Palacio Legislativo, 19-04-2017 (Notilegis).- La presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que la minuta del Senado sobre combate a la violencia política contra las mujeres es un avance en la participación de la población femenina en la vida política, pero consideró que debe ser enriquecida.

Al participar en el conversatorio “Democracia sin violencia política contra las mujeres”, la diputada presidenta dijo que las reformas legales deben “ir más allá” de lo que avaló el Senado, para que, por ejemplo, se pueda tipificar la violencia política en razón de género como delito.

Con el planteamiento de la legisladora coincidieron el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, y la presidenta de la Comisión especial de delitos cometidos por razones de género, Maricela Contreras Julián (PRD).

Asimismo, representantes de los institutos Nacional Electoral (INE), Nacional de la Mujeres (Inmujeres), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y de Naciones Unidas (ONU mujeres).

El pasado 9 de marzo, el Senado de la República aprobó, por unanimidad, un dictamen que reforma cinco leyes, principalmente en materia electoral, para enfrentar el clima de violencia y hostilidad política que padecen las mujeres, para acceder a candidaturas o tomar posesión de los cargos de elección popular que ganan, y lo remitió a la Cámara de Diputados.

Murguía Gutiérrez destacó que en esa minuta se define lo que debe entenderse por violencia política en razón de género y sus diferentes manifestaciones y formas de comisión, así como los compromisos que deben de asumir los partidos políticos en la materia.

Asimismo, dijo, se dota de facultades al INE y a la Fepade para intervenir en los casos de violencia política en razón de género y proteger los derechos políticos de las mujeres.

Sin embargo, “la minuta se queda corta… tenemos que ir mucha más allá, no se señala, específicamente como un tipo penal la violencia política en razón de género, no se establecen medidas cautelares ni reparación del daño para el caso en que, efectivamente, se acredite que hay circunstancias de violencia política”, señaló.

Martínez Neri, también coordinador del PRD, comentó que la incorporación del principio de paridad en la Constitución Política ha permitido que más mujeres participen en las contiendas electorales y ocupen más espacios de representación popular.

Sin embargo, “la paridad en las candidaturas no se traduce en paridad en la representación”, indicó el diputado, al referir que sólo el 14 por ciento de las presidencias municipales está ocupada por mujeres.

Dijo que en algunos casos, cuando una mujer gana las elecciones, enfrentan presiones y distintas formas de violencia política para que renuncien al cargo y suban los hombres que van en la segunda posición en la planilla.

En ese sentido, hizo un llamado a los partidos políticos para que allanen el camino de participación política de las mujeres, “y pongan un límite a los obstáculos y trampas que crean para no cumplir con la ley”.

Martínez Neri afirmó que, para garantizar de manera efectiva los derechos políticos de las mujeres, “está Cámara de Diputados debatirá, enriquecerá y aprobará a la brevedad las reformas propuestas por el Senado”.

La diputada Contreras Julián subrayó que la violencia política en razón de género se da en todos los partidos políticos, sin excepción.

“Es indispensable sumar esfuerzos y voluntades para concretar acciones y considerar la violencia política contra las mujeres como un delito. No se trata de cuestiones de partido, es una cuestión de respeto a nuestros derechos”, manifestó.

La legisladora perredista urgió a los diputados a aprobar la minuta del Senado en lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril.

“Ya basta de asesinatos de mujeres que participan en la política, de extorsiones, acosos, chantajes, injurias calumnias y humillaciones”, expresó.

Adriana Margarita Favela Herrera, consejera del INE, planteó la necesidad de contemplar la violencia política en razón de género como un delito, y que las penas se puedan agravar cuando esa forma de violencia esté dirigida hacia las mujeres.

“Parecería imposible que en pleno siglo XXI se dieran casos de violencia política contra mujeres, pero sí hay casos muy concretos que tiene nombre, y hemos visto que se ha presionado a mujeres presidentas municipales para que abandonen sus cargos, y curiosamente siempre las suple un hombre”, refirió la funcionaria.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, apuntó que es necesario incorporar como tipo penal todas las hipótesis donde se restrinja el ejercicio de un cargo público o el acceso a los derechos políticos de las mujeres, más allá de la jornada electoral.

Explicó que la violencia política de género no está circunscrita sólo a la temporalidad del proceso electoral, porque el derecho político no sólo tiene que ver con la jornada electoral o con el acceso al cargo de elección popular, sino también con el ejercicio de éste, desde que inicia y hasta que finaliza.

“Hay muchos casos donde se conjuga la discriminación con la violencia política, pues de las agresiones verbales se ha pasado a la separación del cargo popular de las mujeres, desde la vía fáctica hasta la agresión física”, sostuvo.

La directora de Participación Social y Política del Inmujeres, Paula Adriana Soto Maldonado, coincidió en que debe haber un tipo penal de violencia política de género y sus manifestaciones en la Ley General de Delitos Electorales.

Además, señaló, tiene que ser una agravante a los delitos contenidos en el Código Penal Federal, ya que no solamente es electoral, sino que ha habido mujeres violadas, asesinadas en la búsqueda de un cargo de elección popular.

Ana Gúezmes García, representante de ONU Mujeres, consideró que las leyes mexicanas deben contener una definición clara de violencia política de género, medidas de prevención en campañas electorales, y sanciones administrativas y penales.

Agregó que existe una falta de acceso equitativo para las mujeres candidatas a los medios de comunicación, ya que normalmente se destina menos tiempo para ellas y se banalizan su propuestas, además, se enfrentan a la ciberviolencia.

“Se necesita un marco jurídico claro para las próximas elecciones, contundente, protector y garante de derechos humanos”, recalcó.

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