Palacio Legislativo 25-01-2017 (Notilegis).- El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Javier Bolaños Aguilar, sostuvo que la situación que enfrenta México en materia de derechos fundamentales demanda y exige el mayor compromiso institucional, el cual “inicia por apoyar la tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de su ombudsman y del cuerpo general de visitadores que apoya ese organismo”.

Durante la presentación del Informe de Actividades de la CNDH, correspondiente al 2016, a cargo de su titular, Luis Raúl González Pérez, el también presidente de la Cámara de Diputados afirmó que esa institución es fundamental para el Estado mexicano. “Es un pilar en las tareas que debemos desarrollar para que la impunidad en la violación de los derechos humanos se erradique”.

Por ello, expresó, la revisión que haga el Congreso de la Unión al informe no sólo debe versar sobre las labores realizadas por la comisión, sino en la respuesta que generó en las instituciones que recibieron recomendaciones y observaciones. “La vigilancia del Congreso es fundamental para avanzar en la materia”, reiteró.

Ante el ombudsman, expresó que el informe manifiesta diversas situaciones a las que “nos debemos comprometer, revisar y corregir”.

“Tenga la seguridad de que haremos una revisión puntual del mismo, analizaremos los casos planteados, valoraremos las labores realizadas por usted y su equipo, pero, sobre todo, estudiaremos las respuestas institucionales que la CNDH haya recibido”, subrayó el legislador.

Con ello, continuó, “hago patente el compromiso de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la promoción y defensa de los derechos humanos y del decidido apoyo a las labores que desarrolla”.

Reconoció, asimismo, la disposición del titular de la CNDH para lograr un intercambio y permitir el ejercicio de diálogo entre uno de los Poderes de la Unión y un organismo institucional autónomo, a fin de generar más información a las y los legisladores, así como a los ciudadanos en general.

El objetivo, continuó, es adquirir conciencia plena sobre los retos que enfrentan las instituciones nacionales, para impulsar el respeto pleno a los derechos humanos.

En tanto, el ombudsman Luis Raúl González Pérez exhortó a fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, un entendimiento que se puede construir con las autoridades de los gobiernos federal y locales.

Indicó que ante la crítica coyuntura que enfrenta México, en torno a los derechos humanos, un factor fundamental para la defensa de quienes velan por la protección de las garantías individuales y de los periodistas es la participación de las distintas entidades federativas, así como construir unidades y mecanismos que los protejan.

Reconoció que los defensores de derechos humanos están enfrentando situaciones lamentables que van desde la amenaza, la intimidación y afectación a su patrimonio hasta la afectación de su vida, integridad física y desapariciones.

En el primer bloque de preguntas, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, de Encuentro Social, mencionó que, entre enero y agosto de 2016, diversas organizaciones y centros de derechos humanos documentaron el asesinato de 47 defensores.

Ante este panorama, cuestionó: ¿Qué ha hecho la Comisión Nacional en favor de los defensores de los derechos humanos?

En su oportunidad, Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, puntualizó que su partido político es enfático en defender los derechos humanos de todos los ciudadanos, principalmente de los que se encuentran en vulnerabilidad. Consideró que los constantes pronunciamientos del presidente de Estados Unidos de que su política migratoria consistirá en reforzar la seguridad fronteriza para controlar a los migrantes mediante leyes punitivas, son alarmantes.

Quiso saber cuál sería el plan de acción a adoptar en aras de defender los derechos de los migrantes y sus familias, y cómo será la estrategia que implementará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para defender a los connacionales que radican en Estados Unidos ante posibles deportaciones masivas.

En el segundo bloque, la diputada Candelaria Ochoa Avalos (MC) preguntó de qué manera considera la CNDH que se puede hacer una legislación que otorgue tareas de prevención e investigación a las Fuerzas Armadas, en relación con lo establecido en el artículo 129 constitucional, y cuál sería su opinión respecto a los señalamientos de organismos internacionales sobre retirar al Ejército de las calles.

Mencionó que ante la situación que enfrenta nuestro país en torno al gasto de funcionarios, “una manera de mostrar voluntad política es renunciar a un bono que obtuvo el año pasado por 500 mil pesos”, cuando la comisión a su cargo anunció un ahorro por 50 millones de pesos este año.

Por Morena, la legisladora Rocío Nahle García resaltó que la inseguridad que vive México es un problema que rebasa a las autoridades, donde delitos como el homicidio doloso, la extorsión, el secuestro y la desaparición forzada van a la alza, en tanto la respuesta gubernamental basada en una estrategia fallida como la utilización de militares en tareas de seguridad pública, ha dado lugar a graves violaciones a los derechos humanos.

Cuestionó por qué la CNDH no emitió ningún pronunciamiento sobre las iniciativas en materia de seguridad interior y sobre el proyecto de la Ley Reglamentaria al artículo 29 constitucional. Asimismo, por qué no presentó ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y a la de Puertos, las cuales, “implican la militarización de puertos”.

El diputado Javier Herrera Borunda, del PVEM, preguntó qué acciones implementa la CNDH para atender a miles de migrantes extranjeros que han quedado varados en territorio nacional, sobre todo, ante la política de Estados Unidos de cerrar sus fronteras, donde muchos haitianos, centroamericanos y cubanos se han quedado del lado mexicano.

En caso de que –como se anuncia– se dé una deportación masiva de parte de Estados Unidos, inquirió si se tienen los recursos logísticos y humanos necesarios para atender y dar la bienvenida a nuestros connacionales.

Durante el tercer bloque de preguntas, Cristina Gaytán Hernández (PRD) cuestionó sobre las medidas que ha tomado este organismo para el resguardo y protección de los derechos de las víctimas en el caso Iguala; el estatus que guardan las recomendaciones de la comisión y cuál es la expectativa de productividad de trabajo de ese organismo, dado que “su presupuesto tuvo un incremento desde 2010 del 62 por ciento”.

Destacó que la CNDH emitió únicamente 72 recomendaciones en el 2016, lo que significa que el costo a los mexicanos por cada una de estas es de 24 millones de pesos. Ante ello, habría que hacer una comparación del gasto, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un presupuesto anual inferior a 100 millones de pesos y la Comisión Interamericana, 200 mdp, es decir, la quinta parte de lo que recibe la CNDH.

La diputada del PAN, Lorena del Carmen Alfaro García, preguntó cómo ha contribuido la implementación del sistema penal acusatorio en el fortalecimiento del Estado de derecho y el apego a los derechos humanos y su debido proceso.

Pidió la opinión del funcionario respecto a la regulación de la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior; cómo se prepara la CNDH y cómo debiera reaccionar el Estado mexicano ante los impactos migratorios, derivados de la política de Donald Trump.

La senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum Bajo, solicitó una precisión respecto a declaraciones del ombudsman en torno a que el Estado mexicano, las instituciones y el gobierno de la República eran dignas del reconocimiento al respeto y compromiso a esas garantías, así como a la disculpa pública que ofrecieron el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, sobre los hechos ocurridos en Ajuchitlán, Guerrero.

Al dar respuesta sobre el tema migratorio, Luis Raúl González Pérez dijo que es una preocupación permanente, por lo que existe un programa específico que se implementa en dos frentes; uno en el norte para los connacionales que cruzan la frontera, y el otro en el sur, que es la política que seguimos en función de los centroamericanos que entran al país.

Respecto a la política del presidente estadounidense, informó que la Comisión Nacional visitó, en diciembre y enero, varias ciudades de los Estados Unidos y se reunió con autoridades de los consulados, sobre todo con los de protección. “Estamos estableciendo una estrategia conjunta para la defensa y orientación a nuestros connacionales”.

Mencionó que también tuvieron reuniones con autoridades de EU, clubes de connacionales en ese país y, próximamente, se realizarán actividades de asesoría a los connacionales.

Comentó que en Nueva York se instrumentó la figura de defensor del migrante. “Esto lo vamos a intentar desde la vía diplomática y a través de los consulados, para que se potencie y se extienda más en los Estados Unidos”.

“Hemos previsto tener un sitio donde se puedan hacer llamadas directamente a través de un teléfono 1800 para brindar asesoría de la CNDH y enlazarnos inmediatamente con los consulados de protección en los Estados Unidos, y desde luego a través de la Universidad Nacional y de la Fundación Slim –con los que estamos platicando– firmamos un convenio al respecto”, agregó.

Añadió que se reunirán con universidades y académicos de Estados Unidos; incluso, en la ciudad de Seattle intercambiarán con académicos de ambos países estrategias en defensa de connacionales.

En torno a la utilización de militares en tareas de seguridad pública, reiteró que debe ser transitoria y generarse un programa gradual verificable de retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Al mismo tiempo, se tienen que fortalecer las capacidades de los policías, a fin de contender con otro derecho humano que es la seguridad de las personas.

Las Fuerzas Armadas no están por su propia voluntad, sino debido a que las corporaciones policiales de las distintas entidades federativas se vieron rebasadas, ya sea en sus capacidades o porque fueron contaminadas con el crimen organizado.

Respecto al “bono” que habría recibido, precisó que dicha cantidad la constituyen varios conceptos, entre ellos, la prima de antigüedad, un estímulo mensual que reciben mandos superiores de la CNDH, pero no su titular; la prima vacacional, y un pago de riesgo. Añadió que solicitará al Consejo Consultivo anuncie una reducción de poco más de 50 millones de pesos, de acuerdo a la proporcionalidad del presupuesto, sin afectar ninguna de las tareas sustantivas de la Comisión Nacional que encabeza.

Del presupuesto a la CNDH, González Pérez destacó que se debe hacer una evaluación integral del ejercicio del gasto en función no sólo de las recomendaciones. Aclaró que éstas son sólo un indicador y último recurso que tiene ese organismo para pronunciarse. Al respecto, indicó que creció la conciliación y los asuntos resueltos durante el proceso de resolución de asuntos en un 47 por ciento.

La CNDH tiene la convicción de responder ante la coyuntura y la agenda que presenta México en torno a los derechos humanos, por lo que ese organismo interpuso 30 acciones de inconstitucionalidad durante los dos años de su administración y se tiene el 70 por ciento de todas las acciones que desde el 2007 se habían interpuesto.

RED/NGM