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Palacio Legislativo, 10-01-2017 (Notilegis).- Debido a la delgada línea que divide a la seguridad interior y la seguridad pública, el PAN plantea que, a través de una declaratoria de seguridad nacional, se racionalice la facultad exclusiva del Ejecutivo federal para el uso de las Fuerzas Armadas, afirmó el diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública. “La manera en que se debería formalizar esto es mediante un procedimiento expedito, en el que se funde y motive la causa fehaciente por la cual se requiere el uso de las Fuerzas Armadas para intervenir en un municipio o en un estado del país”, indicó en un comunicado. El legislador panista participó en la Mesa de Trabajo en Materia de Seguridad Interior (Fuerzas Armadas), convocada por el Senado de la República. Recordó que el 11 de noviembre de 2015 presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y abrir un capítulo de Seguridad Interior, para poder reflejar, en un marco normativo, las necesidades de la realidad local en el país. Aseguró que su iniciativa más que militarizar viene a plantear un esquema para que progresivamente se vayan retirando los militares y marinos de los municipios y de los estados del país. “Tiene como fuente un caso de éxito aplicado en Baja California, replicado en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, y también en Monterrey, Nuevo León”, apuntó. Comentó que se aplicó en un esquema de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, asumiendo cada una la responsabilidad en el ámbito de su competencia, con lo que se logó sacar a la ciudad de Tijuana, en el periodo 2007-2010, del primer lugar en incidencia delictiva en América Latina. El legislador panista expuso que se está planteando hacer una distinción en lo que es seguridad nacional y la seguridad interior. “Es importante comentar que esta iniciativa presentada hace 14 meses no viene planteada aisladamente. Ya que entendemos perfectamente que la Ley de Seguridad Interior es complementaria de la reforma al Sistema de Seguridad Pública Nacional en nuestro país” destacó. También señaló que su propuesta no se distrae en los pleitos de competencia en los órdenes de gobierno. Urgió que esta ley prevea sanciones para quienes no han podido con el cargo o han estado en complicidad por corrupción o franca colaboración con el crimen organizado, “como ocurre en muchos municipios y en muchos estados del país”. “Se pretende llegar a la raíz del problema y la raíz del problema es que no contamos con una visión federalista en donde sepamos que la verdadera seguridad se va a brindar en los municipios del país y en los estados de la República”, finalizó. JGM |
