Palacio Legislativo 06-03-2017 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Hortensia Aragón Castillo (PRD), afirmó que se debe analizar a fondo la minuta del Senado para atender a estudiante mexicanos deportados por Estados Unidos, pero sin sacrificar la calidad de la enseñanza.

Al inaugurar la mesa de trabajo Estado, Educación y Migrantes, la legisladora agregó que los retos de esas reformas legales, son los de atender a los estudiantes repatriados y “garantizar la calidad de la educación pública en el país”.

Aclaró que ello beneficia a todos los mexicanos en materia de revalidación de estudios.

La Cámara de Diputados recibió el pasado 28 de febrero la minuta del Senado sobre revalidación de estudios, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación, la cual fue turnada por el Ejecutivo federal bajo la figura de preferente, para agilizar su discusión en el Congreso de la Unión.

Aragón Castillo comentó que esta reforma fue turnada en una situación especial, por la política antinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afectará a estudiante mexicanos en el vecino país.

En la apertura de la mesa de trabajo participó el presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), quien aclaró que la iniciativa preferente también beneficiará a los migrantes en territorio nacional y provenientes de otras regiones del orbe”.

A manera de ejemplo, señaló que “el año pasado la Secretaría de Educación Pública (SEP) revalidó estudios en 26 mil 346 casos”.

De ellos, el 5.8 por ciento correspondió a educación superior; 38.6 por ciento a bachillerato; 38.7 por ciento a secundaria; 15.9 a primaria 0.6 por ciento a preescolar”.

El director general de Planeación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), José Aguirre Vázquez, resaltó la importancia de que se considere la capacidad real de las instituciones de educación superior, a fin de que no se vulnere el derecho a una educación de calidad.

Dijo que la ANUIES formuló el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores (Puentes) que facilita el ingreso de jóvenes estudiantes que viven y estudian en Estados Unidos” o en otras naciones.

Sylvia Irene Schmelkes del Valle, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), hizo diversas propuestas “para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de quienes retornan a México”.

Planteo “reforzar la coordinación institucional y fomentar la inclusión educativa; asegurar la interculturalidad como enfoque y método de enseñanza, y establecer acciones de asesoría y formación a docentes y directivos”, entre otros aspectos.

Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Oaxaca (UABJO), reconoció que la iniciativa preferente “se presenta en situaciones complejas que caracteriza a las instituciones de educación superior”.

Mencionó “la insuficiencia de presupuestos financieros para atender la demanda educativa” y dijo que puede complicarse con la llegada de migrantes provenientes de Estados Unidos.

Solicitó “tomar en cuenta nuestra realidad financiera y la capacidad de las instituciones de educación superior, particularmente las de carácter público, para calcular hasta dónde pueden (éstas) contribuir a la solución de la emergencia provocada por la migración de estudiantes”.

Recordó que esa integración de estudiantes migratorios, complica el hecho de que en los últimos años las instituciones de educación superior pública del país “no han podido integrar a más de siete millones de jóvenes en el nivel superior, por la insuficiencia en los presupuestos”.

Rocío Nahle García, coordinadora de los diputados de Morena, reconoció la necesidad de integrar a los estudiantes repatriados, pero apuntó que “es necesarios hacerlo en orden y sin perder la calidad de la educación, aspecto que mucho nos preocupa”.

La legisladora señaló que “si hay que modificar la iniciativa presidencial preferente de reformas a la ley educativa, hay que hacerlo, sin afectar la calidad de la enseñanza”, lo que requiere de un análisis profundo de esa propuesta, como se hace en este evento.

En la segunda parte de la mesa de trabajo participaron funcionarios y especialistas de las universidades autónomas de los estados de Morelos, Guerrero y Zacatecas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y de la Red por los Derechos de la Infancia, entre otros.

MAV/JGM