Palacio Legislativo, 28-04-2016 (Notilegis).- La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), aprobó por unanimidad reformas y adiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que los registros de llamadas a servicios de emergencia se incluyan en las “bases de datos” criminalísticas y de personal, a fin de combatir solicitudes falsas.

La propuesta del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz (PRI), para reformar el artículo 5 de esta ley, precisa que así las autoridades contarán con más elementos e información detallada para cumplir con los propósitos de seguridad pública.

El dictamen avalado establece que recibir una respuesta adecuada y pronta a un llamado de emergencia debe considerarse una oportunidad para salvar la vida, garantizar la paz y el bienestar de la población; en este contexto, informó que el año pasado se captaron 90 millones de solicitudes de este tipo, de las cuales 75 por ciento eran falsas.

Lo más grave es que propician dejar de atender verdaderas urgencias poniendo en peligro a la comunidad y mermando la confianza en las instituciones públicas, además de representar un grave problema para los organismos de seguridad pública, protección civil y emergencia, por los costos que generan.

Las llamadas de emergencia no verídicas provocan movilización de instituciones del Estado de manera inútil, repercuten en tiempos de espera y eficacia para atender verdaderas solicitudes de auxilio, que exigen la actuación inmediata para salvar la vida de personas.

La instancia legislativa también aprobó reformas al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer mecanismos que implementen “el respeto a los derechos humanos, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios de reinserción social”.

La propuesta de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral (Nueva Alianza), destaca la importancia de impulsar un enfoque de seguridad pública basado en la cohesión comunitaria, ya que el restablecimiento de la confianza entre gobierno y ciudadanos, es factor básico de desarrollo para asegurar y preservar el orden y la paz pública.

A la luz de la reforma constitucional de 2008 y 2011 en materia de derechos humanos, el dictamen resalta las facultades de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para erigirse como órgano de análisis, difusión e instrumentación de la política pública en el esquema de reinserción social, con estricto apego a la legislación y con absoluto respeto a la soberanía de las entidades federativas, adecuando sus atribuciones a lo previsto en la Carta Magna.

Reforzar vigilancia en caminos rurales

Asimismo, la Comisión de Seguridad Pública avaló una propuesta con punto de acuerdo, para que la Comisión Nacional de Seguridad en coordinación con el gobierno estatal y municipales de Tamaulipas, y con las entidades que presenten la misma problemática de inseguridad, “refuercen las acciones de vigilancia en todos los caminos”.

Los que comunican zonas rurales son los que requieren mayor vigilancia para evitar que continúen siendo puntos de influencia de organizaciones criminales.

El dictamen destaca que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2007 al 2016, Tamaulipas es la entidad con mayor número de personas no localizadas, con un total de 5 mil 622 casos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), señala que en ese estado norteño se denunciaron 11.3 por ciento de los delitos, de los cuales sólo al 8.1 por ciento se les inició una averiguación previa, y el resto (91.9 por ciento) no fueron denunciados.

Las desapariciones son un mal que afecta no sólo la integridad física y mental de la persona ausente, sino las de sus familias que sufren un impacto negativo en su tranquilidad y su derecho de libre tránsito, ya que “no tienen certeza de vivir de manera tranquila en sus lugares de residencia, por lo que se le considera un delito continuado, ya que hasta que no se alcanza la verdad puede empezar a hablarse de reparación del daño”, subraya.

Precisa que la mayoría de las desapariciones se han registrado en estados donde existen altos índices de violencia, entre los que destacan Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero.

RED/DRG