Palacio Legislativo, 24-09-2015 (Notilegis).- El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (NA) presentó una iniciativa que expide la Ley General de Aguas y dijo que es indispensable construir un nuevo marco jurídico, así como una adecuada concientización a la ciudadanía frente a la incorporación de este derecho.

Esta ley es reglamentaria de los artículos 4, párrafo sexto y 27, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento, distribución y control del agua, indicó el legislador al presentar su iniciativa.

También establece la participación de la federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y la ciudadanía, para garantizar el derecho humano al agua, agregó el diputado sobre su iniciativa, que fue turnada a la Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos.

Recordó que, desde febrero de 2012, México elevó a rango constitucional el derecho humano de acceso al agua y con ello se pretende que el abastecimiento sea suficiente, adecuado y de calidad, conforme a las necesidades básicas de cada persona, para consumo humano y de uso personal.

Valles Mendoza sostuvo que el Estado es quien debe garantizar ese derecho y, en consecuencia, es quien debe redefinir las bases, los apoyos y las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.

Por tanto, añadió, se hace indispensable la construcción de un nuevo marco jurídico, así como una adecuada concientización a la ciudadanía frente a la incorporación de este derecho.

“Hablar del agua como un derecho humano es un paso esencial en el camino a una mayor justicia social y ambiental, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia, un elemento esencial del desarrollo sostenible”, subrayó.

Dio que eso significa que todas las personas, sin discriminación ni excepción, tengan acceso a una cantidad de agua potable para uso personal y doméstico a un precio que no ponga en riesgo su economía.

Aseveró que la falta de agua es una de las principales causas de desigualdad en México, y propicia conflictos que ponen en riesgo la estabilidad social, económica y política del país. Se sufre una crisis debida no sólo a su escasez, sino a su mala distribución, administración y uso irracional.

Tras señalar que actualmente el país enfrenta graves problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua, aseveró que el 80 por ciento de los ríos presentan algún síntoma de contaminación y 12 millones de personas aún no tienen acceso al agua potable entubada, especialmente en las zonas rurales y marginales.

La gran mayoría de los organismos operadores del agua no cuentan con una eficiencia financiera que les permita fortalecerse en términos de gestión, rehabilitación, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, comentó.

El legislador de Nueva Alianza aseguró que esta Ley General de Aguas pretende impulsar una gestión eficiente, mediante una estrategia nacional transexenal, derivada del Programa Nacional Hídrico.

“Que brinde la posibilidad de definir acciones de mediano y largo plazo, así como proyectos y obras con beneficios amplios y mínimos costos sociales, ambientales, energéticos y económicos”, externó.

Valles Mendoza precisó que la nueva ley establece la participación de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía, a quien otorga el 50 por ciento de los espacios en los Consejos de Cogestión de Cuencas, e incluye a representantes de pueblos indígenas, reconociendo sus derechos en la gestión de recursos.

Propone, además, una Contraloría Social del Agua, conformada por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil encargada de monitorear el desempeño de los tres órdenes de gobierno, en la gestión de los recursos hídricos del país.

Con el fin de revertir la grave contaminación de los cuerpos de agua, se incorpora la figura del Dictamen de Impacto Hídrico Socio–Ambiental, al cual se sujetará la autorización de obras y actividades que puedan ocasionar desequilibrio en los sistemas de agua: presas, hoteles, unidades habitacionales, minería, entre otros.

La ley propone tarifas escalonadas para el cobro del recurso, hacer cálculos diferenciados por niveles, y aplicar subsidios para las zonas con mayor grado de marginación, con el fin de permitir la equidad en el acceso al líquido.

Los recursos captados por concepto de derechos de agua deben ser aplicados al mantenimiento, rescate y nueva infraestructura, que garantice el pleno ejercicio del derecho humano al agua que tienen todos los ciudadanos.

Como eje fundamental, la ley exige la transparencia y rendición de cuentas de todos los procesos que implica la gestión del agua, como una garantía de que los recursos económicos son aplicados con responsabilidad y que se protege el uso y explotación de los mantos hídricos.

Para esta ley el manejo adecuado del agua es considerado un asunto de seguridad nacional, por lo que otorga las herramientas legales necesarias para alcanzar la soberanía y sustentabilidad de nuestro país.

“El acceso al agua es un bien social relacionado con el derecho a la vida y en Nueva Alianza refrendamos nuestro compromiso por su defensa y conservación”, finalizó.

JGM