Palacio Legislativo 23-11-2016 (Notilegis).- Diputados de todas las bancadas, que recibieron a familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, coincidieron en que la Procuraduría General de la República (PGR) debe agotar todas las líneas de investigación para esclarecer el caso.

Los legisladores pidieron esclarecer el caso registrado en Iguala, Guerrero, y castigar a los responsables, tal como lo exigieron los deudos de los jóvenes.

Los integrantes de las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas se reunieron con los padres de los 43 normalistas, con su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, e invitados.

También estuvieron los diputados de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

En el encuentro, donde los diputados hicieron llamados de exigencia a la PGR para que amplíe sus líneas de investigación, estuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri (PRD).

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) señaló que el caso Iguala representa la investigación más exhaustiva en la historia de procuración de justicia del país, pues ha sido la más observada por organismos nacionales e internacionales, y es una de las mayores prioridades del Estado mexicano.

Aseguró que la PGR ha cumplido el 93 por ciento de las casi mil propuestas que hizo el GIEI, se ha dado cumplimiento a 13 de sus 26 peticiones y se han detenido 128 personas por su presunta responsabilidad en ese caso, 55 pertenecientes al grupo organizado de Guerreros Unidos.

Afirmó que “es un compromiso” de su bancada que se cumplan a cabalidad las observaciones que ha presentado ese grupo interdisciplinario y planteó que no hay que “aprovecharse del dolor de las víctimas para capitalizarlo con una intención política”.

El diputado Karina Padilla Ávila (PAN) exigió que se agoten de forma exhaustiva todas las líneas de investigación para esclarecer este caso y que la búsqueda de la verdad sea una condición necesaria para que no termine en los “archivos más oscuros de la historia nacional”.

Sostuvo que el Estado mexicano no ha dado ninguna certeza sobre el paradero de 41 de los 43 estudiantes, ya que los restos de dos de ellos han sido identificados por la Universidad de Innsbruck, Austria.

Indicó que este caso despertó el descontento, la tristeza y el luto de todo un país, por lo que no debe ser politizado y, por el contrario, debe aplicarse la justicia de manera expedita, objetiva e imparcial, para que se castigue a los autores materiales e intelectuales.

La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) acusó que las instituciones se hayan vuelto cómplices al defender verdades históricas insostenibles, en referencia a la posición de la PGR.

Señaló que este caso “es un botón de muestra de cómo, representantes de diversas instituciones, en vez de hacer su trabajo, se han vuelto cómplices con su omisión de que esta verdad y justicia no llegue”.

Expresó que los padres de los 43 desaparecidos no quieren seguir escuchando “discursos huecos preconstruidos”, como lo han hecho a lo largo de estos 26 meses; y dijo que ellos acuden al Congreso a buscar la verdad y justicia.

La diputada Claudia Sofía González Torres (PVEM) comentó que se debe evitar caer en la salida fácil de culpar al Estado en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ya que “las pruebas y declaraciones apuntan a que el crimen fue cometido por un grupo de personas dedicadas al tráfico de enervantes”.

Apuntó que agotar todas las posibilidades en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos debe seguir siendo una prioridad para el Estado y llamó a conformar un frente común para blindar a las instituciones, particularmente a las municipales, a fin de impedir su infiltración y corrupción.

La diputada Araceli Damián González (Morena) calificó como “deplorable” la actuación del Estado mexicano, ya que la respuesta del gobierno federal fue “tardía y torpe”, además de reflejar que actuaron de manera coordinada con el crimen organizado.

Invitó a los legisladores a firmar un punto de acuerdo para exhortar a la PGR a que deje de señalar al basurero del municipio de Cocula como el principal lugar de desaparición de los jóvenes y amplíe las investigaciones.

Recordó que la Cámara de Diputados negó, en primera instancia, abrir las puertas a los padres de familia, y aceptó recibirlos hasta que colocaron un plantón afuera del recinto, sin embargo, se les negó el acceso al Pleno.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) aseveró que mientras no se les pueda abrir la máxima tribuna de la Cámara de Diputados a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, “lo que debiéramos hacer es escuchar, no nada más el pueblo de México, sino el gobierno”.

El legislador cedió su espacio a la señora Nicanora García González, madre del estudiante Saúl Bruno García, quien abordó el tema.

La señora Nicanora García González solicitó que se apoye al Mecanismo de Seguimiento Especial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “para que den con la verdad (de los normalistas), porque los expertos estaban haciendo algo por nosotros, pero el gobierno de México no quiere dejarles libertad para que ellos sigan”.

La diputada María Eugenia Campo Bedolla (NA) sostuvo que la Comisión Especial que da seguimiento al caso Ayotzinapa, refrenda su labor para avanzar en las investigaciones de este tema y refirió que han acudido a las instancias necesarias y escuchado con atención las recomendaciones del GIEI.

Aseveró “que este es un reclamo justo de los padres de familia y de toda la sociedad de México, que necesita con urgencia certeza en las instituciones públicas”, y por ello este día es significativo e histórico para la Cámara baja.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) sostuvo que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos es indignante porque participaron autoridades de los diferentes niveles de gobierno y, pese a los esfuerzos que se han hecho para esclarecer el caso, los datos y las circunstancias, no han sido suficientes para acallar lo que pasó.

Indicó que en México se requiere que haya respeto a los derechos humanos y se “implemente un sistema de justicia que traiga verdaderamente justicia a todos los mexicanos” y, en ese sentido, pidió justicia y castigo para los responsables de la desaparición de los normalistas.

El diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, expuso que estos sucesos dan cuenta que en el país la verdad oficial no coincide con la realidad y es porque “se está queriendo ocultar algo”, asimismo da muestra de la violación sistemática a los derechos humanos que se vive en México.

Puntualizó que los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 exhiben las violaciones de fuerzas municipales, estatales, federales y armadas, ya que todos los testimonios coinciden en que todas están involucradas y pone en evidencia que no existe institución en México que no viole los derechos humanos.

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