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Palacio Legislativo, 28-11-2016 (Notilegis).- La diputada Arlette Muñoz Cervantes (PAN) informó que promueve una iniciativa para que la Cámara de Diputados, el Senado de la República y congresos locales tengan la facultad de presentar solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres, ante la autoridad federal. En un comunicado, la legisladora indicó que, para crear dicha facultad, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se inscribe en el marco de los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para erradicar la violencia contra la mujer. “Con ello, los integrantes de los congresos locales, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República podrían participar en el diagnóstico de la problemática en las diferentes entidades del país y robustecer un mecanismo que, cuando es aplicado de forma correcta por las autoridades de los tres niveles de gobierno, permite la reducción de distintos delitos relacionados con la violencia de género”, comentó. Destacó que la posibilidad de que la alerta de violencia de género provenga desde el Poder Legislativo ejercería mayor presión sobre el gobierno federal y los Ejecutivos estatales, “para reconocer una problemática que en los últimos 10 años ha crecido de manera exponencial y que hoy cobra la vida de más de dos mil 500 mujeres al año en todo el país, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)”. Muñoz Cervantes refirió que los altos índices de violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional requieren aumentar la coordinación institucional y aumentar los mecanismos con los que el Estado puede hacer frente a esta problemática Precisó que dicha alerta ha sido aplicada en 41 municipios de cuatro estados de la República: Estado de México, Morelos, Jalisco y Michoacán, cuando entidades como Nuevo León, Chihuahua, Chiapas y Ciudad de México, lideran la media nacional de feminicidios, agresiones sexuales y casos de violencia doméstica. “A pesar de los registros de patrones generalizados de ataques y discriminación en perjuicio de las mujeres en dichos territorios, las solicitudes de alerta de género que han presentado organizaciones de la sociedad civil en estas entidades, se han visto obstaculizadas por la negativa de las autoridades para reconocer una situación de crisis”, apuntó. Aseguró que una situación de violencia contra las mujeres que se ha extendido a casi todo el territorio nacional, requiere de una coordinación institucional que permita reconocer claramente los escenarios en los que deben aplicarse protocolos específicos de seguridad para salvaguardar su integridad. HSF/JGM |
