Palacio Legislativo, 14-10-2016 (Notilegis).- Diputados de los grupos parlamentarios cuestionaron al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio Chong, sobre derechos humanos, inseguridad y violencia, al analizar el IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

El funcionario federal compareció ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública.

La diputada Martha Hilda González Calderón (PRI) aseguró que la inseguridad no es un tema de intereses políticos, ni de partido sino de todos, por lo que se le debe combatir de manera conjunta.

“Esto no es un asunto donde deban importar intereses o filiaciones partidistas, es hora que asumamos que la inseguridad es un problema que nos afecta a todos y debemos actuar desde el ámbito de nuestra competencia para devolver a los mexicanos la tranquilidad y que estamos dispuestos a afrontarla en conjunto”, señaló.

También, planteó la necesidad de apoyar a los empresarios y a todas aquellas personas afectadas por las manifestaciones y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en rechazo a la reforma educativa, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México.

La diputada Angélica Moya Marín (PAN), afirmó que la principal razón de ser del Estado es asegurar la protección de los ciudadanos y la paz social, “cosa que no pasa en México por el monopolio legal de la fuerza y por la falta de márgenes adecuados de actuación”.

“En materia de seguridad, no se está aprovechando el potencial investigador de la Policía Federal. Esta policía, que nació para trabajar en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, debe reivindicar su posición como operador fundamental en aspectos como la prevención del delito y las tareas de inteligencia”, indicó

Externó que los hechos en Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Culiacán y el de Coahuila “exigen investigaciones que esclarezcan tanto lo ocurrido como sus razones y las consecuencias”. Consideró que la presente administración está dejando “dudas históricas, que son llenadas con suspicacias y medias verdades”.

Hortensia Aragón Castillo (PRD) señaló que “desde el inicio de este sexenio, en 2012, lo auguramos: las labores que tiene asignada la dependencia a su cargo son excesivas y desgraciadamente para el país tal parece que los problemas lo han rebasado”.

Opinó que en política interior “no es de extrañar que resulte difícil mantener la estabilidad en el territorio, cuando ni siquiera pueden controlar la violencia en el Estado de México”, que ha sido “favorecido y ahora cuenta con la presencia de tres mil 500 elementos federales para controlar el desastre de las políticas implementadas en materia de seguridad pública”.

Sobre el tema, preguntó: “cuáles serán las acciones que se implementarán para que la violencia de género disminuya su incidencia y cómo se solventaran las carencias presupuestales?”.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PVEM) consideró que la educación pública estuvo por muchos años secuestrada por intereses de grupos, políticos, económicos y sindicales; ante esto, el gobierno federal tuvo la determinación de poner punto final e impulsó una ambiciosa reforma para mejorar el sistema educativo y elevar la calidad de la educación.

Sin embargo, expuso, estas reformas impulsadas desde el Ejecutivo federal y aprobadas por el Congreso, han generado resistencia en una parte de los maestros; por ello, reconoció la labor de la Secretaria de Gobernación que tuvo la prudencia de atender este conflicto por la vía del diálogo, por la vía pacífica, con total disposición para conocer sus inconformidades.

Sostuvo que se debe seguir informando del estado actual en que se encuentra la comunicación y la interacción con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y cuál seguirá siendo el papel de la Secretaría de Gobernación en este conflicto educativo.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (Morena) afirmó que el descredito de la administración del Ejecutivo federal “es fruto de la corrupción imperante, de la violencia incontenible, de la inseguridad amenazante y de la incapacidad para combatir la delincuencia organizada”.

Dijo que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 60 por ciento de los ciudadanos desconfía de instituciones como las policías, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y la Presidencia de la República, a causa de la corrupción, la impunidad, la falta de acceso a la justicia, la desigualdad y la pobreza, entre otros.

Cuestionó que, por ejemplo, en Veracruz impacten delitos como extorsión, secuestro y desaparición forzada, aun cuando “se ha implantado el Mando Único Policial, con resultados absolutamente insatisfactorios”.

El coordinador de MC, José Clemente Castañeda Hoeflich, estimó que para afrontar la crisis de derechos humanos que vive el país, se requiere, en principio, reconocer el problema y “recuperar la relación de diálogo y cooperación con los organismos de derechos humanos, que parece que en algunos casos se ha perdido”.

Indicó que el problema de las desapariciones forzadas debe ser atendido de manera urgente, y en ese sentido, hizo un llamado al Senado de la República para avanzar en la reforma que expide la ley en la materia.

Cuestionó las presuntas aspiraciones electorales para 2018 del secretario de Gobernación, ya que, afirmó, “lo que está en juego el la legalidad y la gobernabilidad del país”.

“La apresurada contienda (electoral) que se sostiene desde los gobiernos y en diversas instituciones partidistas, levanta duda sobre los límites y las fronteras entre las aspiraciones a una candidatura y la responsabilidad de las instituciones políticas”, apuntó.

El coordinador de NA, Alfredo Valles Mendoza, señaló que las condiciones de inseguridad en el país impactan a los centros educativos, por lo que resulta indispensable establecer planes contra la delincuencia y otros riesgos como el narcomenudeo, dentro y en los alrededores de los planteles educativos.

Señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela que el 40 por ciento de los alumnos han sufrido alguna clase de violencia escolar, por lo que es necesario que se reconozca que la inseguridad también afecta el aprovechamiento de los alumnos y menoscaba la tranquilidad de toda la comunidad escolar.

Expuso que a NA le interesa conocer las medidas que está tomando Gobernación para mejorar el entorno escolar, y si se tiene previsto alguna acción vinculatoria con las asociaciones de padres de familia en cuanto a la detección, prevención y mejora de este ambiente, ya que la niñez de México merece contar con escuelas seguras.

El diputado Hugo Erick Flores Cervantes (PES) reconoció el compromiso del gobierno federal con la entrada en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial y Oral en el país, ya que privilegia el respeto a los derechos humanos y “permitirá combatir los principales flagelos que aquejan a la sociedad, en particular, el de la impunidad”.

“Uno de los flagelos que, sin duda, más lastiman a los mexicanos es la impunidad que se manifiesta de manera reiterada cuando delincuentes, sabiendo que no hay sistema que los lleve a la justicia, les da el valor para seguir delinquiendo”, indicó.

Consideró que a pesar de los logros en los últimos años, es necesario continuar con los esfuerzos de consolidación y fortalecimiento del sistema, y las problemáticas que enfrenta para su operación efectiva.

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