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Palacio Legislativo, 09-04-2017 (Notilegis).- Los diputados del PVEM se pronunciaron a favor de trabajar en una legislación que frene el número de embarazos en adolescentes, pues actualmente México ya ocupa el primer lugar en este renglón, que afecta la vida educativa, cultural, social y económica de los jóvenes de 12 a 19 años de edad, afirmó su coordinador, Jesús Sesma Suárez. Al día se registran seis mil 260 nacimientos a nivel nacional, de los cuales mil 252 corresponden a madres adolescentes, lo que representa que en uno de cada cinco alumbramientos está implicada una joven con las consecuencias señaladas, indicó en un comunicado. Señaló que los estados con mayor número de adolescentes embarazadas son, Chiapas, Nayarit, Michoacán, Chihuahua e Hidalgo. Afirmó que dentro de los principales efectos que ocasiona el problema se encuentra el abandono escolar, siendo el 80 por ciento de los adolescentes que desertan a los estudios; ello por sí mismo resulta preocupante, pues procede automáticamente su integración a la vida laboral. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en nuestro país el 55.2 por ciento de los adolescentes son pobres, uno de cada cinco tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida, detalló.
Dicha situación sin duda impide su reinserción a la vida escolar, pues la maternidad y paternidad los obliga a cubrir las necesidades más básicas de ellos y su hijo, expresó.
“Ser madre o padre adolescente suele dar pie a una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad”, enfatizó Sesma Suárez.
Ante esta situación que ha ido en crecimiento en nuestro país, aseguró que el PVEM ha propuesto y seguirá proponiendo "medidas eficaces para evitar esos embarazos, con absoluto respecto a los derechos sexuales y reproductivos". Además, dijo, que su propuesta legislativa contempla cinco ejes: contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas; propiciar información que les permita decisiones libres y responsables sobre el ejercicio de su sexualidad. Así como asegurar el acceso a métodos anticonceptivos; aumentar la atención de los servicios de salud sexual, y garantizar una educación integral en sexualidad. RZJ |
