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Palacio Legislativo, 18-01-2017 (Notilegis).- La coordinadora de Morena, Rocío Nahle García, urgió a los grupos parlamentarios a reformar los artículos 25, 26, 27, 28 y 74 de la Constitución Política, para eliminar las alianzas estratégicas entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y consorcios privados. En un comunicado, señaló que la problemática generada por el aumento a los precios de las gasolinas inició con la aprobación de la reforma energética de 2013-2014, y que para dar marcha atrás es imprescindible eliminar esas alianzas estratégicas. Refirió que el pasado 5 de enero presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional para eliminar tales alianzas y garantizar que las empresas productivas del Estado tengan por objeto la rentabilidad, generación y maximización del valor económico. La diputada comentó que hoy México importa 800 mil millones de combustibles a consecuencia de que las refinerías están subutilizadas. “Nos dicen que no se tienen 10 mil millones de dólares para invertir en refinerías, pero que sí se cuenta con 30 mil o 40 mil millones de dólares para comprar gasolinas del exterior, lo que es una contradicción”, enfatizó. “Ése es el fondo del asunto. El gasolinazo, la crisis, es porque tenemos las refinerías subutilizadas, ya que están trabajando al 40 por ciento de su capacidad. En ningún país del mundo tienen sus refinerías paradas. Además, nos han dicho mentiras de que el petróleo no sirve, porque es pesado. Pero si es así, ¿cómo es que lo compran los extranjeros?”, externó. Nahle García afirmó que el Ejecutivo federal insiste en promover proyectos energéticos a través de asociaciones con grandes corporaciones internacionales, a pesar de que imperan la opacidad, discrecionalidad y corrupción. “La verdadera intención del Gobierno federal es abrir la puerta a los empresarios para que se apropien del sistema nacional de refinación”, aseveró. “Es urgente que la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, apruebe o no las alianzas, para salvaguardar el patrimonio nacional y generar una escrupulosa vigilancia de los socios de las empresas productivas del Estado, así como conocer otros aspectos sobre la selección de la empresa privada, incluido su historial sobre posibles sobornos o pagos fraudulentos”, concluyó. HSF/JGM |
