Palacio Legislativo 30-06-2016 (Notilegis).- El diputado Jorge Triana Tena (PAN) pidió a los presidentes de la Subcomisión de Examen Previo, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI) y Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), que convoquen a sesionar, para abrir los expedientes de solicitud de juicio político.

“Tenemos acceso a cuáles son, pero no podemos ver los contenidos, tenemos expedientes atorados de juicios políticos desde el año 2003, son 355 y con éste que se acaba de presentar ya son 356 juicios políticos atorados”, dijo en declaraciones a la prensa, luego de que un ex funcionario de la delegación Miguel Hidalgo ingresara una solicitud de juicio político.

Este jueves, el ex director general de administración delegacional en la Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen –conocido como “city manager”– presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), Meyer Klip Gervitz.

El legislador Triana Tena anunció que presentará una solicitud de excusa a la Subcomisión de Examen Previo para no intervenir durante la deliberación del juicio político presentado por Arne aus den Ruthen, toda vez que hay un conflicto de interés.

“Yo no voy a participar en la votación y en el análisis de este expediente porque tengo un conflicto de interés en dos vertientes, primero se trata de un caso que se lleva a cabo en el Distrito que yo represento, y segundo, tengo una amistad personal con el ingeniero Aus Den Ruthen de por lo menos 16 o 17 años”, explicó.

Arne aus den Ruthen indicó en declaraciones a la prensa que la solicitud de juicio político se debe a que Klip Gervitz aplicó retroactivamente una ley de desarrollo urbano de la Ciudad de México para clausurar un edificio de una empresa de su familia que fue construido en 1970.

Refirió que él presenció cómo Klip Gervitz, usando sus influencias, ayudó a uno de sus amigos para evitar que fuera remitido a un juez cívico, lo cual quedó documentado en la red social Periscope, y posteriormente “decidió vengarse de que lo balconeara en público y lo denunciara penalmente por tráfico de influencias”.

Por otra parte, el diputado panista indicó que su grupo parlamentario buscará que en la discusión y análisis de las observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), no se excluya la obligación de los particulares que reciben recursos públicos de hacer su declaración patrimonial y de conflicto de interés.

El Ejecutivo federal observó una serie de preceptos de dicha legislación, entre los que destaca el artículo 32, que es relativo a dicha obligación.

“El Ejecutivo pretende eliminarla de plano, nosotros creemos que hay empresas que sí han estado coaligadas con funcionarios públicos corruptos, doy algunos ejemplos OHL, Grupo Higa, Construcciones Prácticas, Oceanografía”, comentó

Manifestó que si en el próximo periodo extraordinario de sesiones, que se celebrará el 6 de junio en San Lázaro, su bancada no logra que se construya una narrativa del artículo 32 que ayude a la transparencia, posteriormente presentará las iniciativas correspondientes.

HSF