Palacio Legislativo, 03-10-2017 (Notilegis).- El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que la única alternativa legal de los partidos políticos para ayudar a los damnificados y a la reconstrucción, tras los sismos de septiembre, es renunciar a su financiamiento público antes de que éste llegue a sus cuentas, ya que hacerlo de otra manera es absolutamente ilegal.

A pregunta expresa de la prensa sobre la declaración del jurista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Valadés, de que es inconstitucional que los partidos políticos destinen sus recursos a fines no electorales, el diputado presidente respondió que el académico tiene razón.

“Tiene razón Diego Valadés, ya lo habíamos dicho, los partidos pueden renunciar a sus prerrogativas, pero una vez que las reciben, que son erogadas conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación, ya no pueden hacer nada con ellas que no sea la finalidad que señala la Constitución. La única alternativa legal que quedaba era renunciar, es decir, no aceptar el financiamiento”, externó.

El líder parlamentario señaló que los planteamientos de algunos partidos de primero recibir los recursos públicos y después transferirlos a cuentas bancarias para ayudar a los damnificados, “es un procedimiento absolutamente ilegal”.

“(Los partidos políticos) no pueden hacer transferencias, es una ilegalidad, una vez que el dinero esté en la cuenta del partido no tiene otro destino más que el que prevé la Constitución, no pueden hacer transferencias a nadie”, comentó.

Insistió en que la fórmula más sencilla y legal de los partidos para ayudar a los damnificados y la reconstrucción, es renunciar a su financiamiento en los meses que quedan de este año; y aunque ya no pueden devolver el financiamiento correspondiente a octubre, aún tienen posibilidad de rechazar el de noviembre y diciembre.

El pasado 25 de septiembre, la dirigencia nacional del PRI presentó un oficio al Instituto Nacional Electoral (INE) en el que renunció al 100 por ciento de los recursos que recibirá en lo que resta de 2017, que suman 258 millones de pesos, para destinarlos a la reconstrucción por los dos sismos de este mes. Días después algunos otros partidos hicieron lo propio.

Enfatizó que existen mecanismos de transparencia para verificar el destino de los recursos que eventualmente los partidos devolvieran, y corroborar que las autoridades actúan con absoluto apego a la legalidad.

Aclaró que en el caso de los 60 millones de pesos que la Cámara de Diputados canalizará a la reconstrucción de escuelas y labores de rescate que realizan las fuerzas armadas, no se incurre en ilegalidad alguna, porque el dinero no se recibirá, sino se solicitará que los recursos se reintegren a la Tesorería de la Federación, “advirtiéndole que hay un destino específico para eso”.

Respecto a las iniciativas de reforma constitucional para eliminar el 100 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos, Ramírez Marín se pronunció por que ya se abra la discusión del tema y decidir si se suprime totalmente, se reduce o se acota a una determinada época ante cualquier contingencia.

La Comisión de Puntos Constitucionales tiene diversas iniciativas relacionadas con el financiamiento público de los partidos políticos, entre ellas algunas que buscan reducir dicho financiamiento, como la del diputado independiente del Congreso de Jalisco, Pedro Kumamoto Aguilar, y otras que pretenden su eliminación total, presentadas por diferentes bancadas.

Comentó que los ajustes al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 siguen siendo una interrogante, pues no se sabe aún “hasta qué punto tiene que ser la cirugía del (proyecto de) Presupuesto que nos envió (el Ejecutivo federal) para responder inmediatamente a la contingencia”.

Ramírez Marín también se refirió a los peritajes técnicos realizados a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, que indican que los edificios son seguros, salvo el “H”, que fue desalojado.

“Pueden estar seguros nuestros trabajadores que donde haya el menor peligro no permitiremos que haya acceso. Donde sea totalmente seguro, de acuerdo a los peritaje, que son a los que nos tenemos que someter, continuaremos laborando normalmente”, expresó.

Indicó que el mural y escudo del frontispicio de la Cámara de Diputados, que pesa más de mil toneladas, está siendo objeto de una limpieza y revisión, por lo cual permanecerá cubierto tres semanas.

HSF