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Palacio Legislativo 11-01-2018 (Notilegis).- La diputada Araceli Damián González (Morena) informó que impulsa una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), para erradicar posibles actos de nepotismo en la asignación de contratos de proyectos público-privados. En un comunicado, la integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dijo que desde que fue actualizada la citada ley, en 2012, ésta no ha beneficiado a toda la sociedad civil. Resaltó que la ASF ha emitido diversos reportes sobre la opacidad e irregularidades en la operación y funcionalidad de los contratos de APP, y aseveró que, en el caso del gobierno federal, las adjudicaciones de los contratos “se dan a los amigos y aliados del Ejecutivo de forma directa o disfrazada”. La diputada informó que ayer miércoles presentó, ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha legislación, con el fin de actualizar y fortalecer su marco jurídico. Explicó que su propuesta es que en la Ley de Asociaciones Público Privadas se indique que los proyectos tendrán una duración máxima de 20 años, con posibilidad de renovación, mediante la autorización expresa de la entidad convocante, de hasta 10 años adicionales. También plantea que la erogación máxima prevista en proyectos a cargo del gobierno federal será de 1.0 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado anualmente por los diputados federales. Asimismo, que en los concursos para el desarrollo de los proyectos se configuren las bases que promuevan la máxima participación posible y la libre concurrencia de aspirantes, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cree un fondo presupuestario de contingencias, destinado a financiar u operar los proyectos intervenidos o expropiados. “En ningún caso el sector público será responsable por el funcionamiento ineficiente de esquemas privados de negocio implementados en el marco de asociaciones público privadas, y deberán fortalecerse las penas por el incumplimiento de obligaciones del contrato de asociación”, recalcó. El documento propone reforzar los controles existentes en la normativa; mejorar el régimen jurídico de estos esquemas; configurar un catálogo específico de sanciones aplicables a estos casos de corrupción e irregularidades. También reforzar la posición del Estado y del sector público durante las diferentes fases de ejecución de las inversiones público-privadas, así como garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de los proyectos de asociaciones. “México enfrenta el desafío de erradicar la corrupción y de fortalecer los servicios públicos y garantizar un uso productivo y social del presupuesto de la nación”, concluyó. HSF/JGM |
