Palacio Legislativo, 09-03-2016 (Notilegis).- La coordinadora de Morena, Rocío Nahle García, consideró que con la reforma al artículo 93 de la Constitución Política, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria se integrarían al debate sobre Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, y daría al Congreso mayores controles para supervisar el gasto público.

Durante el Foro “Construyendo contrapesos. La necesidad de ampliar facultades del Poder Legislativo para investigar el actuar del Poder Ejecutivo. Reformas al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la legisladora subrayó que esta modificación no sólo dignificará el trabajo político, el cual está desprestigiado, sino fomentará la transparencia de todos los organismos involucrados en el gasto de recursos públicos.

Subrayó que los legisladores de su bancada realizan de la mano de expertos, ciudadanos y estudiantes el análisis de la iniciativa para que llegue a buen término y no quede en una más, que no beneficie a los ciudadanos.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza, vicecoordinador de la misma bancada, sostuvo que para alcanzar un equilibrio entre los tres Poderes de la Unión, no sólo los gobernantes deben estar obligados a rendir cuentas, también los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria respecto a los recursos públicos.

La reforma que propone la diputada Araceli Damián contribuirá a generar un proceso de transformación de empresas privadas que realizan servicio público, los abusos de poder y la corrupción, las cuales han frenado el desarrollo y el funcionamiento de las instituciones, lo que deriva en la desconfianza de la ciudadanía.

Ampliar las facultades de la Cámara de Diputados para investigar el funcionamiento de la administración pública federal centralizada y paraestatal, así como del Poder Judicial y de los organismos autónomos es indispensable, la sociedad civil demanda honestidad y transparencia de sus gobernantes.

La diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, organizadora del foro, manifestó que el propósito es construir una iniciativa amplia, que integre a otros partidos y con ello, garantizar su aprobación respecto a recuperar la labor que tiene el Legislativo.

Durante su conferencia magistral, Diego Valadés Ríos, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) mencionó que las reformas al artículo 93 constitucional, permitirán una reducción progresiva del Estado respecto a los servicios públicos que han sido concesionados a los particulares.

Modificar la Carta Magna permitirá a la Cámara de Diputados la facultad de integrar las comisiones de investigación, a fin de que se respete el debido proceso del manejo de los recursos públicos.

Con esta facultad se ampliará la capacidad de investigación a todo lo que corresponde al interés público, es decir, no solamente los funcionarios podrán ser convocados, sino también particulares que prestan servicios públicos.

En su intervención, Bernardo Bátiz Vázquez ex procurador de Justicia del Distrito Federal, indicó que mediante la reforma al artículo 93 Constitucional se alcanzará un equilibrio entre los poderes y se evitará que algún lado se exceda, existan atropellos y autoritarismo que afecten a los ciudadanos.

La propuesta no podía ser más oportuna, no es una lucha entre Poderes, sino una coordinación para que la representación popular se ejerza con equilibrio de fuerzas.

Actualmente el Ejecutivo federal posee un poder excesivo en el mando de las fuerzas públicas, en el manejo del dinero a discreción y en la toma de decisiones sobre el gasto público prácticamente sin límites.

Bátiz Vázquez propuso incluir dentro de la reforma constitucional que la Corte también explique no sólo las cuestiones financieras, sino las decisiones políticas que toma, toda vez que es un poder soberano.

Francisco José Paoli Bolio, investigador del IIJ-UNAM, consideró que no sólo debe reformarse al artículo 93, sino también el 108 de la Constitución, pues esto permitirá que en caso de que la comisión de investigación encuentre responsabilidades del Ejecutivo, éste pueda ser juzgado.

La reforma permitiría tener al titular del Estado controlado. Sugirió que se acorten los tiempos y se dé agilidad a las preguntas de los legisladores con el propósito de un tener marco de acción más eficiente.

Coincidió en que la Corte debe rendir informes, ya que cualquier decisión que tome puede afectar a la sociedad de manera indebida.

Daniel Barceló Rojas, investigador de la IIJ-UNAM, dijo que todos los gobernantes están obligados a rendir cuentas; sin embargo, cada poder público y órgano constitucional autónomo rinde cuenta y asume responsabilidades de forma diferente. En el caso del Ejecutivo debe hacerse ante los ciudadanos y los representantes de los ciudadanos en el Congreso.

La Cámara de Diputados no solo debe vigilar y pedir que el Ejecutivo rinda cuentas cada año, sino que lo realice como un trabajo cotidiano en aquellas comisiones donde se le solicite un informe y se realice una evaluación global de los resultados que éste ha generado sobre los diferentes programas. Ello contribuirá a que existan contrapesos entre los dos Poderes.

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