Palacio Legislativo, 27-04-2017 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno Federal, Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano), sostuvo que si se vigilan las adquisiciones de las dependencias gubernamentales se lograría un ahorro de cerca de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); además, subrayó, se reducirán y prevendrán actos de corrupción.

Durante la presentación del libro “Riesgos y Oportunidades en las compras del Gobierno Federal”, coordinado por David Colmenares Páramo, las legisladora indicó que el Estado mexicano gasta alrededor de 800 mil millones de pesos anuales en la adquisición de diversos materiales y servicios y en contratar obra pública; de esa cantidad, cerca de dos tercios se concentran en Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE.

Añadió que si se incluye a las entidades federativas, se pueden contabilizar otros 160 mil millones de pesos; por ello, enfatizó, la urgencia de dar seguimiento puntual, fiscalizar y proponer medidas necesarias para hacer eficiente y transparente el proceso de compras del gobierno federal, “ante un escenario de desconcierto por los constantes escándalos de corrupción en el gasto que realizan los gobiernos”.

Recordó que en el 2005, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró un índice comparativo de precios de medicamentos en 12 países y descubrió que en México se vendían los fármacos más caros, por encima de Estados Unidos, Japón y Francia.

En 2006, continuó, la Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación de posibles prácticas monopólicas por parte de los proveedores de medicamentos, en la cual concluyó que seis farmacéuticas se habían unido para elevar los precios de las medicinas que le vendían al IMSS, por lo que se les multó con 151 millones de pesos.

Ante estos hechos, el IMSS comenzó a realizar sus compras a través de contratos únicos, lo que le permitió ahorrar, sólo en el 2012, cerca de 600 millones de pesos.

Corichi García detalló que esta investigación busca hacer énfasis en los riesgos y oportunidades que existen al vigilar estas compras, y en sus resultados, exponiendo uno de los casos de estudio más paradigmáticos: las compras de medicamentos o insumos en el sector de salud pública.

David Colmenares Páramo, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador de la publicación, apuntó que “muchas compras del sector público no son muy transparentes”; por lo tanto, dijo, es fundamental el impuso de la rendición de cuentas en este sector.

Consideró necesario unificar los criterios para la contabilidad gubernamental y la publicación de la información financiera, así como uniformar las presentaciones de los paquetes fiscales de los gobiernos estatales, con el fin de mejorar las cuentas públicas.

Podemos afirmar que los avances de la armonización contable, por parte de la Auditoria Superior de la Federación, es una verdadera cruzada por la transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, Enrique Flores Ortíz, catedrático de la Universidad de la Comunicación, mencionó que el uso de los recursos es alto y quienes los administran lo hacen de manera oscura y poco transparente. “Sólo de 2000 al 2010, la política de gasto nacional en México tuvo un incremento del 153 por ciento, mientras que la recaudación alcanzó el 149.2 por ciento; esto ocasiona una situación deficitaria”, afirmó.

Reiteró que los efectos que producen las prácticas ilícitas de los servidores del sector público, representan afectaciones al ejercicio eficiente de las instituciones.

México no muestra grandes avances en esta materia, prueba de ello es que, en los últimos 16 años, la calificación en la escala de cero a 10, en términos de transparencia, en lugar de mejorar va en dirección contraria, pues en el año 2000 la calificación de Transparencia Internacional era de 3.3; 10 años después, obtuvo 3.1, y en el 2016, 3.0. Con esto, el país se coloca en el lugar 123, indicó.

Agustín Caso Raphael, titular de la Unidad de Información y de Fomento de la Cultura de la Evaluación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dijo que el país ha tenido importantes avances en materia de transparencia, pero su punto más débil está en la incorporación de la información sobre el desempeño de las inversiones públicas.

Agregó que su fortalecimiento es urgente, no sólo porque constituye la mejor ruta para asignar mejor el gasto público, sino también permite atender problemas emergentes en la agenda internacional de la evaluación.

El académico propuso llevar a la práctica evaluaciones con un enfoque holístico, multidisciplinario, contextualizado y coordinado, ya que permitirá un mejor desempeño en la ejecución del gasto.

“Nos hemos empeñado en evaluar programas, pero estos forman parte de las políticas públicas de instituciones y éstas tienen que ser supervisadas”.

Finalmente, Aníbal Gutiérrez Lara, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, expuso que el libro nos recuerda que el gobierno federal, como un agente que demanda y compra servicios y productos, requiere operar con mayor transparencia y se tienen que erradicar esas conductas ilícitas que se han detectado.

No sólo se debe cumplir en el ámbito interno, sino ser una exigencia externa en términos de compras públicas. El gobierno ha recibido recomendaciones para fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios y prevenir la corrupción mediante normas contables y de auditoría, apuntó.

Propuso mejorar el sistema de administración de bienes y servicios y la contratación de obra pública; por ello, dijo, es necesario que el Poder Legislativo realice una agenda de trabajo que contribuya a la producción, la normatividad y la capacidad de vigilancia y sanción en la materia.

RED/JGM