Palacio Legislativo 22-11-2018.- La Cámara de Diputados avaló un dictamen que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El Pleno lo aprobó en lo general y en lo particular con 430 votos a favor, cero en contra y una abstención. Se tunó al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

El dictamen establece la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual sustituye a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos (Morena), sostuvo que con esta ley, las comunidades indígenas y de afroamexicanos serán realmente atendidas y reconocidas en la nueva administración.

“El nuevo escenario político obliga a que la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado pase por abordar el alcance del poder comunal-comunitario para el ejercicio del autogobierno; reconocerles su personalidad jurídica y como sujetos de derecho público”, apuntó.

Precisó que esta situación tiene que ver básicamente con cinco dimensiones que abonan a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas: el derecho a la no discriminación; al desarrollo y el bienestar social; a la integridad cultural; a la tierra, territorios y recursos naturales y al autogobierno y participación política.

Irma Juan Carlos destacó que la creación del INPI está pensada en términos de transversalidad e intersectorialidad, dos instrumentos de políticas públicas que los gobiernos de América Latina han empezado a implementar para atender integralmente los temas indígenas.

“Estas políticas públicas asumen las recomendaciones de la Declaración de Brasilia, que compele la necesidad de transversalizar la gestión de los asuntos indígenas y profundizar la articulación intersectorial de las políticas públicas con temas tan necesarios como la política de género y derechos humanos”, detalló.

El documento refiere que el INPI será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.

Asimismo, establece que el nuevo organismo será la autoridad del Poder Ejecutivo encargada de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, que tiene por objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.

En el dictamen se enlistan las atribuciones y las funciones que regirán al Instituto, así como sus órganos, funcionamiento e integración.

Además, se propone un Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que será la instancia de formulación y coordinación de las políticas públicas transversales para la implementación de los derechos de los pueblos originarios, así como de su desarrollo integral, intercultural y sostenible.

En los artículos transitorios se establece que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas expedirá el Estatuto Orgánico, en un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto; y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas deberá estar instalado dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Estatuto Orgánico.

NGM