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Palacio Legislativo, 04-07-2018 (Notilegis).– El diputado Ricardo Guillén Rivera (PVEM) informó que impulsa una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, para estipular que los contratos que otorguen las dependencias gubernamentales deberán ser firmados y vigilados por los titulares de éstas. En declaraciones a la prensa, en el Senado, en el marco de la Comisión Permanente, el también integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados señaló que en varias dependencias se otorgan contratos sin que sean revisados por sus titulares. “(Con la iniciativa) eliminamos una laguna que existe en la ley, en donde en muchas de las entidades y los contratos entre ellas no han sido revisadas por los titulares”, externó. “Una vez (aprobada la iniciativa) será una base fundamental para el impulso de la transparencia en las contrataciones entre entidades públicas y de la rendición de cuentas”, agregó el legislador. Aclaró que su iniciativa, que inscribió en la Comisión Permanente, “anexa un sexto párrafo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, para que cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, el titular de la dependencia contratante será quien firme los contratos correspondientes”. Añadió que la propuesta señala que “los titulares de cada una de las entidades contratante y contratada, serán igualmente los responsables de vigilar el cumplimiento de los términos establecidos en los contratos”. Guillén Rivera llamó a diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso a impulsar temas de interés nacional, como la lucha frontal contra la corrupción y las prácticas deshonestas en el sector público. Dijo que en ese contexto se ubica esta iniciativa, que igualmente atiende a la “llamada de atención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la adjudicación directa de adquisiciones, arrendamientos y servicios,” para modificar el artículo primero de la mencionada ley. El diputado federal aclaró que la práctica de auditorías, en cualquiera de sus modalidades, revela fallas que obedecen a dos conceptos: “pueden ser por problemas operativos… o por la existencia de un marco legal inadecuado, lo que genera un excesivo margen de discrecionalidad al funcionario público contratante”. MAV/HSF/JGM |
