Palacio Legislativo, 02-03-2017 (Notilegis).- La Comisión de Investigación del Funcionamiento de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares, aprobó reunirse con funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El presidente de esta instancia, diputado Waldo Fernández González (PRD), informó que se citará a comparecer a los servidores públicos para que expliquen cómo abordar los asuntos que se consideren de importancia por los legisladores, aunque “no se ha puntualizado un asunto en particular”, aclaró Fernández González.

Los titulares de la SFP y la ASF se encuentran en total disposición de colaborar y enviarán a directores generales, que coadyuvarán ampliamente en el objeto de esta comisión y su programa de trabajo, precisó.

Se aprobó enviar una lista de temas sobre los cuales los diputados requieran información, a fin de que los responsables presenten una versión pública del estado de las investigaciones.

El plan de trabajo aprobado por la Comisión, plantea que se les solicitará información sobre las auditorías que realizaron; qué tipo de dictamen formularon; qué observaciones y acciones emitieron; cuántas se atendieron/solventaron; el monto de las probables recuperaciones por año y cuánto se ha recuperado, y cuáles son las principales irregularidades de las entidades contratistas.

A la ASF para que informe de los pliegos de observaciones, denuncias de hechos, promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, fincamiento de responsabilidad resarcitoria, multas que ha emitido por año y su estatus.

A la SFP, que diga contra quién ha iniciado procedimientos administrativos, demandas y denuncias derivadas del incumplimiento contratos o como consecuencia de auditorías realizadas, y qué tipo de sanción se ha impuesto, así como el estatus de los procedimientos administrativos, demandas y denuncias.

Refiere que el objetivo de la Comisión es identificar y revisar el proceso, legalidad y cumplimiento de contratos de servicios, obras, arrendamientos, adquisiciones; todos los convenios y erogaciones celebrados y otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, que hayan afectado el erario público o dañado el patrimonio de la Nación.

Se contempla solicitar información a las instancias que intervinieron en la planeación, licitación, contratación, pagos y verificación de cumplimiento; procedimientos administrativos, demandas y denuncias derivadas del incumplimiento de contratos, o contra servidores públicos, y cualquier instancia que se requiera.

Conforme al documento, se pedirá a los titulares de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, y Secretarías a las que se encuentran adscritas, que informen las Reglas de Operación establecidas para la aprobación de contratos.

Además, los contratos otorgados por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, y sus montos; empresas que incumplieron y acciones adoptadas; expedientes derivados de contratos otorgados y turnados al Órgano Interno de Control (OIC), y su estatus.

También, sobre cuáles personas físicas o morales y servidores públicos han sido sancionados; auditorías realizadas respecto a contratos firmados por entidades, dictámenes, observaciones, acciones y solventaciones; areas de gobierno y empresas que han presentado más irregularidades en la licitación, contratación, pagos y verificación de cumplimiento.

Por último, se contempla que la Procuraduría General de República informe cuántas denuncias se han iniciado, motivo, y estatus.

RED/JGM