Palacio Legislativo, 07-03-2017 (Notilegis).- En la sesión, diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social presentaron 23 iniciativas que reforman diversos ordenamientos legales de interés nacional, mismas que la Mesa Directiva remitió a las comisiones correspondientes para su análisis.

Desarrollo social y generación de empleos

El diputado Francisco Escobedo Villegas (PRI) presentó iniciativa que reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, para destinar recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para el apoyo a proyectos productivos que ayuden al desarrollo social y generación de empleos.

Se requiere que México genere empleos para evitar que los mexicanos salgan del país y que los connacionales que deseen regresar tengan una forma honesta y digna de vivir y puedan dar sustento a sus familias. Fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Equipo especial sobre técnicas de cabildeo y negociación política

Marisol Vargas Bárcena, diputada del PAN, planteó iniciativa que adiciona un artículo 18 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a fin de facultar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para integrar un equipo especial del Servicio Exterior de Carrera, con conocimientos y ejercicio diplomático en materia de técnicas de cabildeo y negociación política, a efecto de atender las necesidades de representación de los intereses del Estado Mexicano y reforzar la protección de los mexicanos en Estados Unidos.

Es fundamental que las representaciones mexicanas en el exterior cuenten con una estrategia de cabildeo político, mercadeo político y relaciones públicas, para que no dependan únicamente de la contratación de despachos de cabilderos en los Estados Unidos. Se canalizó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Prohibir uso recursos públicos en pago de multas

Del PRD, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales, así como las leyes de Instituciones de Crédito y para Regular las Sociedades de Información de Crediticia, para prohibir la utilización de recursos públicos como garantía de pago en los créditos, cuyo fin sea el pago de las multas que imponga a cualquier partido político la autoridad electoral.

Nava Palacios indicó que “tenemos que cerrar la llave del dinero público cuando estemos violentando la norma. Pensar que un resultado electoral futuro nos dará la posibilidad de pagar una multa, es simplemente inconcebible en un sistema democrático, y la norma tiene que establecerlo con claridad: no se podrá otorgar créditos a los distintas instituciones de interés público como lo son los partidos, sí se violentó la norma y si son para pagar sanciones que ha impuesto, en este caso, el INE o los tribunales”. Se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

Regular tiempos de radio y televisión

El diputado José Antonio Arévalo González (PVEM) propuso cuatro iniciativas. La primera, modifica diversas disposiciones de la Constitución Política sobre los criterios de administración de tiempos de radio y televisión, correspondientes a las autoridades electorales y los partidos políticos, e indicar que fuera de los periodos electorales al INE le será asignado hasta el 6 por ciento del tiempo total de que el Estado disponga, y al inicio de las campañas y hasta el día de la jornada electoral quedará a disposición del INE hasta el doble del tiempo en radio y televisión. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La segunda iniciativa reforma y deroga diversas disposiciones de las leyes generales de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y televisión; se busca dotar de las atribuciones necesarias a diversos órganos electorales a efecto de que los partidos puedan realizar dichas contrataciones y precisar que dichas acciones también podrán realizarlas precandidatos y candidatos. Fue enviada a la Comisión de Gobernación.

Reducción de financiamiento de partidos políticos

Arévalo González también planteó reformar el artículo 41 de la Constitución Política, en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos e indicar que éste se fijará anualmente multiplicando el 50 por ciento del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y establecer que la cantidad que resulte para financiar las actividades ordinarias y las de carácter específico deberán de distribuirse entre los partidos políticos en forma igualitaria. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La cuarta iniciativa reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de reducir el financiamiento público de los partidos políticos; establecer que se determinará multiplicando el 50 por ciento de los ciudadanos suscritos en el padrón electoral federal o local por el 65 por ciento del salario mínimo vigente, y precisar que los partidos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o que habiendo conservado su registro no cuenten con representación en el Congreso federal o local, también participarán del financiamiento público para actividades específicas en forma igualitaria. Fue canalizada a la Comisión de Gobernación.

Definir y sancionar la violencia política de género

La Comisión de Gobernación analizará la iniciativa de la diputada Ariadna Montiel Reyes (Morena), para modificar los artículos 3, 7, 8 y 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de regular como delito electoral la violencia política de género.

Relató que en enero de 2017, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) informó que mantiene 52 investigaciones abiertas, en las que se presume se cometió un acto de violencia política por motivos de género. Agregó que en México solamente dos estados han legislado en esta materia, a pesar de que a nivel nacional las agresiones hacia las mujeres que participan en la política ha ido en incremento de manera constante.

Contratación de repatriados

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez presentó iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la intención de otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas y morales que contraten a ciudadanos mexicanos en edad laborable que tengan la calidad de repatriados.

Dicho estimulo consistirá en el otorgamiento de un crédito equivalente al 50 por ciento del salario pagado, a los trabajadores que tengan la calidad de repatriados y que hayan estado viviendo en el extranjero por lo menos cinco años antes de regresar a México, mismo que podrá ser aplicado contra el ISR a cargo de los patrones. Será aplicable respecto a los salarios que se paguen a los trabajadores repatriados, no menores a siete unidades de la medida y actualización. Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Medalla al Mérito “Mujeres Valor de México”

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (Nueva Alianza) planteó crear el reconocimiento de la medalla al Mérito “Mujeres Valor de México”, y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento de la Cámara de Diputados, para reconocer a las mexicanas sobresalientes en actividades sociales, políticas, económicas, humanísticas, científicas, de investigación, docencia, derechos humanos, deportivas, culturales, artísticas o cualquier otra.

Este reconocimiento será entregado ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión solemne, que se celebrará el día 8 de marzo de cada año. Añadió que “no es un regalo o concesión, sino la afirmación de un derecho que ha llevado años de lucha. Tiene el propósito de servir de inspiración para millones de mujeres que día a día luchan por derribar añejas barreras que frenan su derecho de vivir en igualdad”. Se mandó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Atención de enfermos depresivos

Melissa Torres Sandoval, diputada de Encuentro Social, presentó iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud, para incluir dentro de la atención de los trastornos mentales y del comportamiento, al tratamiento y rehabilitación psiquiátrica de enfermos depresivos.

El Inegi refiere que, entre los años 2002 a 2011, 43 mil 700 personas fallecieron por trastornos mentales y de comportamiento. Esta elevada cifra demuestra que es necesario revisar la construcción de la legislación y las políticas públicas, para la atención oportuna de trastornos mentales, como la depresión, la cual no se contempla de manera expresa en la ley. Se envió a la Comisión de Salud.

Establecer la Semana Nacional de los Pueblos Mágicos

El diputado Alfredo Bejos Nicolás (PRI) promueve que se declare la última semana del mes de septiembre de cada año como la “Semana Nacional de los Pueblos Mágicos”, ya que son localidades con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes y magia, que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales y significan una oportunidad para el aprovechamiento turístico.

Comentó que la Secretaría de Turismo promoverá en los pueblos mágicos la realización de diversas actividades y eventos afines a dicha conmemoración, con el objetivo de promocionarlos competitivamente con sus diversos atractivos, a través del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística y los tres niveles de gobierno. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Identificación de contribuyentes

Nelly del Carmen Márquez Zapata, diputada del PAN, propuso reformas al artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objetivo de establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, definirá y emitirá un mecanismo de identificación de aquellos contribuyentes que realicen actividades cuyo cálculo del IVA corresponde a la tasa del cero por ciento, a fin de evitar el traslado del impuesto a dichos contribuyentes.

Explicó que con esta modificación se generaría la reutilización de recursos humanos y materiales que pueden ser canalizados a otras áreas de la administración pública, relacionadas directamente con la creación de riqueza y crecimiento en beneficio de todas y todos los mexicanos. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Protección del ambiente y recursos naturales

Por el PRD, el diputado José Antonio Estefan Garfias planteó reformar los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que la política ambiental nacional este apegada a los criterios generales establecidos en los tratados internacionales suscritos en la materia por el Estado mexicano para la protección del ambiente, los recursos naturales, los conocimientos tradicionales asociados a estos y las comunidades del país.

Dijo que se debe garantizar el derecho de las comunidades a la protección, preservación, uso, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, así como la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Fue canalizada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Castigar a quien contagie una enfermedad de transmisión sexual

La diputada María Ávila Serna (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, con la finalidad de aumentar la penalización del contagio de enfermedades de transmisión sexual, cuando la transmisión se haya dado por medio de engaño o a sabiendas de que la persona conocía su estado de salud y no se aseguró de utilizar algún método de protección.

Mencionó que se deben ampliar las campañas de información y prevención, así como exhortar a que se denuncie a las personas que, a sabiendas de que padecen una enfermedad de transmisión sexual, actúan con dolo para propagar la misma y poner en riesgo la salud o incluso la vida de otra persona. Se mandó a la Comisión de Justicia.

Eliminar carta de no antecedentes penales

Alfredo Basurto Román, diputado de Morena, presentó una iniciativa para reformar los artículos 133 de la Ley Federal del Trabajo, y 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de eliminar la carta de no antecedentes penales de la autoridad administrativa.

El requerimiento deberá quedar establecido y registrado como antecedente, pero únicamente para cuestiones de profesionalización interna o de contratación de cuerpos policiacos, pero no a los ciudadanos en general. Se remitió a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Justicia.

Lineamientos para el uso del tabaco

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (Movimiento Ciudadano) promueve reformas a los artículos 6, 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, con el propósito de establecer que queda prohibido el tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100 por ciento libres de humo, en lugares cerrados y de trabajo.

Únicamente se podrá fumar en el exterior, y los propietarios y administradores de los establecimientos estarán obligados a respetar los espacios libres de humo de tabaco. La iniciativa será analizada por las comisiones unidas de Salud y de Economía.

Consejos ciudadanos en materia de juventud

Karina Sánchez Ruiz, diputada de Nueva Alianza, propuso reformas a los artículos 4 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para promover la creación de consejos ciudadanos de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud en los tres niveles de gobierno, secretarías e instituciones correspondientes.

Se pretende impulsar los cambios que favorezcan el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes mexicanos, y atender la diversidad de problemáticas que afectan día a día. Se turnó a la Comisión de Juventud.

Responsabilidades de los servidores del Poder Legislativo

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la iniciativa de la diputada Carolina Monroy del Mazo (PRI) que reforma los artículos 109 y 116 de la Constitución Política, relativa al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Legislativo.

Se establece que la investigación y substanciación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de elección popular del Poder Legislativo, derivadas de conductas graves, estarán a cargo de un órgano colegiado integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Comité de Participación Ciudadana.

Paridad e igualdad de género en el Poder Judicial

De la diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) se conoció iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, para que en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y en los nombramientos de magistrados y jueces de distrito, se deberá atender el principio de paridad e igualdad de género.

Su incorporación se traduce en una medida estratégica para erradicar la subrepresentación de las mujeres en los órganos de impartición de justicia, en virtud de que es un acto de justicia y de superación de la desigualdad estructural existente en dicho poder de Estado, permitiendo dar un paso más allá de las cuotas y de las medidas temporales que plantea la igualdad sustantiva. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Capacitar a los estados en materia de residuos

Silvia Rivera Carbajal, diputada del PRI, planteó una adición al artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos Sólidos, con el objetivo de precisar que será facultad de la Federación el convocar y capacitar a los estados y municipios, por lo menos dos veces al año, para el desarrollo de estrategias en materia de residuos.

El documento, canalizado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, refiere que México cuenta con 2 mil 456 municipios, la mayoría de ellos sin una capacitación para el manejo de los residuos de distintos tipos y a los problemas asociados para su disposición adecuada, así como las afectaciones a la salud humana y a los ecosistemas.

Sacrificio humanitario de animales para abasto

A las comisiones unidas de Ganadería y de Justicia se mandó una iniciativa de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos (PAN) e integrantes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y del Código Penal Federal, a fin de sancionar a quien no realice de manera adecuada el sacrificio humanitario de animales para abasto.

Se plantea que a quien labore en establecimientos dedicados al sacrificio de dichos animales y no insensibilice a un animal previo a su matanza, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); se define el método de insensibilizar como la acción de provocar la privación de la conciencia y sensibilidad mediante una técnica que garantice la pérdida inmediata del conocimiento y que dure hasta la muerte, y determinar que la acción penal por este delito prescribirá en un año.

Ampliar sanciones por violaciones graves

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez (PRI) planteó reformar y adicionar los artículos 27, 128 Bis y 128 Ter, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de ampliar las medidas de apremio y sanciones que podrán ser aplicables por violaciones graves.

El propósito es que la Profeco pueda decretar la clausura total o parcial hasta por quince días; señalar que cuando existan violaciones consideradas como graves en materia de inscripción, registro y actualización del registro de casas de empeño, éstas podrán ser sancionadas con clausura definitiva, y establecer que se considerarán casos particularmente graves la violación de las NOM que regulen los precios y tarifas de alimentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio máximo. Se remitió a la Comisión de Economía.

RED/JGM