Palacio Legislativo, 06-09-2016 (Notilegis).-

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside el diputado Gustavo Madero Muñoz (PAN), aprobó por unanimidad diversos dictámenes que garantizan, amplían y fortalecen los derechos políticos, educativos y en materia de salud para personas con discapacidad.

El primero de ellos, establece que el Instituto Nacional Electoral estará encargado de asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer plena y efectivamente sus derechos políticos, sin discriminación, garantizando la accesibilidad e implementando ayudas técnicas y acciones afirmativas necesarias para este fin.

La propuesta, que adiciona los artículos 32 Bis y 32 Ter a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, menciona que los partidos políticos deberán impulsar la inclusión de las personas con discapacidad, promoviendo su participación y afiliación a sus institutos políticos, así como para contender por cargos de elección popular.

La diputada Edith Anabel Álvaro Varela (PRI), una de las proponentes del dictamen, indicó que con este cambio se cumple con el principio de convencionalidad y refuerza los derechos políticos de “quienes representan un importante número de personas que participan de manera activa, a pesar de contar con una discapacidad”.

De igual forma, los integrantes de la comisión avalaron un dictamen que adiciona una fracción 12 al artículo 7º de dicha ley, para que la Secretaría de Salud desarrolle programas enfocados a niños, niñas y adolescentes con discapacidad que garanticen su derecho a vivir en familia, orientando y apoyando a sus padres para su adecuado cuidado y desarrollo.

Agrega que aquellos menores de edad que no cuenten con cuidados parentales y se encuentren acogidos en alguna institución de asistencia social, deberán ser sujetos de acciones que promuevan su adopción.

En este sentido, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) expresó que esta reforma es fundamental para que niños y adolescentes con discapacidad tengan un cuidado digno y adecuado, ya que “muchos padres de familia no saben cómo atender una de las muchas discapacidades existentes, no sólo físicas sino también del orden mental”.

Del PRI, Laura Valeria Guzmán Vázquez, destacó que entre los beneficios de esta modificación a la ley está la inclusión de los servicios de rehabilitación física, terapias psicológicas, educación especial y asesoría jurídica para tales efectos.

Otro más aprobado por unanimidad, modifica los artículos 12 y 26 del mismo marco jurídico, para decretar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) promoverá el derecho a la educación de personas con discapacidad en condiciones de igualdad sustantiva, prohibiendo cualquier discriminación o segregación en planteles, centros educativos, guarderías o por parte del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional.

Impulsará la inclusión de personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, con el desarrollo y la aplicación de normas y reglamentos que lo aseguren, proporcionen los apoyos didácticos - materiales técnicos- y cuenten con personal docente capacitado.

Añade que la Secretaría de Cultura diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad en la promoción, disfrute y producción de servicios artísticos y culturales, así como acciones para prevenir cualquier tipo de discriminación.

La propuesta destaca la necesidad de perfeccionar la legislación vigente, para garantizar el derecho de acceso a la educación, atendiendo las necesidades especiales de una minoría que se encuentra en rezago educativo, por la carencia de accesibilidad al derecho de educación y la falta de infraestructura necesaria para tal fin.

Por último, avalaron un dictamen que reforma el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para instituir que corresponderá al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) coadyuvar con la Procuraduría General de la República y con las entidades federativas, a través de convenios, en la atención y protección jurídica y psicológica gratuita de las personas adultas mayores, víctimas de cualquier delito.

Esto, con el propósito de generar las condiciones idóneas para que los adultos mayores, víctimas de violencia, obtengan no sólo el apoyo, sino también la terapia psicológica necesaria, para salir delante de estas “dolorosas situaciones”.

Para ello, subraya, las víctimas deben ser tratadas con humildad y respeto en su dignidad y derechos humanos en los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacerles justicia y concederles la reparación del daño, que no den lugar a un nuevo trauma.

RED/RZJ