas del gobierno que, por ello, no ofrecen alternativas a la población, en particular las y los jóvenes.

Lamentó, finalmente, esos magros resultados de las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos aquella noche.

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