Palacio Legislativo 29-11-2017 (Notilegis).- En la sesión de este miércoles, diputados del PRI, PAN, PRD, Morena, MC y PES, presentaron 19 iniciativas en materia de salud, abasto de agua, innovación social, viviendas, servicio militar, símbolos patrios, contratos, libros de texto, desarrollo social, portación de armas, medicina alternativa, servicio civil, proceso legislativo, desempeño de servidores públicos, corrupción de menores y para detectar pornografía y abuso sexual infantil.

Recursos destinados a servicios de salubridad

La diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) planteó reformas al artículo 19 de la Ley General de Salud, a fin de establecer que se deberá procurar que los recursos destinados a servicios de salubridad sean equivalentes, en la medida de lo posible, a los fijados por los organismos internacionales en la materia.

En México, dijo, se sigue con un presupuesto en salud por debajo de los límites; por ello, es prioritario lograr que existan recursos presupuestales para atender problemas tan graves como las enfermedades de insuficiencia renal crónica y el cáncer de mama. “No podemos permitir que la gente siga sin ser atendida y existan rezagos”. El documento se mandó a la Comisión de Salud.

Prevenir afectaciones de abasto de agua

Evelio Plata Inzunza, diputado del PRI, propuso reformas al artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para facultar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a disponer de información actualizada en materia de cambio climático que permita prevenir afectaciones de abasto de agua y obras de infraestructura hídrica.

Disponer de dichos datos, permite instrumentar mecanismos de prevención a contingencias en beneficio de la población usuaria de los servicios de abasto de agua, drenaje y saneamiento, además de los sectores productivos que demandan la protección de toda la infraestructura agrícola que posibilita la producción del país. Fue remitida a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Medalla a la “Innovación Social”

También, del PRI, el diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez presentó iniciativa que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a efecto de precisar que la Cámara de Diputados otorgará anualmente la medalla a la “Innovación Social”, a los mexicanos que destaquen por su labor, actuación y trayectoria en este ámbito.

Relató que el país ha avanzado en el Índice de innovación global 2017, México ocupa el lugar 58 de 127 países evaluados, en el 2013 ocupaba el 63. En tanto, el Índice de competitividad global, estamos ubicados en el lugar 55 de 138 países. “Estos datos demuestran que la innovación en el sector social tiene oportunidades y esta medalla busca promover la competitividad, el desarrollo y el intercambio de mejores prácticas que impulsen el crecimiento económico y social”. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Normas para el diseño arquitectónico de viviendas

Por el PAN, la diputada María García Pérez presentó dos iniciativas. La primera, reforma el artículo 78 de la Ley de Vivienda, a efecto de ampliar las características que deberán contemplar las normas aplicables para el diseño arquitectónico de las viviendas; indicar que deberán considerar el uso de ecotecnologías que reduzcan emisiones que dañen el medio ambiente y propicien el ahorro tanto de agua como de energía, y establecer que se observarán criterios de calidad, seguridad, eficiencia y garantías para los diferentes tipos de vivienda en sus etapas de construcción.

A partir de 2021, México tendrá cerca de 50 millones de hogares aproximadamente. Se estima que para satisfacer sus necesidades será necesaria la construcción de casi 11 millones de viviendas nuevas de 2011 a 2030 y alrededor de 9 millones de casas que ya existen requerirán renovación parcial o total en el mismo periodo. La propuesta será analizada por la Comisión de Vivienda.

Servicio militar será obligatorio

La segunda propuesta de García Pérez prevé modificaciones a los artículos 12, 18, 40, 42 y 46 de la Ley del Servicio Militar, con la intención de establecer que la prestación del servicio militar será obligatorio e indicar que los sorteos quedarán eliminados, por lo que este servicio deberá realizarlo todo mexicano por nacimiento o naturalización.

Indicó que este sorteo actualmente lleva a que muchos ciudadanos evadan la responsabilidad y el compromiso con la patria; solo un promedio del 60 por ciento realiza este servicio, el cual ha decrecido conforme pasan los años. Asimismo, se propone que el secretario de la Defensa Nacional pueda llamar una o varias clases de reservistas en su totalidad o en parte para el adiestramiento, capacitación y actualización en materia de rescate y maniobras tendentes al apoyo a la población civil en caso de desastres naturales. Se canalizó a la Comisión de Defensa Nacional.

Software libre en sistemas de la Administración Pública Federal

Nelly del Carmen Márquez Zapata, diputada del PAN, propuso dos iniciativas. La primera, reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para precisar que el gobierno federal utilizará software libre en los sistemas, servicios informáticos y en proyectos relativos al tratamiento automático de la información, para así fortalecer la naciente industria del software nacional, acrecentar el interés de los jóvenes por el estudio científico y la aplicación práctica de los sistemas computacionales.

Ante ello, se define a dicho tipo de software como aquel cuyo código fuente es puesto a disposición con una licencia en la que el titular de los derechos de autor proporciona la facultad de usarlo, distribuirlo y modificarlo sin restricciones. Además, las licencias de uso de los programas libres son gratuitas o tienen un costo muy bajo, en comparación con los de código cerrado, por lo que su adopción significa un valioso ahorro en las erogaciones públicas. Fue enviada a la Comisión de Gobernación.

Sustituir culto por respeto en referencia a los símbolos patrios

Márquez Zapata también planteó reformas a diversas disposiciones de Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a efecto de sustituir el término “culto” por el de “respeto”, en referencia a las acciones de fomento que deberán hacerse con los símbolos patrios.

Además, se propone reconocer la posibilidad de la reproducción comercial del Escudo Nacional, pues “es un hecho evidente que este símbolo es utilizado en impresiones, grabados y campañas comerciales cuyos fines son manifiestamente razonables y abonan al patriotismo. No obstante, como no se menciona expresamente en la ley, parecería que su utilización es contraria a derecho y quienes reproducen el Escudo Nacional están cometiendo un ilícito”. Se mandó a la Comisión de Gobernación.

Cláusula de responsabilidad social en convocatorias y contratos

La diputada panista, Rocío Matesanz Santamaría, presentó dos iniciativas. En la primera, reforma y adiciona los artículos 20 Bis y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de establecer que las dependencias y entidades incluirán en las convocatorias y en los contratos la cláusula de responsabilidad social.

Ésta deberá cumplirse durante la vigencia del contrato con los lineamientos que se expidan por un valor del 2 por ciento del monto total, siempre que éste sea mayor a 100 millones de pesos. Se deberá destinar a programas, obras y acciones en el área de influencia, contribuyendo al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental y programas de responsabilidad social que privilegien la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios de las comunidades. Se remitió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Opinión de tutores en los libros de texto gratuitos

En la segunda, Matesanz Santamaría sugiere modificaciones al artículo 65 de la Ley General de Educación, para facultar a quienes ejercen la patria potestad o tutela para opinar, a través de los Consejos de Participación, sobre los contenidos de los y demás materiales educativos.

Recordó que es una facultad de la Secretaría de Educación Pública definir los contenidos de los libros de texto, pero es importante tomar en cuenta la opinión de los padres de familia, “para poder fortalecer la relación y la participación de ellos en el sistema educativo nacional, a efecto de que crezca y sea más democrático”. Fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Crear Registro Nacional de Programas para el Desarrollo Social

La diputada Araceli Saucedo Reyes (PRD) planteó reformas a los artículos 5, 27 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de crear el Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social y definirlo como la relación oficial de los planes de desarrollo, establecido en una plataforma de información que sistematiza y ordena los datos de éstos en el país, provenientes del gobierno federal, estados y municipios, y así garantizar una mayor articulación, transparencia, rendición de cuentas de los programas y acciones para el desarrollo social en los tres niveles de gobierno.

Coneval ha encontrado seis mil 751 programas y acciones de desarrollo social en todo el país: 233 son federales, tres mil 788 corresponden a los estados y dos mil 730 son municipales. “Desde diversos diagnósticos se ha encontrado que tienen duplicidades, son similares y muchos de ellos son empalmados. A pesar del gasto anual destinado al desarrollo social, estimado en más de 2.1 billones de pesos anuales, los niveles de pobreza en el país se mantienen prácticamente en los mismos niveles históricos”. Se canalizó a la Comisión de Desarrollo Social.

Condiciones para portar armas

Su compañera de bancada, diputada Cristina Gaytán Hernández, propuso reformas a los artículos 26 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la intención de incluir como requisito para que una persona física cuente con licencia de portación de armas, no haber sido condenado por delitos de violencia familiar, homicidio calificado o feminicidio.

De acuerdo con cifras del Inegi, en México, durante los años 2007 a 2016, fueron asesinadas más de 22 mil mujeres. En el país cada cuatro horas muere por un asesinato una niña, una adolescente o una mujer adulta. Además, datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que en Latinoamérica se presentan 12 asesinatos de mujeres al día, siete de los cuales ocurren en México; por ello, es vital detener esta grave violencia que se está sufriendo en el país en contra de las mujeres. Fue enviada a la Comisión de Defensa Nacional.

Regular prácticas médicas alternativas y complementarias

Por Morena, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez planteó cambios a los artículos 6 y 93 de la Ley General de Salud, para regular las prácticas médicas alternativas y complementarias, y definirlas como las actividades reconocidas por la Secretaría de Salud que ayuden a conservar la salud y el bienestar físico, emocional y/o mental de las personas, mediante procedimientos diferentes a los propios del sistema sanitario dominante.

Se faculta al Sistema Nacional de Salud para operar y generar investigación en torno a dichas prácticas; el Estado las integrará a sus políticas sanitarias, por lo que desde los campos de la investigación y de la formulación y desarrollo de políticas públicas se deberá monitorear su pertinencia, seguridad y eficacia, y establecer que las secretarías de Salud y de Educación Pública deberán generar información sobre la eficacia terapéutica de la medicina alternativa y complementaria. Se mandó a la Comisión de Salud.

Constituir el Servicio Civil y Comunitario Nacional

De ese mismo grupo parlamentario, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez presentó iniciativa que reforma los artículos 5, 31 y 36 de la Constitución Política, a fin de crear el Servicio Civil y Comunitario Nacional, e indicar que éste será obligatorio para todos los mexicanos, hombres y mujeres, en los términos que establezca el Congreso de la Unión en la Ley.

Argumentó que el servicio militar será voluntario para todos los mexicanos, hombres y mujeres; será obligatorio elegir, a través del Servicio Civil, una institución para participar en el desempeño de actividades de carácter social, cuya realización fomente la cultura de la solidaridad, así como valores humanos, cívicos y socioculturales que les permitan constituirse como ciudadanos responsables, copartícipes del desarrollo de sus comunidades y del bienestar nacional. Fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sobre inasistencias a convocatorias de comisiones

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias analizará la iniciativa del diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), que modifica los artículos 110, 150 y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a efecto de precisar criterios para la discusión de reservas y aprobación de resoluciones o dictámenes, así como lo relativo a inasistencias a convocatorias de comisiones.

Se destaca que el Presidente de la Cámara de Diputados deberá consultar a la asamblea, en votación económica, si es de admitirse la discusión de una reserva, precisando que en caso negativo se procederá a abordar la siguiente, y se faculta a los presidentes de las comisiones a comunicar a la Junta Directiva de la misma, los casos en que los diputados acumulen inasistencias consecutivas a convocatorias en un semestre, sin causa justificada.

Eliminar consejeros independientes de Pemex y CFE

Rocío Nahle García, diputada de Morena, presentó iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de las leyes de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a fin de eliminar las disposiciones que regulan a los consejeros independientes designados por el Ejecutivo federal para formar parte del Consejo de Administración de Pemex, de la CFE y del Comité del Fondo Mexicano del Petróleo.

Subrayó que estos “no cumplen con los requisitos que por ley les exige tener un perfil profesional que les permita aportar líneas de acción que se traduzcan en mayor riqueza, productividad y eficiencia al Estado mexicano. Lejos de eso varios de ellos incurren en conflicto de interés, corrupción y opacidad, ya que al no ser considerados servidores públicos no están obligados a rendir cuentas. La figura ha servido para repartir cuotas entre partidos políticos”. La iniciativa se turnó a la Comisión de Energía.

Sentencias y medidas alternativas menos lesivas

La diputada Claudia Corichi García (MC) planteó reformas a los artículos 156, 406 y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El propósito es establecer sentencias y medidas alternativas menos lesivas, cuando se trata de personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; estén embarazadas; mujeres con hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad o se trate de personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

En el caso de las embarazadas, el juez deberá justificar la medida cautelar impuesta atendiendo también los derechos reproductivos de las mujeres y, señalar que de igual manera se tomará en cuenta a dichos sectores para la individualización de las penas. Se canalizó a la Comisión de Justicia.

Ampliar sanciones para delitos por hechos de corrupción

Jorge Álvarez Maynez, diputado de MC, propuso reformas al artículo 212 del Código Penal Federal, a fin de ampliar las sanciones para los delitos por hechos de corrupción; imponer inhabilitación definitiva para desempeñar cargo público al servidor público, particular, funcionario o empleado de confianza que cometa dicho delito; suspender los derechos políticos de los ciudadanos, así como para representar a personas jurídicas para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, relacionados con la comisión de dichos delitos en materia federal, por un plazo de uno a 20 años.

De acuerdo a Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 123 en todo el mundo en corrupción. Lo que se plantea, con esta reforma, abundó, es que los funcionarios condenados por actos de corrupción tengan impedidos, de manera definitiva y permanente, sus derechos a ser candidatos a ocupar un puesto de elección popular un cargo en la Administración Pública Federal. Fue enviada a la Comisión de Justicia.

Corrupción de menores cuando se les obligue a ingerir alcohol

Su compañera de bancada, diputada Mirza Flores Gómez propuso reformas al artículo 201 del Código Penal Federal, a fin de considerar como delito de corrupción de menores a quien obligue, induzca o facilite el consumo de bebidas alcohólicas a personas con menos de 18 años de edad.

Indicó que el Estado ha sido omiso en la atención a personas que consumen bebidas embriagantes, pero también se deben reforzar las medidas para evitar prohibir y castigar que los niños y jóvenes consuman bebidas alcohólicas por medio de leyes que endurezcan las condiciones en las que esta población crece en el país. Se mandó a la Comisión de Justicia.

Sistemas para detectar pornografía y abuso sexual infantil

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) presentó iniciativa que adiciona un artículo 146 Bis y reforma el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para precisar sistemas o programas especializados para detectar pornografía infantil o abuso sexual infantil.

Se busca consolidar la participación de los proveedores de Internet, a fin de que coadyuven con las autoridades a identificar la transmisión de estos tipos de ilícitos. Es vital que todos los actores sociales participen para detener este, “que es un delito muy sensible y doloroso”.

Consideró necesario sumar a los concesionarios de Telecomunicaciones, y a los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que cuando se identifique la transmisión y/o almacenamiento de datos escritos, imágenes, voz, sonidos, en que están relacionados con pornografía, se notifique y entregue la información que podrá hacerse vía electrónica por medio de sistemas o programas. Se remitió a la Comisión de Comunicaciones, con opinión de la Comisión Especial de prevención y erradicación de la pornografía y abuso sexual infantil.

RED/RZJ