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Palacio Legislativo 24-01-2018 (Notilegis).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han fallado en su obligación de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población. “Los índices históricos de violencia e ilícitos registrados, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población, son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población”, dijo. “México requiere una revisión integral y un replanteamiento urgente de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia”, agregó. El ombudsman externó lo anterior durante la presentación de su informe anual de labores, correspondiente a 2017, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. También planteó que el Legislativo dé respuesta a las causas estructurales de la violencia e inseguridad considerando “la atención de las causas estructurales que generan tales problemas y no solo limitarse a atender sus consecuencias”. “Intentar encontrar soluciones atendiendo sólo a una dimensión o faceta de la problemática no resolverá las cuestiones de fondo y, en todo caso, producirá resultados parciales”, manifestó. Subrayó que es preciso “generar un andamiaje normativo para la construcción de una cultura de paz y reconciliación en México, que recomponga nuestro tejido social y brinde opciones reales de vida y desarrollo a las personas, evitando centrarse en los mecanismos de reacción y el uso de la fuerza”. González Pérez también exhortó a los legisladores a retomar las asignaturas pendientes, como expedir las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 Constitucionales, que concedería al Ejecutivo la facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras que realicen actividades políticas y en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, respectivamente. Planteó que se legisle para eliminar figuras y prácticas que violan derechos humanos, como el arraigo o las disposiciones que restringen el acceso a la pensión por viudez a los varones, así como a las viudas y viudos en matrimonios del mismo sexo. Destacó la urgencia de concretar la operación de los sistemas anticorrupción y de las fiscalías autónomas, concluyendo los procedimientos pendientes de designación y dotarlas de un marco normativo y operativo que permita el ejercicio de sus funciones. Asimismo, pidió que se considere la conveniencia de revisar las instancias y mecanismos para la determinación de los salarios mínimos. HSF |
