Palacio Legislativo 27-04-2017 (Notilegis).- La diputada Laura Plascencia Pacheco (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, afirmó que según cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cada año se presentan en el país más de 600 mil casos de violación en niñas y mujeres, es decir, cada minuto una niña o mujer es víctima de esta agresión.

Además, anualmente, más de 10 mil niñas menores de 14 años se convierten en madres debido a violaciones; de ahí que “hay un gran compromiso del gobierno para reducir y poder eliminar los embarazos en niñas”.

En reunión con integrantes del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, la diputada expresó que se debe impulsar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) referente a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, ya que después de años de vigencia, en los estados de la República, los médicos no la conocen o no quieren aplicarla.

“Hemos trabajado en diferentes mesas con la Secretaría de Salud con el fin de fortalecer la aplicación de dicha norma en todo el país. Los embarazos en niñas y adolescentes son aberrantes, ninguna niña o mujer debe ser condenada a ser madre cuando no lo deciden”.

Informó que la Cámara de Diputados, la Secretaría de Salud, la Conferencia Nacional de Procuradores, el Instituto Nacional de las Mujeres, y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), lanzarán una estrategia a nivel nacional para evidenciar cuando no se cumpla correctamente.

Al informar del trabajo realizado, Plascencia Pacheco indicó: el pleno de la Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda a no recortar ningún peso del anexo 13. “Por eso se destrabó el presupuesto que tenía pendiente Inmujeres de 197 millones de pesos del programa de transversalidad”.

El reto de la comisión fue etiquetar correctamente las partidas y los programas presupuestales para ayudar a acelerar el avance en la igualdad entre mujeres y hombres; hoy es fiscalizarlo.

“Que realmente cada peso que se invierte, se vea reflejado en acciones que ayuden al avance de las mujeres. De cara al siguiente presupuesto tenemos el gran reto de revisar ramo por ramo, programa por programa”, aseveró.

Aún falta mucho para lograr que las dependencias aseguren el correcto ejercicio del recurso público; no es posible que el presupuesto asignado en el Anexo 13 denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se destine a pagar nómina o gasto corriente. Dicha asignación es para acelerar medidas especiales para el avance de las mujeres en el país.

El tema pendiente que preocupa, es el de feminicidios. Siete de cada 10 mujeres sufren violencia en todos sus tipos y modalidades; cada día 7 féminas en el país son brutalmente asesinadas simplemente por una desigualdad histórica y por el hecho de ser mujeres, y la impunidad es la única cara que se ve en las instituciones.

“Lastima e indigna la cifra que todos los días vemos a nivel nacional en relación con feminicidios, indigna la violencia que se vive en contra de las mujeres en todo el país”.

Recordó que en 2016 se envió al Senado de la República la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada por los diputados.

“Los cambios a la Ley son con el fin de que las órdenes de protección tengan temporalidad hasta que la víctima deje de estar en riesgo y no como lo establece hoy que tienen temporalidad de 72 horas”, añadió.

Dentro del trabajo logrado, se encuentran reformas a la Ley General de Acceso para asentar la obligación que tienen estados y municipios para colaborar con los refugios, e incentivar su creación para establecer como un derecho, la educación de los niños que se encuentran dentro de refugios.

Se avalaron reformas en materia de violencia económica. Mencionó que “es necesario sacar adelante reformas para quitar el matrimonio infantil; pérdida de patria potestad por feminicida, y sobre el plazo que una mujer tiene para contraer segundas nupcias”.

La diputada Candelaria Ochoa Avalos (MC) afirmó que entre los pendientes en la agenda legislativa se encuentra que el feminicidio no está considerado, en el nuevo Código Penal Federal, un delito grave; el tema de las alertas de género no está aprobado; incorporar a la Ley la violencia a transgéneros y la violencia política de mujeres a mujeres.

La presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, Verónica Terrazas Aragonez, dijo que les interesa trabajar a la par con las diputadas a fin de dar seguimiento continuo a casos de mujeres víctimas de violencia sexual.

Las consejeras Magali Reyes, Diana Ibarra Soto, Doris Candila Echeverría, Lourdes Murguía, Raquel Torres Miranda, Violeta Lagunes Viveros y Emma Garrido Domínguez, coincidieron en que es necesaria la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que informe qué pasa con las alertas de género y la evaluación de la violencia contra las mujeres.

Que el presupuesto asignado al rubro no se reduzca, sino que se incremente, y solicitaron legislar para que el hostigamiento y acoso sean considerados como delitos.

Magali Reyes pidió a las diputadas modificar la Ley de Responsabilidades Hacendarias, porque, agregó, establece que no se debe de disminuir el presupuesto salvo en los casos señalados en la Ley.

“Aquí hay un sí pero no, es decir, la irreductibilidad la tenemos que lograr en este periodo, quitando ese pedazo que dice -que en los casos que se consideren graves sí se podrá reducir- porque con esto se acabaría el problema de reducciones”, subrayó.

Señaló que hay 22 entidades federativas donde se ha solicitado la alerta, y 7 entidades donde está declarada, pero no se ha demostrado su contundencia, por lo que es importante hacer una evaluación y presentar un informe a la secretaría de Gobernación para que podamos avanzar en este tema”.

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