Palacio Legislativo,14-11-2017 (Notilegis). - En el marco del encuentro de Bibliotecas y Servicios de Información Parlamentaria de América Latina, realizado en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la Firma de Adhesión de las Bibliotecas Parlamentarias a la Declaración de Valparaíso.

Con este acto, se refrendan los compromisos adquiridos en dicho acuerdo del 15 de marzo de 2017, suscrito por las autoridades de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y Cámara de Diputados de México a través de la dirección general de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA), que establece el punto de partida para el fortalecer la cooperación entre las bibliotecas parlamentarias de América Latina y el Caribe.

El adendo, signado por funcionarios de las bibliotecas parlamentarias de México, Bolivia, Brasil, Guatemala y Uruguay, representa un compromiso para contribuir al fortalecimiento de la labor legislativa y la representación ciudadana de los parlamentos, con miras a promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Los firmantes acordaron fortalecer las relaciones entre las bibliotecas parlamentarias de América Latina e intercambiar información, experiencias y perfeccionamiento profesional entre sus funcionarios, así como incorporar a otras.

Fue testigo de honor la presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), Glòria Pérez-Salmerón.

Durante el panel de conferencias “La función de información parlamentaria: el contexto mexicano”, Juan Carlos Delgadillo Salas, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, explicó que la Biblioteca del Congreso de la Unión es el epicentro de la información legislativa.

Junto con el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria, tiene el reto de recibir, procesar y ofrecer información parlamentaria especializada. “La Cámara de Diputados de México ha sido pionera en la forma de dar a conocer este tipo de datos, con servicios de información parlamentaria complementando a la Biblioteca”.

Se debe generar un proceso para que datos e información se encaucen hacia la biblioteca como repositorio que albergue la memoria final legislativa de lo que ocurre, aun cuando coexistan otros medios de acceso a información parlamentaria. “Esa es la alternativa con la que afrontamos el reto de tener la información compleja, diversa y especializada que se demanda”.

“Debemos ver cómo seguir vinculando la generación de información cotidiana y de coyuntura con la permanencia a largo plazo y sostenibilidad de las bibliotecas. Es algo que estamos dilucidando y tratando de hacer de la manera más proactiva y positiva posible”, subrayó.

El funcionario indicó que los servicios de información buscan reivindicar el derecho de los ciudadanos para acceder con facilidad y transparencia a la información técnica y especializada que genera la actividad del Congreso. Éstos son registros para el muy largo plazo; permiten revisar el presente, aprender del pasado y pensar en el futuro.

“Todo lo que hacemos todos los días quedará para quienes después vengan a investigar qué ocurrió, qué se dijo y cuál fue el espíritu del legislador”, enfatizó.

Sostuvo que la Biblioteca es fuente, acervo, memoria y visión de futuro para todos. “El reto de los servicios de información es ver la especialización y el sentido histórico y de vanguardia que tienen para que sean sostenibles ante la sociedad y la opinión pública”.

El director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Sadot Sánchez Carreño, destacó la importancia de la Declaración de Valparaíso, de marzo de 2017, que se inserta en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que entre ellos establece el propósito de crear instituciones eficaces y transparentes, garantizar decisiones incluyentes y participativas y el acceso a la información.

Para la sociedad no basta conocer lo que se realiza “sólo por competencia u obligación normativa”, por lo que se debe informar de manera transparente, documentar los criterios que permiten tomar decisiones y promover la eficacia y el mejor uso de los recursos públicos. “Exige que expliquen la racionalidad de sus decisiones y asuman las responsabilidades de las mismas”.

La información, transparencia y rendición de cuentas constituyen la parte central de lo que se conoce como parlamento abierto. “Es una plataforma que obliga a repensar el rol del Estado con enfoque ciudadano”, empodera a la ciudadanía y le da la centralidad que ha quedado diluida por la atomización que produce la estatización social.

“En México, desde hace casi más de un lustro, el propósito de organizar a todas las instituciones, a los poderes, al gobierno, es que el adjetivo sea ése, el de un gobierno abierto y buscar combatir la corrupción, que debilita el debido cumplimiento de las instituciones”.

Por eso, agregó, se ha buscado transformar el marco jurídico que permita, a través de un sistema nacional anticorrupción, combatir todos los obstáculos.

El director general de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, Alejandro Navarro Arredondo, señaló que mediante análisis que abarcan todas las perspectivas y con información equilibrada en términos políticos y analíticos, se brindan elementos a los legisladores para que puedan tomar una decisión respecto al voto que deban emitir, elaboren una iniciativa, vigilen al Ejecutivo en las funciones que deba desempeñar, o sobre el contenido de un acuerdo internacional y cuestiones presupuestarias.

Moisés Benamor, jefe de la Sección de Apoyo a las Instituciones Representativas de la Secretaría General de la OEA, precisó que la gran mayoría de los parlamentos han desasistido a sus bibliotecas y centros de documentación e investigación, lo cual ha generado un diagnóstico de deficiencias y carencias de reglamentos o criterios institucionales modernos.

Además, hay una ausencia de criterios para el almacenamiento y aprovechamiento de la información institucional, déficit de iniciativas que procuren el aprovechamiento del capital intelectual y la generación de conocimiento en las bibliotecas, centros de documentación e investigación parlamentaria, así como un desaprovechamiento de las tecnologías de la información en la comunicación existente.

Este encuentro es clave para atender los desafíos, ya que se pueden constituir consensos para optimizar los flujos de procesamiento de datos digítales de las bibliotecas y centros de documentación de los Poderes Legislativos, e impulsar formas innovadoras y eficientes para manejar, compartir y potenciar la información dentro y fuera de la institución parlamentaria.

Estimó que la Declaración de Valparaíso es excelente oportunidad para impulsar una hoja de ruta que permita llevar a cabo estrategias concretas para el fortalecimiento de capacidades y habilidades de las bibliotecas.

Adriana González Carrillo, coordinadora general del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, del Senado de la República, reconoció la necesidad de informar del quehacer legislativo a través de las nuevas tecnologías.

Consideró que se deben utilizar las redes y medios masivos de comunicación que se tienen a través de las redes sociales para implementar uno de los objetivos que el Congreso mexicano también ha puesto en su ley: lograr la transparencia en este quehacer legislativo. Destacó la labor que realiza el centro que coordina y puso a disposición sus documentos, a fin de colaborar en la Declaración de Valparaíso.

José María Hernández Vallejo, director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, enfatizó que la labor de la gente que colabora en esta dirección, es fundamental para actuar y fortalecer el trabajo legislativo y la democracia, por lo que llegar a la Declaración de Valparaíso, es una forma de reconocer este esfuerzo.

Cecilia Izquierdo, subdirectora de Procesamiento Bibliográfico en la Dirección de Procesos Técnicos de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, se pronunció por que la Red de Bibliotecas Parlamentarias de Latinoamérica y el Caribe, permita fortalecer los lazos de cooperación en la región y mantener un intercambio creciente de experiencias y conocimientos.

Este proyecto es una oportunidad única para trabajar en conjunto y aunar esfuerzos para contribuir con nuestro acervo cultural, bibliográfico y legislativo, a fin de hacer de esta red una herramienta moderna y ágil que contribuya al fortalecimiento de la democracia en nuestros países.

El director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Alfonso Pérez Guiñez, destacó la importancia de llevar a cabo este tipo de encuentros y conversaciones bilaterales, ya que las bibliotecas son espacios de encuentro, de paz, de creación de relaciones humanas “y se tiene que ejercer y trabajar para eso”.

RED/EGV