Palacio Legislativo, 12-04-2016 (Notilegis).- El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, resaltó la importancia de que, a 100 años de la Ley Agraria, se fortalezca la Procuraduría Agraria ante el nuevo escenario que plantea la reforma energética de 2013 y sus leyes secundarias.

“En lugar de fortalecer la propiedad social y la de los pequeños propietarios, ahora, en aras de un interés superior, podrán ser despojados por un decreto que obedece no al interés nacional, sino para que compañías privadas se hagan cargo de la explotación de yacimientos energéticos”, agregó.

Al participar en el foro “La procuración e impartición de justicia agraria: a más de un siglo de la Ley Agraria”, dijo que en esta LXIII Legislatura se han presentado 16 iniciativas, junto con minutas recibidas, para modificar la Ley Agraria, por parte de siete de los ocho grupos parlamentarios: PRI, PRD, PVEM, MC, Morena, NA y PES.

A 100 años de la Ley Agraria es preciso responder la pregunta de “hasta cuánto hemos avanzado y qué tanto nos hace falta”, apuntó el diputado presidente.

Aseguró que la Constitución del 1917, que en unos meses cumple su primer centenario, marcó el arranque verdadero de la justicia agraria en México para los auténticos campesinos y la seguridad jurídica en el mundo del trabajo.

En esta Constitución se establecieron los derechos de los pequeños propietarios agrícolas para obtener seguridad sobre sus propiedades, “mediante la obtención de certificados de inafectabilidad”.

Sin embargo, agregó, con la reforma energética publicada el pasado 20 de diciembre de 2013 y las leyes secundarias que de ésta se derivaron, “se vulneró una parte importante de esa justicia agraria”.

Sostuvo que el artículo 100 de la Ley de Hidrocarburos estableció la figura de ocupación temporal a través de una contraprestación para el uso, goce o afectación de los terrenos ejidales y comunales, entre otros, “cuando se tratare de la extracción y explotación de petróleo o de gas, que se pudiera identificar existente en esas propiedades”.

Zambrano Grijalva comentó que con esta figura los productores y campesinos tendrían que ceder voluntariamente sus tierras bajo un contrato y un pago por la ocupación de las mismas.

En el caso de que en un plazo de 180 días no hubiera arreglo entre el campesino y el contratista, sea cual fuere éste, el contratista podrá acudir al Tribunal Agrario o a un juzgado de distrito, en materia civil, para iniciar un proceso de servidumbre voluntaria, en la que el órgano jurisdiccional fijará al contratista una renta fija en favor del propietario, sostuvo.

Indicó que “los productores y campesinos perderían sus tierras en mano de la inversión privada extranjera, que es la que principalmente está viniendo a hacer este tipo de trabajos”.

El presidente de la Cámara de Diputados también dijo que las tierras después quedarán inservibles, tras haber hecho las extracciones correspondientes.

Aseveró que sigue pendiente de resolución el conjunto de juicios en distintas partes del país en favor de reclamar tierras ejidales y comunales, “que pareciera no van a alcanzar una resolución visible para la propia gente que reclama”.

En ese contexto, resaltó la importancia del “fortalecimiento de la Procuraduría Agraria, ante el nuevo escenario que plantea la reforma energética”.

Dijo estar convencido de que los aspectos relacionados con la propiedad de tierra requieren el trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, “para que la justicia social sea más expedita en la obligación de incorporar a los sujetos agrarios al desarrollo nacional, que hoy lo requiere todavía más nuestro país”.

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