Palacio Legislativo, 24-04-2017 (Notilegis).- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, afirmó que el descrédito en el que han caído los procesos electorales, se puede comenzar a revertir si se abordan los problemas de los programas sociales en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Durante el foro “Marco normativo para el blindaje de programas sociales y el combate en el uso de recursos públicos en los procesos electorales locales 2016-2017, en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México”, el auditor destacó que la ASF ha detectado diversos problemas en la aplicación de los programas sociales y debilidades en sus padrones.

Mencionó que entre los principales inconvenientes que se presentan están: anomalías en la distribución de los fondos públicos como duplicidades, beneficiarios que no cumplen con los requisitos de elegibilidad, grupos excluidos y apoyos entregados en regiones geográficas o periodos que no corresponden con las reglas de operación, entre otras.

Apuntó que de manera recurrente, desde la Cuenta Pública 2013, se han detectado áreas que han sido catalogadas de riesgo, en particular, por la inexistencia del control adecuado de los registros de padrones.

Portal Martínez resaltó que no existe ningún catálogo que incluya la totalidad de los programas sociales, lo cual es un factor que dificulta su correcta vigilancia.

Puntualizó que los gobiernos estatales desarrollan programas sociales, en muchos casos temporales, sin un adecuado diagnóstico ni diseño coherente, lo cual “constituye un área proclive a la corrupción debido a la nula transparencia y rendición de cuentas sobre su destino”.

Portal Martínez indicó que una de las recomendaciones que emite la ASF es fortalecer la regulación, supervisión y articulación de la política de padrones a fin de que dicha herramienta permita comprobar que los subsidios se otorguen conforme a las reglas de operación establecidas.

Además de explotar el potencial que ofrecen las tecnologías de información y comunicación para conformar un sistema integral de padrones gubernamentales, con datos actualizados de beneficiarios.

“La prevención y la detección de irregularidades en esta materia no pueden improvisarse, sino convertirse en un elemento fundamental del proceso de rendición de cuentas”, expuso.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Sandoval Silva, enfatizó la importancia de fortalecer la denuncia ciudadana, así como la estrategia de blindaje electoral en los programas sociales, con el fin de reducir a su mínima expresión este tipo de conductas.

Si concebimos al blindaje electoral como una estrategia para la prevención, seguimiento, y sanción de responsabilidades administrativas y de delitos electorales cometidos por servidores públicos, y el resultado se traducirá en procesos electorales transparentes, externó.

“Se debe incluir a la sociedad en el monitoreo y vigilancia de políticas y programas de gobierno durante los procesos electorales”, consideró el funcionario federal.

El presidente de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales, diputado Juan Romero Tenorio (Morena), aseguró que es de vital importancia analizar el marco jurídico en la materia “para poner un alto a ese tipo de conductas por parte de servidores públicos”.

Es necesario revisar el marco normativo electoral y reflexionar, con este foro, sobre cómo combatir el uso de programas sociales y recursos públicos en los próximos comicios en Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México, así como en las elecciones federales de 2018.

“Cobra importancia revisar el marco normativo desde visiones distintas: desde la ASF hasta la SFP, que es encargada de vigilar a los servidores públicos, con el fin de impedir el uso de recursos públicos en los procesos electorales en todo el país”, manifestó el legislador.

En la primera mesa de trabajo de este foro denominada “Mejores Prácticas para el Control y el Combate a la Corrupción”, también participaron la catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Eréndira Sandoval, y la directora del Área de Desarrollo Económico y Social, Liliana Alvarado Baena, de ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas.

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