Palacio Legislativo, 20-04-2016 (Notilegis).- Legisladoras, funcionarios de gobierno y académicos urgieron a reformar la Ley Federal del Trabajo con perspectiva de género, para disminuir la brecha laboral entre hombres y mujeres, ya que en México sólo 38 por ciento de ellas realiza una actividad remunerada, cifra muy por debajo de la de los varones, que es de 68 por ciento.

Ofrecieron otros datos: de los 35.2 millones de personas que participan en actividades productivas no remuneradas, 9.2 millones son hombres y 26 millones mujeres, y de estas últimas, 20 millones se dedican a labores en el hogar, lo cual, coincidieron, constituye una injusticia y un acto de discriminación.

En el foro “La Situación de las Mujeres en el Trabajo Remunerado y No Remunerado”, organizado por las comisiones de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en el Museo Rufino Tamayo, las diputadas Carolina Monroy del Mazo y Laura Nereida Plascencia Pacheco, ambas del PRI, condenaron esas cifras e insistieron en modificar las leyes para mejorar las condiciones de las mexicanas.

Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, lamentó que en nuestro país persista el criterio del sexo al momento de asignar los trabajos y responsabilidades, motivo por el cual, dijo, urge una reforma laboral en pro de muchas mujeres que siguen enfrentado distintos panoramas y obstáculos.

Instó a apresurarla para cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual específica, en una de sus metas, que en el desarrollo de la economía los países debe hacer partícipes a hombres y mujeres en un porcentaje similar, esto es, 50-50.

Monroy Del Mazo, secretaria del mismo órgano colegiado, enfatizó que es necesario “remontar el pasado” con leyes claras y contundentes que permitan a la mujer consolidar sus derechos. Además, se precisa de un cambio en la forma de pensar de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, ya que son agentes importantes de transformación.

En otras palabras, se requiere “desmantelar todo el andamiaje que nos ha sometido, a lo largo de décadas, a una circunstancia de agotamiento de nuestros derechos, y a un proceso de discriminación y exclusión social”, expresó a los asistentes al foro.

En su participación, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, consideró que de todos los rostros de la población en México, el de las mujeres representa mejor a la desigualdad.

Refirió que mientras el 70 por ciento de los hombres concentra el ingreso laboral de los hogares, ellas sólo conservan el 30 por ciento restante. Además, la diferencia de pago en los trabajos también es alarmante: en nuestro país, el hombre gana 22 por ciento más en comparación a la mujer.

Según el Foro Económico Mundial, comentó, la brecha de género global en materia de igualdad laboral y salarial, se cerró apenas 3 por ciento en 10 años, lo que sugiere que serían necesarios 118 años para desaparecer esta brecha por completo. Ante ello, Navarrete Prida urgió a cambiar las reglas, implementar políticas afirmativas y redoblar esfuerzos en pro de la mujer.

Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, instancia que también organizó el evento, dio a conocer otro dato relevante: el aporte económico del trabajo no remunerado de mujeres y hombres representa una cantidad similar al 24.2 por ciento del PIB, del cual entre el 18 y el 19 por ciento lo aportan las mujeres.

Sin embargo, la mujer trabaja en promedio 68.5 horas a la semana (contando empleo y quehaceres domésticos), 12.9 horas más que los varones.

La funcionaria también instó a cambiar la situación de las mujeres en el ámbito remunerado y no remunerado, a identificar inconsistencias en la legislación vigente y armonizar la Ley Federal del Trabajo con la General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, ya que los huecos legales no permiten superar la desigualdad de género y la condición de desventaja en la que viven las mexicanas.

La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas Paciuc, informó que entre 2011 y 2016, la dependencia a su cargo recibió mil 726 quejas de mujeres, 76 por ciento de los cuales por actos de discriminación laboral; la mayoría se debió a que los patrones les exigían pruebas de embarazo.

A este tipo de inconvenientes se suma el hecho de que “las políticas laborales y de seguridad social, asumen que, además del trabajo que desempeñe, la mujer debe cubrir las necesidades familiares de forma gratuita”, como el cuidado de los hijos, de algún enfermo o adulto mayor, y el aseo de la casa.

Señaló que la contribución de los hombres en el hogar, todavía es escasa: sólo el 9.1 por ciento de ellos la limpia y lava su ropa y la de su familia, y únicamente el 26.1 por ciento prepara alimentos.

Silvia Elena Giorguli Saucedo, directora de El Colegio de México, advirtió que si no se da el lugar que corresponde a la creatividad y capacidad de las mexicanas, se corre el riesgo de desaprovechar el “bono de género”, pues en la actualidad México cuenta con 42 millones de mujeres en edad activa (entre 15 y 64 años), cifra que subirá a 48 millones dentro de 15 años.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo recordó que para respaldar una eventual reforma a la Ley Federal de Trabajo con perspectiva de género, se deben ratificar los Convenios 158 (igualdad de oportunidades), 185 (licencia por lactancia) y el 189 (trabajo digno) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), algo que no ha hecho México y, por lo cual, “estamos en falta”.

Ignacio Rubí Salazar, subsecretario del Inclusión Laboral de la STPS, sostuvo que la Ley Federal del Trabajo “especifica una cosa, pero en la práctica se hace otra”, como las licencias de maternidad, ya que no está armonizada con leyes como la del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El director de la Oficina de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing Pfeiffer, advirtió que, de acuerdo con cifras oficiales, el 30 por ciento de las mujeres ha sufrido acoso laboral. Propuso incluir no sólo a los poderes Ejecutivo y Legislativo para revertir esta situación, sino también a los empresarios y a los sindicatos para ampliar el diálogo y encontrar mejores soluciones.

Eugenia Gómez Luna, directora adjunta de asistencia técnica del Subsistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), instó a incluir en el marco jurídico el trabajo no remunerado, pues “debemos entender que todos los trabajadores tienen los mismos derechos y, si reconocemos que esto (la labor de la mujer en el hogar) es una trabajo, hay que dar una respuesta adecuada a ello”.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, propuso reconocer jurídicamente al “cuidado” de otros como un derecho. Esto implicaría cambiar el paradigma de responsabilidad social para que no sólo la mujer se haga cargo de velar por algún enfermo o adulto mayor, sino para que participen más las instituciones y los hombres.

Ximena Andión Ibáñez, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvier, destacó que no existe evidencia científica de que las mujeres sean más aptas para el cuidado de una persona, esa idea que debe desarraigarse para que también participen los varones.

RED/JGM