Palacio Legislativo, 18-12-2018 (Notilegis).- El diputado Ulises Murguía Soto (Morena), presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, consideró que se debe analizar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a efecto de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, se reparta equitativamente para apoyar a los que menos tienen.

Añadió que la suspensión de dicha norma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “es algo que se tiene que analizar; para que podamos llegar a un final feliz, se requiere que el presupuesto se reparta de manera equitativa y apoye a los que menos tienen, que es la intención de nuestro Presidente”.

“Es un plan demasiado bueno de nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, de beneficio total y apoyo” para los pobres, indicó

El legislador morenista participó en una conferencia de prensa con Miguel Elías Moreno Brizuela, coordinador nacional del Frente Unidos por la Cuarta Transformación, y Rafael García Zavaleta, asesor jurídico del mismo.

Murguía Soto dijo que la “controvertida” suspensión de dicha ley “ha inquietado muchísimo a todo México”.

Miguel Elías Moreno Brizuela, coordinador nacional del Frente Unidos por la Cuarta Transformación informó que tras la suspensión de la ley de remuneraciones, este lunes interpusieron una denuncia en contra del ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán.

“Presentamos una denuncia como frente en contra de Alberto Gelasio Pérez Dayán en su carácter de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una violación flagrante del sistema jurídico nacional e internacional…pedimos que se le haga juicio político, se le destituya del cargo y se le inhabilité para poder ocupar otro puesto”, precisó.

Relató que el ministro Pérez Dayán presentó “indebidamente” la suspensión de la ley de remuneraciones, debido a un juicio de inconstitucionalidad promovido por un grupo minoritario de senadores del PRI, PAN, PRD y MC que viola la Ley Reglamentaria del artículo 105, fracciones I y II.

También que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otro grupo de senadores promovieron la misma acción en contra de la citada ley.

Moreno Brizuela aseguró que las acciones de inconstitucionalidad encauzadas por el ministro, contravienen disposiciones constitucionales y reglamentarias, al ordenar la suspensión de la aplicación de la ley federal.

“La conducta del ministro, al conceder dicha suspensión, se sitúa en desacato total a la Constitución, cuando él debiera ser guardián y garante de ella. Además, violentó la Carta Magna implícitamente, porque al otorgar la suspensión, se convierte en juez y parte”, acusó.

García Zavaleta puntualizó que la decisión de Pérez Dayán “gravísima”, porque pudo haberse excusado, dado que esa ley afectaba o afecta a los ministros.

“Pudo haberse excusado, y solamente hacerla para jueces y ministros, pero no fue así. Esto fue una cuestión muy grave”, comentó.

“Le pedimos a todas las diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, para que, en uso de sus facultades se proceda de inmediato a realizar este juicio político”, finalizó.

EGV