Palacio Legislativo 24-04-2017 (Notilegis).- El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, pidió que en el país se despenalicen los delitos de difamación, injurias y calumnias, a fin de no criminalizar la libertad de expresión, combatir el acoso judicial y el mal uso del proceso civil.

Durante el foro “La libertad de expresión en México”, señaló que en México siguen existiendo, en siete estados, tipos penales que criminalizan las opiniones vertidas, como la difamación, injurias y calumnias, que, dijo, son un medio para silenciar ideas, opiniones, lo cual genera temor ante las acciones judiciales y las sanciones penales y monetarias.

Es primordial “despenalizar la difamación y los delitos similares, puesto que las penas de prisión, las multas onerosas y la suspensión del derecho a expresarse a través de cualquier medio de comunicación nunca deberían ser un recurso con el qué sancionar la violación de leyes antidifamación”, expuso.

Cualquier tipo de sanción civil que se imponga no debe ser tan amplia como para producir el efecto de dejar en suspenso la libertad de expresión y debe ser diseñada con el objeto de restaurar la reputación dañada y no para favorecer al denunciante o para castigar al denunciado, agregó.

Jan Jarab también exhortó a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a reasignar recursos al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que puedan brindar medidas a lo largo de 2017 y de forma adecuada en 2018.

“Actualmente esta instancia enfrenta una delicada situación presupuestal, dado que el ejercicio fiscal 2017 no asignó recursos al fideicomiso de éste y opera con remanentes de años anteriores; pero, según proyecciones financieras, no habrá fondos disponibles para otorgar medidas de protección más allá de septiembre”, detalló.

Asimismo, el funcionario de la ONU planteó la necesidad de que se regule la publicidad oficial tanto a nivel estatal como federal, a fin de que su uso sea para lograr objetivos legítimos tales como informar sobre los servicios públicos prestados y políticas públicas.

Además, que el Estado establezca, para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismo políticos y no debe depender de la línea editorial.

“La falta de regulación de la publicidad oficial es una de las situaciones que de facto coarta la libertad de expresión en México, lo que ha fomentado prácticas de corrupción y censura en los medios de comunicación”, expresó.

Apuntó que la nueva Ley General de Archivos, que complementará los sistemas nacionales Anticorrupción, debe tener como finalidad primordial la garantía del derecho a la verdad y que haya máximo acceso a los archivos históricos, particularmente a aquellos que contienen información sobre violaciones graves a derechos humanos.

“El derecho a la verdad comprende solicitar y obtener información sobre los resultados de las investigaciones, las circunstancias en que se produjeron las violaciones, la suerte y paraderos de las víctimas, así como la identidad de los autores”, enfatizó.

El representante de la ONU también dijo que se requiere regular la protección de los llamados whistleblowers, es decir, los denunciantes. “Esta protección debe ser articulada con una legislación específica que proteja e incentive a las personas denunciantes, tanto en la administración pública como en el sector empresarial”, dijo.

Finalmente, Jan Jarab reiteró la disponibilidad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de seguir brindando asesoría y cooperación técnica a la Cámara de Diputados y trabajar con los estándares internacionales, para asegurar a todos, sin riesgo, su derecho a ser oídos.

NGM/JGM