Palacio Legislativo, 23-11-2016 (Notilegis).- Familiares de los 43 estudiantes de Ayotiznapan desaparecidos en Iguala, Guerrero, pidieron a diputados que exijan a la Procuraduría General de la República (PGR) que siga todas las líneas de investigación del caso y atienda las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Rechazaron la llamada “verdad histórica” que dio el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula, después de su desaparición, el 26 de septiembre de 2014, y pidieron que se cambie esa narrativa.

Dijeron saber que en el ataque a los normalistas no participaron integrantes del crimen organizado, como sostienen las autoridades.

“(El ataque) no fue por la delincuencia organizada, fueron los policías municipales de Iguala, de Cocula, de Huitzuco, los de la ministerial, el Ejército, la Marina y la policía estatal”, aseguró Melitón Ortega Carlos, representante de los padres de familia.

“Son ellos quienes agredieron, persiguieron, atacaron y asesinaron a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre (de 2014)”, agregó.

El estudiante normalista Ernesto Guerrero Cano relató que estuvo presente el día de la agresión y dijo recordar el sonido de las balas y las placas de las patrullas municipales que se llevaron a sus compañeros: “la 302 de Cocula y las 026, 027, 029 y 032 de Iguala”.

“Nosotros no creemos que la Policía Federal no sabía nada, puesto que nosotros vimos un aproximado de ocho a 10 patrullas de la Policía Federal en esa caseta, y que no nos digan que no saben, que no nos digan que el Ejército mexicano no tuvo participación”, subrayó.

Este miércoles, decenas de familiares de los estudiantes desaparecidos, su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, e invitados, participaron en una reunión con integrantes de las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas.

Asimismo, con los que integran la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designados por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

En el encuentro estuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri (PRD).

Los deudos de los normalistas desaparecidos plantearon a los legisladores que expresen públicamente su respaldo a su lucha y reconozcan su legitimidad, para que no se continúe con el desprestigio hacia su movimiento, “como lo hicieron” con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designados por la CIDH para este asunto.

La señora Cristina Bautista Salvador dijo que jamás han recibido una palabra de apoyo de los diputados, “no han movido ni un dedo para ayudarnos a exigir justicia, mientras que nosotros hemos marchado por todo el país para denunciar la desaparición de miles (de personas) que están desaparecidos”.

Emilio Navarrete Victoriano aseveró que los jóvenes “fueron privados de su libertad por el gobierno mexicano” y pidió a los diputados que exhorten a la PGR a considerar las líneas de investigación que involucran al Ejército y a las policías Federal, estatal y municipal de Huitzuco.

“(Quienes conducen la investigación en la PGR) tienen toda la verdad en sus manos, pero definitivamente no quieren ayudar, entonces, señores, necesitamos de ustedes para presionar a estas personas, porque tenemos el derecho de saber qué pasó con nuestros jóvenes. Lo que dijo Murillo Karam fue una vil mentira, hay personas en la PGR que no quieren que se sepa la verdad”, apuntó.

Felipe de la Cruz rechazó la llamada verdad histórica de la PGR y dijo que, a más de dos años del caso, ninguno de los más de 100 detenidos ha sido consignado por la desaparición forzada de los estudiantes.

“El gobierno de México oculta la verdad, posiblemente porque haya un alto funcionario metido hasta el fondo en este crimen cometido en iguala”, añadió.

Bernabé Abraham Gaspar expresó que no acepta la “verdad histórica” de la PGR, porque él sabe que para incinerar 43 cuerpos se necesita mucha leña, por lo cual afirmó que seguirá en la lucha hasta encontrar a los jóvenes y se castigue a los responsables.

Mario César González Contreras solicitó a los diputados su “respaldo total” al Mecanismo de Seguimiento Especial para continuar con las labores de investigación que aprobó la CIDH en julio pasado, con la finalidad de conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

Previamente reclamó que algunos diputados no estuvieran prestando atención a los padres de familia y lamentó la ausencia de los legisladores que –dijo– los han atacado.

La señora María de Jesús Tlaltempa Bello pidió a los diputados que, como seres humanos y padres de familia, los ayuden a encontrar a sus hijos, porque ya tuvieron que dejar sus trabajos y cada día que pasa la angustia “está matándonos”.

Ulises Solano Gutiérrez comentó que a su hermano Aldo lo hirieron policías municipales en el primer ataque contra los estudiantes y dijo que a dos años permanece en cama en un hospital, en estado vegetativo, y que su lucha es porque se haga justicia.

Pidió que las instituciones encargadas de darle atención médica se hagan responsables de su caso en particular, porque requiere mucha atención.

El abogado Rosales Sierra comentó que la hipótesis y línea de investigación de la PGR, que indica que los normalistas fueron incinerados en Cocula, sólo ha “arrojado más dolor” para los padres de familia, y no ha dado indicios sobre su paradero, por lo cual, para ellos, eso está rebasado.

“La investigación que hizo la PGR, en un primer momento, fue caótica, y quienes vinieron a componer y darle más coherencia y objetividad a la investigación fue el GIEI. Nos informó que hay distintos escenarios de agresión en Iguala, también dejó asentado que existen distintas rutas de desaparición, como Huitzuco, el ejido de Tijeritas y un lugar llamado la casa blanca, en Iguala”, refirió.

Tras concluir la reunión con los legisladores, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa ofrecieron una rueda de prensa, en la que pidieron castigo a los autores materiales e intelectuales del ataque y desaparición de los jóvenes, además de que las autoridades abran otras líneas de investigación.

Consideraron este encuentro como un paso importante, pero aclararon que no estarán satisfechos hasta que sepan del paradero de sus hijos, y dijeron que insistirán en que les permitan asistir a un encuentro en el salón del Pleno de la Cámara de Diputados.

También dijeron que el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, ha hablado con representantes legales de los familiares y se está valorando una posible reunión, pero aclararon que no les han dado respuesta a las tres condiciones que pidieron para regresar a la mesa de diálogo.

Consultados sobre la decisión del Senado de la República de otorgar la Medalla Belisario Domínguez, en grado post mortem, a Gonzalo Miguel Rivas Cámara, muerto tras un incendio en una gasolinera en el marco de un enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapan y policías, dijeron que nada tienen que ver ambos casos.

HSF/JGM