Palacio Legislativo, 05-04-2017 (Notilegis).- Diputados de los ocho grupos parlamentarios condenaron que el juez Tercero de Distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi, concediera un amparo a uno de los cuatro jóvenes identificados como “Los Porkys”, acusados de violar a una menor de edad en Veracruz.

También pidieron al Poder Judicial resolver sobre la procedencia del recurso otorgado.

Durante la sesión de este miércoles, los diputados abordaron el caso del juez González Hemadi, quien fue suspendido de sus funciones por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tras otorgar un amparo a Diego Gabriel Cruz Alonso, acusado de participar en el caso de violación de Dafne N, ocurrido en enero de 2015, en Boca del Río, Veracruz.

González Hemadi ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en contra de Cruz Alonso, el pasado 23 de enero, al no encontrar acreditados los elementos del delito de pederastia, y argumentando que la adolescente sí fue tocada, pero sin la intención de llegar a la cópula.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva si el amparo otorgado es procedente y que atraiga el caso de Dafne, a fin de que pueda dar certeza jurídica.

Asimismo, solicitó al Alto Tribunal que capacite a todo el personal del Poder Judicial de la Federación en perspectiva de género, y que se aplique realmente el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

Afirmó que el amparo otorgado al acusado “deja un precedente negativo en la impartición de justicia y abre la puerta para que miles de niñas y mujeres sean nuevamente víctimas de violencia”.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo (PAN) señaló que es pertinente que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), además de analizar el amparo favorable otorgado al imputado, determine si el juzgador incurrió en otras presuntas irregularidades.

“En el PAN esperamos que la investigación por parte de la Judicatura Federal pueda aclarar si estamos o no ante un caso de tráfico de influencias, impunidad, ineficiencia y corrupción”, comentó.

Llamó a esa instancia judicial a “echar abajo” el amparo “aberrante” que se dio a Cruz Alonso, para que se pueda garantizar el acceso a la justicia a Dafne. “Ni una víctima más del sistema judicial mexicano”, sentenció.

La diputada Maricela Contreras Julián (PRD) subrayó que urge llenar los vacíos legales que permiten emitir ese tipo de recursos, que “son escaparates de impunidad, nichos de corrupción y permisos para que se violen nuestros derechos”.

Dijo que para ello es importante comenzar por erradicar la doble moral y misoginia que existe en la Cámara de Diputados, porque por un lado se condena un caso de abuso sexual, pero otro se niega votar un dictamen sobre el aborto en casos de violación sexual.

“La corrupción, la impunidad, la misoginia y lo podrido de un sistema de procuración e impartición justicia para las mujeres, son los ingredientes para un caldo de cultivo perfecto que otorga licencias para que se nos asesine, se nos viole, se nos desaparezca y se lacere nuestra dignidad”, expresó.

La diputada Lia Limón García (PVEM) condenó la decisión del juez González Hemadi e hizo un llamado a todos los órganos encargados de procuración y administración de justicia, para que se capaciten en la implementación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

“Decisiones como la que tomó el juez, además de reflejar impunidad, evidencia que la violencia de género no se limita a los hogares, trabajos, barrios o comunidades, sino que trasciende a las instituciones encargadas formalmente de garantizar los derechos humanos, principalmente aquellos relacionados con la protección de la integridad de las mujeres y el acceso a la justicia”, expuso.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (Morena) exigió al Consejo de la Judicatura Federal actuar “con toda severidad” en el caso del juez que emitió una sentencia favorable para uno de los acusados, ya que tenía la atribución de exhortar al Ministerio Público para complementar las pruebas suficientes.

“El juez decidió, en cambio, proteger a uno de sus agresores. Dicho juzgador, Anuar González, antepuso criterios subjetivos para una tipificación del delito, sin la perspectiva de género que ya se establece en la tesis jurisprudencial 22/2016, emitida por la Primera Sala y publicada en abril del año pasado”, refirió.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (MC) afirmó que el amparo del juez no sólo es un agravio contra la adolescente, sino contra el sistema judicial del país, las convenciones internacionales que México ha suscrito y las mujeres, ya que exhibe la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia.

“Debería preocuparnos, como Cámara, que la ley no se cumpla, que se violentan los derechos de las mujeres y que no se haga justicia. El Poder Judicial de la Federación está obligado a revocar la sentencia de amparo y a resolver con perspectiva de género”, apuntó.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) se pronunció por ahondar las investigaciones sobre la actuación del juez, porque su resolución amplía la indignación y no deja satisfecha a una sociedad, que está cansada de la impunidad.

Expresó que no se puede permitir que casos como éste queden en el olvido o en la burocracia jurídica, además de que exhiben que con influencias se puede favorecer a cierto sector. “Los derechos no se negocian, los derechos se hacen valer”, manifestó.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) calificó el caso de la resolución del juez González Hemadi como un acto más “que da vergüenza” y que ahora se focaliza en el Poder Judicial, que pareciera intocable.

En ese sentido, cuestionó que los magistrados, ministros, jueces, reciban altos salarios, y no hagan justicia. “Es una vergüenza que un juez quede impune ante la sociedad, de un acto bochornoso como el caso Daphne, en Veracruz”, concluyó.

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