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Palacio Legislativo, 13-04-2016 (Notilegis).- La diputada Araceli Damián González (Morena) pidió que el gobierno federal amplíe la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en 2014. “Invito al Ejecutivo federal para que acuerde con los padres de los desaparecidos un nuevo periodo de investigaciones”, indicó en un comunicado la legisladora, integrante de la comisión especial de la Cámara de Diputados para darle seguimiento a ese caso. El GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluye el próximo 30 de abril su segundo periodo de seis meses y de acuerdo con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no se ampliará su participación en las investigaciones. La diputada de Morena aseguró que presentó un punto de acuerdo en el que figura su solicitud de ampliar la permanencia del GIEI. Señaló que “en los recientes resultados sobre la posible identificación de cuerpos de los jóvenes de Ayotzinapa, que acaba de anunciar la PGR, en realidad no hubo ninguna evidencia de que los restos humanos, que se encontraron en el basurero de Cocula (Guerrero), hayan sido de alguno de los estudiantes”. También comentó que “es aventurado definir un plazo de permanencia del GIEI en nuestro país, ya que depende del nuevo reporte que los expertos entreguen el 30 de abril”. Damián González precisó que en su punto de acuerdo también pide “poner fin al hostigamiento contra el titular de la CIDH”, Emilio Álvarez Icasa. Aseveró que “la Unidad Especializada en Investigación y Delitos Fiscales y Financieros, de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió una averiguación previa, a partir de acusaciones mediáticas”, en contra del secretario ejecutivo del organismo regional. “Se ha montado toda una campaña de desprestigio” contra Álvarez Icaza, “quien ha sido de los defensores de derechos humanos aquí en México que mejor trabajo han realizado”, agregó. Asimismo, en su documento planteó que el gobierno federal debe recibir al Relator Especial sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “antes de que concluya este año”. “La negativa del gobierno federal a la petición del Relator Especial, de regresar al país durante este año, sienta un precedente negativo para el Estado mexicano”, sostuvo. Aseguró que esta decisión “afecta a los defensores y organismos internacionales de derechos humanos y, particularmente, (va) en contra del derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad”. JGM |
