Palacio Legislativo, 02- 03- 2016 (Notilegis).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), César Camacho, afirmó que el reto de esta generación de políticos y abogados es el ejercicio democrático del poder, a través de la eficiencia y eficacia, ya que no basta con expedir planes de desarrollo o aplicar recursos.

“Hoy la calidad de la gestión pública es congénita del constitucionalismo”, aseveró al participar en el foro “Plan de Ayutla. Los principios básicos del Constitucionalismo Mexicano”, organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados.

“Resultados y no pretextos son lo que la gente espera de sus representantes populares, como la rendición de cuentas y la transparencia que imprime calidad al ejercicio de la democracia”, apuntó el también coordinador de los diputados del PRI.

César Camacho sostuvo que “no basta que los derechos humanos estén contemplados en la Constitución, sino que haya mecanismos para hacerlos realidad y no se queden en un catálogo de buenas intenciones”.

Aseguró que el Estado mexicano contemporáneo tiene una actuación deficitaria y está en deuda con la sociedad respecto a garantizar seguridad y justicia.

No es suficiente –enfatizó- que alguien haya ganado una elección y tenga todo el derecho para ejercer el cargo. “Tiene que hacerlo con eficiencia, eficacia, transparencia, rindiendo cuentas y combatiendo eficazmente la corrupción” con medidas de carácter legislativo, y también correctivas y preventivas, señaló.

Por eso los constitucionalistas no pueden dejar de lado esta serie de medidas, incluidas las de seguridad y justicia, porque en el origen del contrato social se encuentran los elementos para mantener el orden. Lograr la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, precisó.

El presidente de la Jucopo refirió que el Plan de Ayutla es fundamento y eslabón de la Constitución de 1917 que apuntala el México contemporáneo, por lo que es una oportunidad que arroja luz al presente para ejercer el poder con democracia.

Resaltó que la Carta Magna consagra lo mejor de la Constitución de 1824, la cual atisba las decisiones políticas fundamentales como la plataforma de Estado y de gobierno, y la división de poderes.

Asimismo, las garantías individuales con carácter social y los derechos de las personas se reconocen en la Constitución de 1857, marco jurídico integral que conduce a atender los pendientes actuales bajo la inspiración de Ayutla y de esos ordenamientos del Siglo XIX.

Indicó que en la víspera de la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917, expresión jurídica del poder democrático reivindicador y ciudadano, el Plan de Ayutla enarbola el interés de las personas en ejercer a plenitud sus derechos, por lo que el Estado debe ser un agente activo para lograrlo y generar condiciones que permitan a los habitantes alcanzar la felicidad, como cada quien la conciba.

Hizo votos para que la celebración de los cien años de la Carta Magna de 1917 aliente la reflexión sólo como preludio de la acción, para no quedarnos en un cenáculo de diletantes en que puede convertirse la Cámara de Diputados, porque si hay un sitio para pensar y repensar, y evitar que sea el empirismo y la irreflexión las que signen las decisiones, es aquí.

Llamó a reflexionar en pluralidad, lo cual es mucho mejor para que al final impere un espacio de neutralidad partidaria donde todos se sientan cómodos. El reto no es arriar banderas partidarias, sino saber cuándo dejarlas de lado porque lo que está de por medio es infinitamente superior, sencillamente la patria, es decir, la tierra de nuestros padres para dejarla a nuestros hijos.

Estuvieron en el foro los expertos Rafael Estrada Michel, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la UNAM, y David Cienfuegos Salgado, asesor parlamentario, quienes reseñaron los hechos históricos previos a la firma del Plan de Ayutla, inspiración de la Constitución de 1857, la cual estableció los pilares para reconocer los derechos del hombre, replanteó la forma de gobierno basado en el modelo republicano, planteó la separación del Estado-Iglesia e incluyó el concepto clave de la soberanía.

RED/JGM