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Palacio Legislativo, 29-02-2016 (Notilegis).- La diputada Maricela Contreras Julian (PRD) afirmó que la Secretaría de Gobernación es la instancia facultada para elaborar un protocolo especializado de atención a mujeres víctimas de violencia en los refugios y los lineamientos de operación que deben observar su funcionamiento. “Con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento en 2015, se establecen las bases mínimas para el funcionamiento de refugios”, indicó en un comunicado. Externó su preocupación por algunas de las normas que impiden a las autoridades locales en los estados tener claridad en cuanto a la operación de los refugios y no cumplir con la función de establecerlo como un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito. Señaló que en esos refugios las mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia, deben recibir servicios especializados y atención integral. “Cabe mencionar que la detección y atención profesional especializada son fundamentales para romper con el círculo de violencia y facilitar la recuperación de la víctima y de las personas que dependen de ella”, puntualiza. Refirió que la violencia hacia la población femenina no es un tema menor y comentó que 11 millones 18 mil 415 mujeres han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal. “Las mujeres que sufrieron violencia física por parte de su pareja a lo largo de su relación, asciende a dos millones 842 mil 309; en el tema de las agresiones sexuales a casadas o unidas que es de un millón 288 mil 793”, precisó. La legisladora perredista indicó que a pesar de que las leyes garantizan la existencia de los refugios, aún quedan brechas e indefiniciones graves en las disposiciones que delinean un marco general respecto a los estándares de la atención, prevención y erradicación de la violencia que se deben brindar en estos espacios. Aseguró que hace falta precisar y garantizar mecanismos de suficiencia y eficacia presupuestal; así como definir líneas de coparticipación de gobierno y la sociedad civil; el seguimiento del caso y la evaluación de los servicios. “Ante ese escenario, es necesario que los refugios para las víctimas de violencia sean adecuados, a fin de que éstas reconozcan qué es la violencia para que se recuperen y empoderen de nueva cuenta, a través de un tratamiento psicológico adecuado”, concluyó EGV/JGM |
