Palacio Legislativo, 06-03-2018 (Notilegis).– La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley General de Mejora Regulatoria y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El documento, dictaminado por la Comisión de Economía a partir de una iniciativa que el Ejecutivo federal presentó el 11 de diciembre de 2017, fue avalado por unanimidad, con 280 votos a favor, y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Durante la discusión del dictamen, la Junta Directiva de la Comisión de Economía presentó una adenda para modificar los artículos 48 y 51 de la nueva legislación, relativos a los sujetos obligados, a fin de hacer más específica su redacción.

La nueva Ley tiene su origen en la reforma constitucional publicada el 5 de febrero de 2017, que facultó al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Mejora Regulatoria, misma que debía emitirse en un plazo que no excediera de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Las derogaciones de diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se realizan con el objetivo de armonizar este ordenamiento legal con la nueva Ley General de Mejora Regulatoria.

La nueva Ley está conformada por 93 artículos divididos en cuatro títulos, así como de 12 preceptos transitorios, y tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en la materia.

Señala que será de orden público y observancia general en toda la República y no será aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose de contribuciones y accesorios derivados y accesorios derivados directamente de aquellas responsabilidades de servidores públicos.

Se considera la creación de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que tendrá como propósito coordinar a los distintos órdenes de gobierno y establecer los principios, objetivos, órganos e instancias de definición de políticas públicas, normas de seguimiento, evaluación, medición de resultados, rendición de cuentas y mejora continua, con la participación de los sectores público, social y privado.

Dicho sistema contará con elementos de tipo organizacional, entre ellos un Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y una instancia ciudadana denominada Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.

La actual Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) también será parte del sistema, pero cambiará su denominación a Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), manteniendo su misma naturaleza jurídica y su autonomía técnica y de gestión.

La nueva legislación considera la creación de una Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, como un elemento central del sistema, la cual deberá ser aprobada por el Consejo Nacional.

También ordena la conformación de los sistemas estatales de mejora regulatoria e instruye a otros sujetos obligados, entre ellos los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos con autonomía constitucional, a participar en el sistema nacional a través de instancias pertinentes.

Las herramientas con las que contará el sistema serán: el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; la Agenda Regulatoria; el Análisis del Impacto Regulatorio; los programas de mejora regulatoria, y las encuestas, información estadística y evaluación en materia de mejora regulatoria.

La Comisión de Economía señaló que México enfrenta un serio problema de sobrerregulación en la materia, ya que se calculan aproximadamente más de 150 mil regulaciones y 130 mil trámites entre los tres niveles de gobierno.

“Como resultado, la carga normativa para quienes realizan trámites y servicios federales representa un costo equivalente a 2.63 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir, un costo aproximado de 310 mil millones de pesos al año”, indicó.

Con la expedición de la nueva ley se prevé que los beneficios serán: brindar seguridad jurídica para las personas; fomentar el establecimiento a nivel nacional de buenas prácticas internacionales y facilitar el cumplimiento regulatorio.

También considera proveer elementos que mejoren la calidad, viabilidad y confianza en las decisiones que tome el gobierno, contrayendo con ello, legitimidad, credibilidad y viabilidad a la normatividad, y otorgando mayor beneficio social con menores costos para las personas.

Asimismo, se generará una política de fortalecimiento institucional con normas claras, trámites simples y procedimientos transparentes y predecibles, y logrará coordinación entre autoridades.

El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios permitirá concertar la información; facilitará a la ciudadanía hacer negocios y ayudará a contar con una política de Estado que genere crecimiento económico en el país.

HSF/JGM