Palacio Legislativo, 30-10-2018 (Notilegis).- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no aprobó la Cuenta Pública de 2016 que integró el Ejecutivo federal, por las irregularidades que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y su presidente, Alfonso Ramírez Cuellar (Morena), afirmó que se irá a fondo contra quienes desviaron recursos.

“Vamos a ir a fondo, para que todo el que cometió el delito de desvío de recursos, de gasto irregular y daño al erario público, verdaderamente sea castigado”, indicó en declaraciones a la prensa tras concluir la reunión de la Comisión.

El órgano legislativo determinó que “los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación (del 2016), no se cumplieron los objetivos de la política de gasto”.

También señaló que “los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública, objeto del presente decreto”.

Ramírez Cuellar menconó que la Comisión que preside acordó sentarse de inmediato con la Comisión de Vigilancia de la ASF, “para darle seguimiento puntual y garantizar que todos los que cometieron alguna irregularidad, algún delito, sean verdaderamente castigados”.

“No va a pasar lo que ha ocurrido anteriormente, de que se habla mucho de las irregularidades, pero nadie hace nada por que los responsables sean castigados”, añadió.

El resolutivo del dictamen detalló que, “derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reporta recuperaciones operadas que ascienden a ocho mil 906.7 millones de pesos, con corte al mes de mayo del 2018, y que, a mayo de 2018, aún falta de aclarar 103 mil 377 millones de pesos”.

Durante la reunión de la Comisión, se precisó que entre las dependencias federales con mayores irregularidades y observaciones figuran las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Desarrollo Social (Sedesol), así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros.

También figuran los gobiernos de los estados de Nayarit, Sonora, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México y Michoacán.

“Los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen los elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública del 2016”, aseveró el diputado Javier Azuara Zuñiga (PAN), coordinador de la subcomisión que elaboró el proyecto de dictamen.

En el documento se consignó que “se instruye a la ASF, para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2016 y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas que le competan en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

HSF/EGI/FQA/JGM