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Palacio Legislativo 05-07-2017 (Notilegis).- La diputada Marisela Contreras Julián (PRD), informó que presentó una iniciativa para eliminar de la Constitución Política la figura del arraigo, por ser “ineficaz y contraria a los derechos humanos”. En conferencia de prensa, en el marco de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República, explicó que su propuesta busca derogar el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, que establece que “la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona”. Acompañada del coordinador de su bancada, Francisco Martínez Neri, la también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que el arraigo atenta contra la presunción de inocencia y contra el debido proceso, además de que abre la posibilidad a que haya tortura. “Es importante que se respeten los derechos humanos que son violados con la implementación del arraigo, ya que hay arraigados que nunca saben cuál es el motivo por el que se les acusa, y sufren golpes, ahogamiento o confinamiento con tal de que se declaren culpables o que incriminen a personas de las que jamás han oído hablar”, indicó. Contreras Julián señaló que en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón el arraigo llegó a nueve mil personas, mientras que en la actual administración se han registrado mil 73 presuntos criminales por esa situación pero, dijo, los resultados legales o jurídicos no se ven positivos. Subrayó que su propuesta coincide con la de otros legisladores y de manera particular, con la del coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, quien se ha pronunciado públicamente por la desaparición de la figura del arraigo. Martínez Neri apuntó que la figura del arraigo es una falta al debido proceso, ya que procura, por una parte, la posibilidad de que haya tortura hacia las personas que son objeto de esa medida que, dijo, “a nuestro modo de ver, antijurídica y contraria a los derechos humanos”. Confió en que los diversos grupos parlamentarios participen en el análisis de la propuesta, a fin de abatir ese “grave flagelo” que existe en la disposición constitucional. NGM/JGM |
