Palacio Legislativo, 08-12-2018 (Notilegis).– Con las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no se crearon los “superdelegados” gubernamentales de los que hablan algunos actores políticos, afirmó la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo.

Lo que sí se creó fue un andamiaje legal y organizacional para que el nuevo gobierno pueda cumplir con los compromisos que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato, subrayó la legisladora.

En entrevista, comentó que en dicha legislación no existen las figuras de “superdelegados” estatales con facultades extraordinarias; lo que hay son delegados de programas de desarrollo, adscritos a la Secretaría de Bienestar, con funciones específicas.

“No son los superdelegados como se comenta, no traen ese nombre en la ley; tienen funciones respectivas del área al cual están asignados y van a cumplir las funciones que les ordene el responsable de esa área”, indicó.

En la iniciativa de Morena, se señalaba que el titular del Ejecutivo federal contaría, en las entidades federativas, con delegaciones de programas para el desarrollo que tendrían a su cargo la coordinación de acciones en materias prioritarias con las autoridades estatales y municipales, y coadyuvaría en la supervisión de los programas prioritarios a cargo de la administración pública federal, lo cual finalmente se modificó.

El pasado 1 de diciembre entró en vigor la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por la que, entre otras acciones, se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reconoció y fortaleció la Oficina de la Presidencia, se transformó a la Sedesol en la Secretaría de Bienestar y se establecieron las Delegaciones de Programas de Desarrollo, que estarán en los estados.

Actualmente, el artículo 17 Ter de esta ley estipula que las Delegaciones de Programas de Desarrollo, adscritas a la Secretaría de Bienestar, estarán en las entidades federativas para coordinar e implementar acciones y programas para el desarrollo integral, atender a la ciudadana y supervisar servicios y programas.

El Congreso de la Unión reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para actualizar la estructura y funcionamiento de diversas dependencias y secretarías de gobierno, sin embargo, hay actores políticos que han manifestado su desacuerdo con dichas modificaciones.

Respecto del anuncio del coordinador del grupo parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, de interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que se otorgan atribuciones al Ejecutivo que invaden potestades estatales y municipales, la legisladora dijo:

“Están en su derecho de presentar controversias constitucionales, pero esta reforma fue analizada en la Cámara de Diputados, en el Senado, y creemos que no tendríamos ninguna complicación”.

Sostuvo que “la ley está bien diseñada y al final de cuentas, cada presidente que llega para gobernar esta gran nación tiene el derecho de solicitar la modificación de su estructura con base en sus programas de trabajo”.

Segob, sin control sobre radiodifusión

Badillo Barrera consideró necesario aclarar algunos aspectos de la reforma a la legislación, para evitar confusiones y señalamientos erróneos sobre los alcances de la ley, como se ha hecho con el caso de los mal llamados “superdelegados”.

En ese sentido, explicó que un punto que finalmente no prosperó fue el relativo a que la Secretaría de Gobernación (Segob) proveería el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional. El Senado lo eliminó de la fracción VIII del artículo 27, y posteriormente lo ratificó la Cámara baja.

“Esa modificación se realizó en el Senado y nosotros la votamos aquí, en el Pleno (de la Cámara de Diputados), y queda esa función en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”, apuntó.

Con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación se le quitaron las facultades en materia de seguridad pública y de protección civil, que tuvo en el sexenio pasado, para otorgárselas a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Civil.

Autonomía de la CRE, garantizada

La diputada Barrera Badillo señaló que otro aspecto que causó polémica es el relativo a la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pues en la iniciativa se planteó que este organismo fuera parte del nuevo gobierno federal.

“Se hicieron las modificaciones correspondientes para que se le quedará la autonomía, porque en la Constitución Política está normado que tiene personalidad jurídica, entonces queda como está actualmente”, dijo.

Entre los cambios que se hicieron al dictamen, a propuesta del PRI, está el de la fracción XXI del artículo 33, para estipular que la Secretaría de Energía coordinará con la CRE la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.

SHCP, con facultad para generar ahorros

Barrera Badillo indicó que, con los cambios a la ley, se facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a planear y conducir la política general de contrataciones públicas consolidadas, así como la de controlar el presupuesto para éstas, a través de su Oficialía Mayor.

Asimismo, se le otorgó la atribución de designar y remover a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, que sustituyen a las oficialías mayores en las secretarías de Estado, con excepción de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar),que seguirán tendiendo sus respectivas oficialías mayores.

Estas unidades se encargarán de ejecutar los servicios de apoyo administrativo para la planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos y materiales, contabilidad y archivos.

Al respecto, la legisladora aseguró que con las nuevas potestades de la SHCP se generarán ahorros en la adquisición de bienes y servicios que requieran las dependencias de gobierno federal

“¿Cuál es el objetivo? Generar compras consolidadas para tener ahorros considerables y utilizarlos en otros programas. Cada una de las secretarías de Estado tenía su Oficialía Mayor, una podía comprar un lápiz en 25 pesos y otra en 120 pesos, entonces el objetivo es tener un ahorro en estas compras consolidadas”, agregó.

Esta nueva facultad es para generar un orden en las compras y en las atribuciones jurídicas del gobierno federal, finalizó.

Los legisladores realizaron cambios a 25 artículos de la ley y adicionaron dos preceptos. Estas reformas tocaron casi la totalidad de las dependencias gubernamentales, con excepción de la Sedena, Semar, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Secretaría de Turismo (Sectur).

HSF