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Palacio Legislativo, 22-01-2015 (Notilegis).- La diputada Isaura Ivanova Pool Pech (PRD) pidió que los gobiernos de Quintana Roo y federal entreguen un informe pormenorizado de los permisos y licencias de construcción emitidas por autoridades locales, para los desarrollos inmobiliarios en el malecón Tajamar y en Punta Nizuc, en Cancún. En un comunicado, expresó “su total rechazo al ecocidio del que es objeto el área natural protegida denominada Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, con la devastación de manglares y humedales en Punta Nizuc y del Malecón Tajamar”. Aseguró que presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar los informes a los gobiernos federal y estatal. El pasado fin de semana se llevó a cabo la tala de manglares para el proyecto de desarrollo inmobiliario Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, pero la asociación Salvemos al Manglar Tajamar obtuvo un amparo para la suspensión de toda obra en el manglar, que había sido devastado en un 90 por ciento por maquinaria pesada. Pool Pech explicó que insistirá “para que el juzgado segundo de distrito, con sede en Cancún, otorgue la suspensión definitiva para frenar la tala masiva del manglar y el relleno de humedales, ante la fauna encontrada viva en la zona, como constataron actuarios del mencionado órgano en su reciente inspección”. Consideró que la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en Quintana Roo, Carolina García Cañón, deberá ser sancionada de manera penal y administrativa por las omisiones en las que incurrió al permitir que se violara la suspensión que aplicó para evitar la devastación del manglar. También la acusó de “complicidad al poner en riesgo a varias especies en peligro de extinción”. La diputada perredista planteó dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada al proyecto promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), debido al incumplimiento de las condicionantes impuestas en dicha autorización y frenar el daño ambiental a estos lugares. Recordó que el promotor del proyecto ha incurrido de forma reincidente en violaciones a la normatividad. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está obligada a revocar la autorización en materia de impacto ambiental y garantizar un freno a la política depredadora impuesta por las autoridades de los tres niveles de gobierno, finalizó. DRG/JGM |
