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Palacio Legislativo 05-07-2017 (Notilegis).- La aplicación de la ley y la impartición de justicia no se pactan, y el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se tiene que apegar a las normas jurídicas, evitando venganzas públicas, que no son propias de un Estado democrático, afirmó el coordinador del PRI, César Camacho. “Lo que hay que hacer es una profunda investigación, incluida la posibilidad, como es su derecho constitucional, de declarar tan ampliamente como se requiera”, indicó el diputado priista en declaraciones a la prensa, tras concluir una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Insistió en que el proceso de ese caso deberá desembocar “en una sentencia que, además, en los tiempos de la transparencia y la rendición de cuentas, la función jurisdiccional no es ajena”. Duarte de Ochoa, detenido en Guatemala, se allanó ayer martes a la solicitud de extradición que México presentó, para que enfrente los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y podría llegar al país en los próximos días César Camacho precisó que “el PRI ha sido explícito, no sólo en inculparlo, en sacarlo de sus filas, sino en pedir un juicio exhaustivo que concluya no sólo en el fincamiento de una responsabilidad penal que eventualmente se puede convertir en prisión, sino en el reintegro de los recursos que son de todos los veracruzanos”. “El PRI confía en las instituciones y en la ley, el PRI quiere combatir la impunidad, en consecuencia, no le da cobijo a nadie que haya transgredido la ley, que haya defraudado la confianza de los priistas, pero más aún de los veracruzanos, y haya lesionado el ejercicio de la política”, añadió. Sostuvo que en el proceso de extradición se está siguiente el protocolo debido, el gobierno federal está cumpliendo con la ley, y que, a partir de que el ex mandatario estatal llegue a territorio mexicano, éste correrá a cargo del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. “Al final, nos enteraremos de los razonamientos, de las consideraciones, del peso de las pruebas que justifiquen una decisión judicial que nos deje satisfechos a quienes queremos combatir eficazmente la impunidad”, aseveró. ERT/JGM |
