Palacio Legislativo, 28- 10- 2015 (Notilegis).- La Comisión de Relaciones Exteriores acordó dar seguimiento a la investigación para esclarecer la muerte del mexicano Miguel Ángel Marín Galeana, quien el pasado 21 de octubre fue baleado por un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos, en la garita internacional Mexicali-Calexico.

La propuesta de la diputada Gina Cruz Blackledge (PAN) fue avalada en reunión ordinaria del órgano colegiado y plantea solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores información puntual sobre el seguimiento del caso que autoridades mexicanas, a través de su representación en Washington, han exhortado a esclarecer.

“No es la primera vez que un mexicano es asesinado en una garita internacional. Debemos, con la responsabilidad que tenemos como comisión, solicitar a la Cancillería que fije un posicionamiento fuerte y se revise la investigación al respecto”, enfatizó la legisladora.

Marín Galeana tenía 35 años y era residente de Mexicali. El agente responsable de su deceso fue separado del cargo “con “licencia administrativa”, mientras se realizan las investigaciones correspondientes, de acuerdo con autoridades de la CBP.

En el mismo encuentro, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores aprobaron el punto de acuerdo por el que se reconoce al gobierno sudamericano y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegar a acuerdos para crear una jurisdicción especial para la paz.

En mayo de 1964, un grupo de 60 hombres, liderados por Pedro Antonio Marín, ‘Tirofijo’, crearon el grupo guerrillero internacionalmente conocido como las FARC.

De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica y Registro Único de Víctimas de Colombia, de 1964 al año 2012, habían muerto 218 mil 94 personas, resultado de enfrentamientos. De los fallecidos, 40 mil 787 eran combatientes y 177 mil 307 civiles.

Además, el número de desapariciones forzadas en ese periodo fue de 25 mil 7 personas; el de víctimas por violencia sexual, dos mil 754, y de quienes fueron presa del reclutamiento ilícito, de 5 mil 159.

El pasado 23 de septiembre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Tomoleón Jiménez, alcanzaron acuerdos para el fin de las hostilidades, en armonía con el derecho internacional humanitario, y para que el Estado colombiano otorgue amnistía por delitos políticos y conexos.

En la jurisdicción especial para la paz se incluyó la construcción de un sistema y una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. También se alcanzó un consenso en materia de reparación de víctimas y para la creación de Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz.

En la discusión correspondiente, la diputada Cecilia Guadalupe Soto González (PRD) calificó la conciliación como un “hecho histórico” que los mexicanos “debemos seguir con cuidado y atención, porque muestra un proceso creativo e imaginativo para encontrar solución al enfrentamiento, que no es muy diferente a lo que ocurre en algunas regiones de nuestro país”.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Corichi García se pronunció por dar seguimiento a la jurisdicción especial, ya que en los últimos años, dijo, se ha puesto a esta nación sudamericana como referencia para México e incluso se suele decir que nuestro país se está “colombianizando”.

“Puede ser un proceso que, de cuajar bien –de no ser boicoteado interna y externamente-, puede suponer un precedente para los procesos de paz de muchas regiones, no solamente de México, sino del mundo”, agregó.

Del Revolucionario Institucional, el diputado Alfredo Anaya Orozco también se congratuló por la firma de estos acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC, pues son “relevantes a nivel mundial”.

RED/DRG